miércoles, 6 de febrero de 2019

TV Cable: Cooperativas van al ENaCom a reclamar por sus licencias

El Ente Nacional de Comunicaciones recibirá el próximo martes a representantes de la cooperativa de comunicaciones Colsecor, en este caso representante de todas las entidades solidarias que hay en La Pampa y el resto del país, para reclamar por la demora en la salida de unas 35 licencias para la prestación de televisión por cable.

Es en respuesta a una nota enviada por Colsecor a fines del año pasado a Silvana Giúdice, titular del organismo nacional, en el que además el tema de la injustificada demora plantea la discriminación que sufre el sector y no así los prestadores privados luego de algunas modificaciones a la reglamentación de la ley 27078, modificada por el Poder Ejecutivo Nacional por decreto.

Ayer, en la ciudad de Córdoba, cooperativistas pampeanos participaron de una reunión en Colsecor, previa a la visita que los dirigentes harán a Buenos Aires la semana entrante. Por nuestra provincia estuvieron el subsecretario de cooperativas, Claudio Gordillo, el presidente de FePamCo y a su vez gerente de la cooperativa de Arata (tiene servicio de TV), el presidente de la Cosedo de Doblas, Jorge Páez (también tiene TV) y además miembro de la conducción de Colsecor, Norberto De Cristófaro por la Cosega y Dante Maino y Hernán Kette, presidente y gerente respectivamente en cooperativa de servicios públicos de Guatraché.

Además en estas entidades, otras están en igual o similar situación, contándose a las cooperativas de Macachín y Eduardo Castex entre las que pretenden instalar el servicio y otras como las de Bernasconi, San Martín, Trenel y Caleufú que ya estaban ofreciendo el servicio a través de empresas paralelas y ahora están en proceso de adecuación a las normas.

También están entre las cooperativas perjudicadas otras, como la CPE santarroseña que pretende ampliar el servicio de televisión a pueblos interconectados, en este caso Catriló, y no puede hacerlo todavía.

Pasado enero y luego de que La Arena publicara el malestar en todas las entidades por una demora sin motivos, con los expedientes listos para la firma de Giúdice, ahora pasaron a la acción y esperan recibir respuestas a los reclamos y plazos concretos en la reunión en el ENaCom.

En la nota de reclamo de diciembre, Colsecor recordó que tras el decreto modificatorio se mantiene la obligación de la actuación de Defensa de la Competencia para los casos donde ya haya otro prestador, aunque dicen que “liberó los topes para impedir situaciones de control monopólico en el ámbito de la televisión por cable”. Denuncian luego que “desde aquella modificación han ocurrido diversos cambios en los reglamentos de acceso a las licencias” y además se ha fijado un procedimiento simplificado que permite “a cualquier operador privado” llegar a licencias o al registro de televisión por suscripción en 90 días.

Discriminados
Los cooperativistas consideran al respecto que “en el sector cooperativo se mantiene la situación de discriminación con un trámite que puede demorar años” y además suman el lento procedimiento interno en el propio ENaCom.

Recuerdan que para quienes ya son licenciatarios de servicios de comunicación, con la sola comunicación de abarcar nuevas áreas de coberturas alcanza. Sería el caso de la cooperativa local con Catriló. Sin embargo, el departamento de legales ha dispuesto que para las cooperativas se tienen que resolver como nuevos pedidos de licencias, en otro claro gesto discriminatorio.

Consideran que estas conductas y actos administrativos “configuran claramente una violación al principio de igualdad ante la ley” y desconocen la diferencia fundamental entre las empresas de la economía social y las corporaciones privadas de telecomunicaciones. Denuncian que todo sucede en el marco en el que el ente regulador y Defensa de la Competencia han permitido una mega fusión que genera una clara posición dominante del mercado, dañando a los operadores existentes y afectando el desarrollo de los que pretenden sumarse.

La nota se despachó el 10 de diciembre. Mientras tanto, los expedientes listos siguen durmiendo y los usuarios de unos 35 pueblos y ciudades del país esperando una competencia que los beneficie en precio y calidad en el servicio que reciben.
Fuente: Diario La Arena

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