Las y los trabajadores del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo nos encontramos, una vez más, en estado de alerta y movilización ante el despido de tres compañeros/as y el temor de que la situación se extienda a más personal. La precarización en la que nos encontramos la mayoría del personal de apoyo académico (no docente), con contratos y cargos en condiciones de extrema flexibilidad laboral, renovables año a año (en el mejor de los casos) por la autoridad de turno, facilita ampliamente decisiones arbitrarias, abruptas y carentes de causales formales de despido.
Entre el 26 y el 27 de diciembre pasado se notificó informalmente sobre “la no renovación” de contratos a tres trabajadores/as de entre 4 y 15 años de antigüedad. La situación generó nuestra inminente organización, constituyéndonos en asamblea y declarando el estado de alerta. En dicha asamblea se eligió una comisión encargada de representarnos ante las autoridades. El 29 de diciembre, ésta fue recibida por el Dr. Victor Ibáñez Rosaz, Secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración, en representación del Rector de la UNCUYO, Ingeniero Daniel Pizzi. Abierto al diálogo, Ibañez se comprometió a negociar y el mismo día comunicó oralmente a una de las integrantes de la comisión, que el Rector había decidido la extensión de los tres contratos al 31 de marzo de 2017. Si bien fue un acuerdo de palabra, creímos en el compromiso y la seriedad de lo expresado por una alta autoridad del gabinete del Rector.
Con mucha sorpresa nos encontramos a inicios de febrero con que la negociación que creímos se había logrado a fines de diciembre fue rota unilateralmente por las autoridades universitarias. Las personas despedidas fueron informadas de que sus funciones terminan el 28 de febrero. Las razones que esgrimen los responsables de los despidos son supuestas “manifestaciones revanchistas de los y las trabajadoras en las redes sociales”, que habrían “ofendido” a las autoridades, quienes tomaron la drástica decisión.
Consideramos que en realidad nunca hubo intenciones de reflexionar sobre los despidos, pues su razón de ser fue y es crear una sensación de inseguridad sobre el resto de las y los trabajadores, en una especie de castigo ejemplarizador. Ante lo absurdo del argumento sobre el quiebre del acuerdo y la falta de honestidad ante el no cumplimiento del mismo, nos vemos en la obligación de pensar que es posible que se vuelvan a activar los despidos que seguían a estos tres casos que ahora se han hecho efectivos. La existencia de una lista con más personal implicado fue confirmada por el Dr. Ibáñez y las autoridades del CICUNC.
También vemos afectada en esta situación la libertad de expresión de cada persona. La intromisión de las autoridades en las publicaciones particulares de lxs trabajadores en las redes sociales, que derivan en decisiones institucionales, se convierte en persecución ideológica. Estas acciones tienen como claro objetivo dejar a lxs trabajadores en estado de vulnerabilidad para generar una posible autocensura a quienes aún se encuentran precarizados. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de intimidación muy usada en las empresas privadas y que la Universidad Pública reproduzca estas prácticas es lamentable y de suma gravedad.
Tal vulneración es doblemente perjudicial tratándose de trabajadores/as de prensa, quienes ya están sometidos/as a prácticas de amedrentamiento en cuanto a la publicación de sus notas en el portal, a bajadas de línea explícitas por razones políticas, al sistema de revisión y edición de cada nota y a los “modos” en el trato hacia el personal.
Por último, pero no menos importante, queremos dar a conocer que en el canal universitario, Señal U, se habrían detectado graves irregularidades en los coloquios para efectivizar al personal, por lo que pedimos la revisión de los mismos en paritarias. Esta situación se traslada también a otros cargos en los medios, otorgados con muy poca transparencia.
Queremos también enviar nuestra solidaridad para con colegas de Radio Libertador y Radio Nacional Mendoza, quienes se encuentran atravesando situaciones similares, así como los y las trabajadoras de Artes Gráficas Rioplatense del grupo Clarín (AGR-Clarín), en lucha desde mediados de enero a raíz de 380 despidos en su planta.
Nos mantenemos en alerta y movilización, pues estos despidos no solo dejan a tres personas y sus familias sin sus fuentes de trabajo, sino que además implican abrir una puerta a la expulsión de otros/as trabajadores/as que han dedicado muchos años a preservar la comunicación en la Universidad Pública. Confiamos en la escucha del Consejo Superior, de la comunidad universitaria y de toda la sociedad, así como en la difusión de esta alarmante situación que hoy nos incumbe a nosotros/as pero puede extenderse sin ningún tipo de impedimentos a otros/as protagonistas.
Fuente: ucronicas.com.ar
