La iniciativa está a punto de ser promulgada con serias deficencias en la Legislatura porteña y el debate que la antecedió no recibió ni una línea de cobertura periodística.
Por: Bernadette Califano*
Un proyecto de ley que regula la publicidad oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está a punto de ser promulgado en la Legislatura porteña y el proceso de discusión que lo antecedió no recibió ni una línea de cobertura periodística.
¿Qué? ¿No hubo un proceso de discusión? ¿O se trata de un caso más de acontecimiento “no noticiable” excluido de manera intencional de la agenda de los medios?
La cuestión de la publicidad oficial parece tomar relevancia mediática sólo en ciertas ocasiones clave: denuncias de corrupción por mal manejo de fondos públicos (caso del secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur), denuncias por otorgamiento discrecional de pauta cuando alguna empresa de medios se siente “discriminada” en su reparto (caso Perfil, entre otros), denuncias de la Oposición (así, casi con mayúscula y sin mayores matices) sobre la falta de la regulación en la materia.
Hace algunos meses el tema se planteó de forma reiterada en el marco del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, durante el cual los grandes medios se hicieron eco del reclamo de la oposición acerca de un “debate ampliado” sobre la ley, que incluyese -entre otros temas- la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial. Si bien es cierto que se trataba de un reclamo válido, legítimo y necesario, pues es preciso sancionar un marco normativo a nivel nacional para regular y transparentar el uso de los recursos públicos en materia de publicidad, no puede dejar de subrayarse la utilización dilatoria que hicieron de él los principales interesados en que no se sancionase una ley democrática de radiodifusión. Una normativa que regula sobre el funcionamiento de los medios de radio y televisión mal podría ocuparse también de sistematizar todas las aristas que se relacionan con la colocación de publicidad del Estado, entre las que se hallan la elaboración, contratación y distribución de avisos y campañas, la administración de cuantiosos fondos públicos, y el poder de influencia económica que este manejo permite sobre las empresas de medios con la consiguiente presión sobre sus contenidos informativos. Además, en tanto no se trata de una “ley de medios”, como muchos se empecinan en denominar, excluye a la prensa gráfica (rubro que mayor inversión recibe en materia de publicidad oficial) y digital, por lo que la publicidad sobre estos soportes u otros, tales como los que se hallan en la vía pública, no estaría contemplada y necesitaría de reglamentaciones adicionales.
No existe una regulación específica de este tipo a nivel nacional y tampoco a nivel provincial o municipal, con las excepciones de las provincias de Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro y la Municipalidad de Alta Gracia, Córdoba, donde se han dictado normativas que padecen de serios problemas de implementación o de falta de reglas claras para la distribución de la pauta, como bien ha documentado la Asociación por los Derechos Civiles en sus informes.
En la Ciudad de Buenos Aires, el PRO acaba de presentar un proyecto de ley para regular la publicidad oficial que adolece de serias deficiencias, puesto que no establece criterios claros, ecuánimes y transparentes para las asignaciones. No sólo no especifica cuál será el organismo encargado de aplicar la reglamentación sino que tampoco establece ningún tipo de control externo que permita evaluar el uso que se le otorgue a los fondos estatales. Si bien se señala en el proyecto la creación de un plan anual de publicidad oficial y de un registro de medios, no queda claro qué sucederá si ese plan no se respeta (lo que sería factible en caso de necesidades de comunicación no previstas con antelación), cuáles serían los límites para salirse de lo estipulado y cómo se efectuarían, por ejemplo, las mediciones de la “cantidad de usuarios reales y potenciales” de cada medio integrante del registro, teniendo en cuenta que muchos medios de comunicación no se encuentran sujetos a auditorias independientes. El proyecto sólo regula sobre las asignaciones de pauta del Poder Ejecutivo del GCBA, sin incluir a las dependencias de los otros poderes, y no avanza sobre cuestiones de acceso a la información y transparencia, que podrían satisfacerse por medio de la publicación digital de los datos sobre presupuestos, contratos, gastos y criterios de asignación utilizados.
Si bien la sanción de una ley que regule la distribución de la publicidad oficial a nivel local es un paso importante para sistematizar y transparentar el manejo de fondos públicos muchas veces utilizados de manera discrecional, el proyecto en cuestión deja numerosas cuestiones sin regular que no invalidarán arbitrarios manejos futuros. Las sumas oficiales que se emplean para fines publicitarios suelen ser muy altas y sujetas a pocos controles. Si se legaliza la iniciativa tal cual fue presentada, no sólo se da vía libre para la utilización de fondos estatales sin revisión externa, sino que también se pone en juego la relación que el Estado establezca con los medios masivos de comunicación y la calidad de la información que reciba la población, la que es pasible de ser teñida con intereses políticos.
Así como en el proyecto de ley es preciso analizar lo no dicho a fin de desconfiar de los “baches legales”, sobra imaginación para conjeturar el por qué de la ausencia de este tema en la agenda de los medios.
*Doctorado en Cs. Sociales (UBA-Conicet) - Docente de Comunicación (UBA)
Fuente: Crítica de la Argentina
Publicidad oficial, libertad de expresión y ciudadanía
La distribución de la pauta se ha transformado en una amenaza para la libertad de expresión. Los gobiernos han aceitado un mecanismo millonario para reemplazar información pública por propaganda política. El proyecto no garantiza transparencia.
Por: Andrés D´Alessandro*
En los últimos tiempos, en América Latina, la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria oficial se ha transformado en una de las más serias amenazas a la libertad de expresión. No es casual que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA haya señalado a la asignación arbitraria de recursos públicos como una de las formas de censura indirecta en su agenda de desafíos emergentes, a tono con la prohibición de estos mecanismos en el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por cierto que la fórmula de premiar a los medios condescendientes o “leales” y castigar a los críticos no es nueva, pero en los últimos años los gobiernos de todo color político han consolidado un aceitado mecanismo que sustituye información pública por propaganda a través de un aparato millonario, que ha derivado en una competencia indebida para los estándares de la democracia moderna.
Esta práctica ha generado un clima de presiones sobre los medios de comunicación que, en muchos casos, terminan reemplazando calidad profesional y ética periodística por la publicación de gacetillas e información oficial. Así, periodistas y analistas políticos se convierten en portavoces del gobierno de turno dejando de lado su rol frente a la sociedad. A través del monitoreo de la libertad de expresión que tiene Fopea, con corresponsales en todo el país, se ha detectado cómo la publicidad oficial restringe el rol del periodismo en todas las provincias. Por supuesto que no es la única limitación: la publicidad privada muchas veces también es un vehículo de censura.
Como señala la periodista María O`Donnell en el libro “Propaganda K”, la ausencia de normas legales y éticas en el manejo de la pauta oficial alienta la corrupción y favorece el uso de los fondos del Estado para financiar campañas de publicidad oficial de manera arbitraria, que sólo buscan réditos electorales para el candidato o partido de gobierno.
Estos modos, que se reproducen a escala en los distintos niveles de gobierno local, exigen de inmediato marcos legales que regulen el manejo de los fondos públicos para este fin, determinen estrategias racionales para adjudicarlos y fijen límites en sus montos con criterios claros y conocidos por todos. Esta normativa debería abarcar también a los entes descentralizados, a los poderes judicial y legislativo y a las empresas estatales, así como contribuir a transparentar la relación con los medios. Entre otras condiciones, por ejemplo, para recibir publicidad oficial, sus propietarios deben cumplir con todas las leyes laborales y obligaciones impositivas.
Además de la aprobación de una norma, hay que tener en cuenta su real aplicación. Poco aportan las leyes o regulaciones que no son producto de una genuina demanda y de un proceso de consenso. La fallida experiencia de regulación de la publicidad oficial en la provincia de Tierra del Fuego así lo demuestra. La gobernadora Fabiana Ríos sorprendió a propios y extraños cuando en febrero de 2008 firmó un decreto pionero en la materia. Pero luego, la gobernadora alteró la iniciativa original mediante otros dos decretos, lo que derivó en un retroceso de un mecanismo que originalmente proponía a la publicidad oficial como instrumento de difusión de acciones de gobierno, y que se ampliaba a la consolidación de los principios constitucionales, a fomentar la preservación del medio ambiente y a promocionar los derechos de consumidores y usuarios, entre otros. En un artículo del reciente Anuario 2009 de Fopea el periodista fueguino Adrián Camerano señaló que “quedó demostrado que las normas administrativas o legales de avanzada no son efectivas si no son producto de la demanda social”.
Toda ley que se proponga regular esta materia es saludable. Pero debería adecuarse a los estándares recomendados por organismos internacionales, con instrumentos que garanticen la mayor transparencia posible en los mecanismos de adjudicación y control de estos fondos millonarios.
El proyecto que estaría por aprobarse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del dictamen de la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura porteña no parece seguir este camino.
De acuerdo a lo establecido por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, los marcos legales sobre asignación de recursos públicos para publicidad oficial deben ser precisos, impedir la discrecionalidad y no ser arbitrarios. De lo contrario, son iniciativas que atentan contra la libertad de expresión, ya que afectan no sólo a medios y periodistas, sino fundamentalmente a los ciudadanos, principales destinatarios de este derecho humano.
*Director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino
Fuente: Crítica de la Argentina
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