Se trata de Juan Carlos Romero, el magnate correntino que es propietario del Grupo Ersa (Empresa Romero Sociedad Anónima), un conglomerado de empresas encargado de la prestación de servicios vinculados al transporte por tierra, que se nutre de millonarios subsidios del Estado nacional. Tan sólo en Córdoba, Empresa Romero Sociedad Anónima está al frente del 75 por ciento de los corredores del sistema urbano de pasajeros, y del 50 por ciento de la recolección de residuos, a través de la firma Lusa. Recientemente, también desembarcó en el servicio de los interurbanos que dejó vacante la compañía Ciudad de Córdoba.
Para dimensionar el alcance de su poder, hay que recordar que el Grupo Ersa se hizo fuerte en un principio en el noroeste del país -con operaciones en Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Santa Fe- y luego se fue expandiendo con negocios en Ciudad de Buenos Aires y en nuestra provincia. Gracias a su capacidad de lobby como titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), consiguió en abril pasado que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, autorizara un aumento del 37 por ciento en los subsidios para el interior.
Este salvavidas se tradujo en alrededor de 15.000 millones de pesos que se destinan a solventar casi la mitad de la tarifa del transporte público de todas las localidades de la Argentina, entre ellas esta capital. ¿A que no se imaginan quien fue uno de los principales beneficiarios de dicha disposición gubernamental? Con ese espaldarazo, Romero –a quien a partir de hoy bautizaremos el “Pulpo”- va por más y se apresta a adquirir las acciones del Grupo Plaza, el poderoso emporio nacional de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano.
Como se recordará, el encumbrado empresario es cercano al clan Mestre, desde que el fallecido exgobernador Ramón Bautista Mestre, padre del actual Intendente, fue interventor radical en Corrientes entre los años 1999 y 2001. Al poco tiempo de tomar el mando del timón del Palacio Seis de Julio, el jefe municipal le aseguró al Grupo Ersa la llave del cofre de la felicidad mediante la concesión de una cuarta parte del servicio de transporte y nada menos que la mitad del sistema de higiene urbana.
El romance se blanqueó cuando Mestre bailó a principios de 2014 al ritmo del sapucay en el ostentoso festejo que Ersa llevó a cabo en Corrientes para conmemorar su 50 aniversario. A pesar de que la Justicia terminó archivando la denuncia por supuestas dádivas contra el Intendente y su comitiva, al considerar que no existió delito en la aceptación del viaje pagado por la empresa porque el hecho fue “público” (¿?) y no oculto, las sospechas que existían sobre un vínculo muy estrecho entre las partes, con el paso del tiempo se fueron transformando en una certeza que nos encargaremos de repasar a continuación.
Próxima parada, cartelización
Desde que pisó suelo cordobés, Ersa ganó por goleada. Mestre le entregó con moñito atado la privatización de las firmas Tamse y Crese. Luego, fue enviando señales claras de pretender quedarse con las líneas de Ciudad de Córdoba. Como en la licitación de todos sus recorridos obtuvo el segundo lugar, habilitó una estrategia anticompetitiva y coordinada -por debajo de la mesa- con el municipio para ir ganando terreno en las paradas de colectivos.
Así fue como se dio inicio a un plan de vaciamiento y desprestigio de Ciudad de Córdoba, similar al orquestado en su momento para justificar la partida de defunción de la Tamse. Superados esos trámites, Ersa creó en julio de 2014 un fideicomiso para unificar su caja recaudadora con la de Autobuses Santa Fe. Al inscribirse en la Afip, darse de alta en Ganancias y abrir una cuenta en común en Bancor, ambas compañías demostraron en aquel entonces ser socias. Pero había un problema mayor.
Los concejales de la oposición denunciaban riesgos de cartelización, ya que en el pliego de licitación del transporte se establecía un diagrama de servicio con cuatro prestadores para evitar posiciones dominantes. ¿Qué argumentaba la Municipalidad? Que con las trillizas de oro (Ersa, Autobuses y Coniferal) en funcionamiento, no se vulneraban las condiciones del pliego porque cada empresa tenía el 33% del sistema. Dos años más tarde, la realidad le terminó dando la razón a los ediles opositores.
Tras un acuerdo empresarial que se selló el mes pasado, Ersa se aseguró seis de un total de ocho corredores que posee el transporte urbano de nuestra ciudad. Con el 75% del sistema en sus manos, la firma correntina demostró ser una aficionada al “Toma todo”, la opción de la perinola que mejor la define. La diferencia con ese juego radica en que aquí no hay lugar para el azar. A esta altura de los acontecimientos, ¿puede sorprendernos que Ersa también haya sido bendecida con la adjudicación del servicio diferencial Aerobus, que conecta el Aeropuerto Córdoba con la Terminal de Ómnibus? Para nada.
La administración de Mestre está en todo su derecho a optar por las decisiones que mejor crea convenientes. Nadie pone en tela de juicio esa facultad que le concedieron sus votantes. Sin embargo, cuando dichas medidas empiezan a afectar la economía y calidad de vida del conjunto de los vecinos se presenta un conflicto de intereses de difícil resolución. Por ejemplo, hay que advertir que uno de los mayores déficits de la gestión municipal es el costo de los servicios de transporte urbano y de la recolección de la basura, que supera ampliamente cualquier registro inflacionario. Entre los años 2012 y 2015, la Argentina acumuló alrededor de un 175 por ciento de suba de precios, si se contempla el “índice Congreso” que medían los opositores que hoy están al frente de la Casa Rosada. En ese mismo período, el transporte urbano mostró un incremento de 266 por ciento y la prestación de los residuos acumuló un aumento del 238 por ciento.
En este sentido, cabe preguntarse cuánto más se dispararon esos valores con el cambio de gobierno y la inflación incontenible del corriente año. Y lo que es todavía más importante: ¿mejoraron las prestaciones? Antes de que ustedes alcancen a hacer números y sacar sus propias conclusiones, las empresas nucleadas en la Fetap de Córdoba (que responden a la Fatap del ascendente Romero) pusieron primera y anticiparon que “necesitan” un boleto por encima de los 13 pesos. ¿A que no saben quién va a ganar esta pulseada? Todo parece indicar que el ajuste tarifario se aprobará en el Concejo Deliberante antes de fin de año. Una vez que ello ocurra, el Grupo Ersa y sus tentáculos habrán dado otro paso más en la conquista de este terreno fértil para hacer negocios, a costa del bolsillo de los sufridos usuarios y contribuyentes.
Fuente: PrensaRed
