Para el especialista en comunicación, intervienen condiciones políticas, económicas y sociales, aunque la tecnología tiene un rol cada vez mayor en el “apartheid” mediático. Las diferencias en las conexiones a internet y la diversificación de los celulares.
Por: Patricio Barton
Es la primera vez que un piquete corta la avenida 9 de Julio en reclamo de más televisión. En el petitorio se destacan los siguientes puntos: que se reconozca el derecho universal de acceder a por lo menos un canal de televisión abierta sin necesidad de tener que abonar un servicio de TV paga, que se garantice a toda la población el acceso a internet a través de una conexión de banda ancha no inferior a tres megas y que el acceso a los medios sea reconocido como un derecho humano universal en las sociedades del siglo XXI.
La noticia, por supuesto, es falsa. Sin embargo, ¿es descabellado imaginar un reclamo popular de acceso a los medios en un país en el que tener un televisor no significa poder ver televisión abierta? Martín Becerra, además de ser un especialista en el tema del acceso a los medios (investigador del Conicet en políticas y tecnologías de comunicación, entre otros pergaminos) es el destinatario de estas preguntas. “En la actualidad en la Argentina, y en el resto del mundo, hablar de acceso es hablar de consumo”, dice. El fogoneo permanente del consumismo a través de los medios, y las condiciones que no hacen posible el consumo para la mayoría de la población, tensan cada vez más la cuerda de la inequidad. “Mal o bien, los medios masivos establecen una agenda que es compartida por todos, pero ese modelo ya no existe –dice Becerra–. La conversión tecnológica rompió la lógica del ‘apartheid’ del acceso, que era ‘estás o no estás’. A partir de los 90 ya no es posible medir quién accede o no a la televisión, porque hay muchas maneras de acercarse a los medios. Por ejemplo, si tomamos el caso de internet hay maneras muy distintas de acceder a ella: en una oficina, con una máquina propia, en un locutorio, con banda ancha de tres megas o con una conexión lentísima. En Tierra del Fuego una conexión de 126K es vendida como de banda ancha. O sea, que antes bastaba con romper una barrera para acceder, pero una vez que se accedía a cualquier medio todos los usuarios lo hacían en iguales condiciones. Ya no”. Esta situación hace mucho más complejo el tema del acceso a los medios que Becerra –junto a Guillermo Mastrini– viene estudiando y diagnosticando cada cuatro años en varios países de América Latina, incluso en medios más ligados a la capacidad de consumo y a las competencias culturales: “Cada latinoamericano compra el diario sólo 9 de los 365 días del año”, por citar sólo un ejemplo.
“En el tema del acceso a los medios, intervienen condiciones políticas, económicas y sociales, pero cada vez más la tecnología en sí misma juega un partido aparte en esta cuestión. Con este mapa tecnológico hay una apropiación mayor de los recursos infocomunicacionales por parte de los sectores sociales que ya tenían una posición ventajosa, y en la medida en que las redes de medios puedan discriminar técnicamente cada vez más entre sus usuarios esta brecha va a aumentar, porque pueden diferenciar los servicios que brindan”, señala Becerra, y agrega un ejemplo que en estas pampas suena exótico: “En Finlandia acaba de establecerse por ley que todos los ciudadanos tienen derecho a tener internet con 10 megas de banda ancha; lo cual habla de la dimensión que tiene el acceso a los medios como puerta a la información, la cultura y los servicios”. Sin ir tan lejos, en el Uruguay todos los chicos tienen en la escuela su propia computadora gracias a un plan de acceso llevado a cabo por el gobierno. “Ese programa es un poco mecanicista –dice Becerra–, porque asocia ‘acceso a tecnología’ con ‘acceso al conocimiento’, y no es lo mismo. Pero me gustaría poder criticar un programa concreto, y no sólo palabras, que es lo que criticamos aquí”.
Frente a este panorama, para Becerra, el Estado tiene mucho para hacer: “Además de sancionar leyes, también debe hacerlas cumplir. ¿Por qué en el área metropolitana, que es un mercado de 17 millones de personas, hay en muchas zonas un solo proveedor de internet o de televisión por cable? Eso es, por lo menos, sospechoso. Cuando los detractores de la regulación hablan de diversidad y competencia no mencionan esta situación; Adam Smith se levantaría de la tumba indignado”.
Mientras toda la tecnología mediática se multiplica y se diversifica, también parece converger en un solo punto: los teléfonos celulares. No falta mucho para que desde un mismo móvil pueda verse televisión, conectarse a la web, escuchar radio y –de vez en cuando– hablar por teléfono. El hecho de que la telefonía celular esté expandida en todos los niveles sociales ¿facilitaría el acceso al consumo de medios?. “No necesariamente”, dice Becerra, quien también aborda este tema en el libro Los dueños de la palabra –que editó este año Prometeo–. “El celular está instalado en todos los sectores sociales, por diferentes motivos. En gran parte porque sirven de reemplazo a la telefonía fija en donde las empresas telefónicas no tienen interés en invertir porque tienen topes de precios, cosa que no ocurre en la telefonía móvil, donde el Estado nunca se metió y por eso pagamos tarifas que son entre dos y tres veces más caras que en Europa y Estados Unidos. En este mapa, que los medios converjan hacia los celulares aumentará la brecha de inequidad”, señala Becerra, y compara la situación con la de las tarifas de gas: “El Estado asume el pataleo de las personas que tenemos gas por red, pero no atiende la situación de los sectores más pobres que están obligados a consumir gas en garrafas, que es mucho más caro y aumenta sin ningún tipo de control. El Estado tiene muy incorporada la lógica y las críticas de los sectores medios, pero hace agua cuando tiene que distribuir los bienes y servicios de la telefonía en particular y de los medios en general”.
La situación del acceso a los medios de comunicación es, para Becerra, equiparable a la del acceso a la educación: “Hoy los medios cumplen un rol alfabetizador fundamental, por eso favorecer el acceso a ellos también tiene que ver con la justicia social y la democracia”.
Fuente: Crítica de la Argentina