Nacido en la localidad cordobesa de Monte Maíz, llegó a Rosario para estudiar la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se graduó en 1988 y gran parte de su carrera periodística la desempeñó en esta ciudad. Era fanático de San Lorenzo.
Trabajó en el diario Rosario, luego fue subsecretario de La Capital y participó en la primera etapa del diario El Ciudadano.
En radio fue columnista del programa El Aire es Gratis en Radio Universidad Nacional de Rosario, además de pasar por los micrófonos de RadioDos, Radio 10 Rosario, entre otras.
Tiempo después se mudó a Buenos Aires. Fue secretario de redacción en el diario El Argentino y luego editor de la Agencia TelAm. En el último año volvió a Rosario para hacerse cargo de la corresponsalía de la agencia nacional de noticias.
La pasión por las reuniones con amigos y el trato cordial y afectuoso con cada unos de sus compañeros, fueron los rasgos distintivos de Marinozzi, quien hace poco había regresado a nuestra ciudad para estar cerca de sus hijos Sabrina y Luciano, también periodista de esta agencia y padre de sus dos nietos.
El Directorio de la Agencia TelAm manifestó su pesar por el fallecimiento y mostró su acompañamiento a sus familiares "en esta penosa circunstancia".
Sus restos serán velados a partir de las 18 de este viernes en Caramuto.
En la foto, Aldo Marinozzi en 2013 cuando viajó a Nueva York para cubrir la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU
Las columnas de Aldo
El Aire es Gratis por Radio Universidad: Los medios de comunicación, los periodistas y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Notas de Aldo Marinozzi:
Detrás de los traspasos de empresas en centros clandestinos
"Terrorismo económico": el botín presente de la dictadura
El periodista Aldo Marinozzi describe por qué los delitos económicos eran parte de la misma matriz que secuestraba empresarios -como en el caso Iaccarino- y desaparecía a los delegados gremiales. Aquel poder civil que lo ejecutó y amparó ¿sigue vigente?
La dictadura ejecutó un Terrorismo de Estado Económico: lo llamó “guerra contra la subversión económica” y presentó como operaciones comerciales normales los traspasos de empresas realizados bajo torturas y amenazas en centros clandestinos de detención. Así sucedió en casos como el de los hermanos Iaccarino -cuyo veredicto se conoció esta semana en La Plata-, con Papel Prensa, el Banco de Hurlingham y con las Industrias Siderúrgicas Grassi. Para validar esos apoderamientos de empresas necesitó de amplios segmentos del Estado, a cargo de funcionarios civiles. Las operaciones además requirieron lo que el informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV) -disponible en www.cnv.gob.ar- define como “normalidad fraguada”. Esta figura resaltada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, es un creativo paralelismo con los “enfrentamientos fraguados” con que la dictadura pretendía legalizar simples y premeditados fusilamientos.
Así como los cuerpos de muchos de esos fusilados dan cuenta de que no existieron los enfrentamientos que las actas alegan -y que la Justicia en muchos casos validó-, seguir la ruta de la documentación de traspasos de empresas arrancados en los centros clandestinos de detención permitirá hallar las evidencias de ese Terrorismo de Estado Económico. No era mero rapiñaje sino una forma más de las políticas que implementaba el “superministro” José Alfredo Martínez de Hoz para favorecer a determinados grupos. Por cada empresario desapoderado hubo uno que resultó beneficiado.
“Lo que queríamos –dice María Celeste Perosino, quien coordinó la elaboración del informe de la CNV- era pensar los visos de legalidad que se dieron a estas acciones que se encontraban completamente por fuera. Se pretendía construir un marco de legalidad para que los secuestros de estos empresarios y el desapoderamiento de las acciones pudieran ser incluidos dentro de la ley de subversión económica”.
El juzgamiento de esa faceta de los crímenes de Lesa Humanidad desnuda la pata civil de la dictadura. Amplias franjas del Estado participaron a través de funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central y el Nación, y la propia Justicia, encubriendo el desapoderamiento de bienes. El informe de la CNV analiza 16 casos de desapoderamientos y da cuenta de al menos 132 empresarios que permanecieron detenidos-desaparecidos con el fin de expropiarlos. Desnuda una “doble articulación” en esa “lucha contra la subversión económica” y revela cómo a las áreas del aparato económico del Estado se añadían en simultáneo operaciones “legales” y clandestinas.
Así lo demuestran algunos casos testigo. En el de Aceros Grassi la beneficiada con la baja de su principal competidor fue Acindar, la mayor siderúrgica del país, cuyo directorio encabezaba el ministro de Economía. En el de Papel Prensa, la alianza entre la dictadura y un pool de diarios -hegemonizado por el Grupo Clarín- monopolizó la producción del principal insumo y dio paso a la posterior conformación de un multimedios que concentró la palabra hasta condicionar a los sucesivos gobiernos democráticos. Es una disputa que todavía permanece.
En el caso de los hermanos Iaccarino, su industria láctea pagaba a los productores tamberos un 50 por ciento del precio del sachet en góndola. Lo habitual era entre el 19 y el 21, proporción que se mantiene hoy. Un modelo alternativo de formación de precios quedó “exterminado”, a la vista de los problemas que la democracia tuvo y tiene con los costos de la canasta familiar y los desequilibrios en las cadenas productivas alimentarias.
Otros casos, en cambio, son equiparables al rapiñaje o “simple choreo”, como definiera Carlos Iaccarino en el juicio. Todos ellos requirieron de un poder represivo ilegal y sistemático. El plan de la dictadura no era el Terrorismo de Estado por el terror mismo, ni la implementación de un programa neoliberal de coyuntura. Era transformar a la sociedad argentina.
La propia procuradora Gils Carbó remarcó en la presentación del informe de la CNV la necesaria “complicidad estructural” entre el Poder Judicial y la dictadura, sin la cual, destacó, el Terrorismo de Estado Económico no hubiera sido posible. Del mismo modo, funcionarios de la CNV participaban de los interrogatorios a los empresarios -su entonces presidente, Juan Alfredo Etchebarne, fue detenido en la causa Banco de Hurlingham-, y el Banco Nación y el Central estaban integrados a esa represión. Las actas de estas entidades prueban cómo se fraguaba “normalidad” en operaciones represivas que no eran menos alevosas ni burdas que un arrebato callejero. Esos funcionarios siguieron en sus cargos hasta pocos años atrás, igual que muchos de esos jueces, y siguieron articulando políticas con los empresarios a los que beneficiaron.
Comprender la sistematicidad del Terrorismo de Estado Económico permite verlo no como mera rapiña sino como parte de una misma matriz, que a un tiempo secuestraba empresarios que disputaban con las grandes corporaciones la formación de precios. O desaparecía a los delegados gremiales más jóvenes y combativos (como señala el Nunca Más, las principales víctimas).
De esto habla muy bien el reciente fallo sobre el centro de detención clandestino que funcionó en la planta de Ford, donde la jueza federal Alicia Vence imputó a tres exdirectivos de la automotriz por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior de la fábrica, en los sectores del Campo de Deportes” a fin de que se ejecutara una política represiva con los delegados y militantes gremiales.
El avance en el juzgamiento del Terrorismo de Estado Económico puede dar, además, lugar a que se resquebrajen los bloques de silencio. Hay en la práctica un pacto de silencio civil a imagen y semejanza del que rige entre los militares. Pero a diferencia de la desaparición forzada de los cuerpos, las empresas desapropiadas siguen estando y tienen una pista, una “trazabilidad” documental.
Esas empresas, así como las pruebas que quedaron en el Estado cuando durante el montaje de la “normalidad fraguada”, hablan. Dicen mucho de crímenes que se siguen cometiendo, porque las empresas continúan en manos de sus apropiadores, y las consecuencias económicas y sociales del plan en virtud del cual se forzó su “venta” son, aún, tiempo presente.Todos estos años, el andamiaje “civil” de la dictadura protegió los botines del Terrorismo de Estado Económico. Hubo jueces designados que tuvieron la potestad de impedir desapoderamientos, de aceptar hábeas corpus, y no lo hicieron. Cuando actuaron, fallaron en favor de esas empresas, auténticos poderes constituidos, exponentes de asociaciones ilícitas entre empresarios y militares.
El primer veredicto difundido el lunes 3 de junio en el caso Iaccarino -hay otras nueve causas que abarcan el paso por otros tantos centros clandestinos entre 1976 y 1978- desató fuertes controversias. Pese a considerar probados “delitos de lesa Humanidad” cometidos “en el marco de un genocidio”, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata aplicó penas de tres y cuatro años respectivamente a Bruno Trevisán y Rómulo Ferranti, exjefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde los Iaccarino fueron obligados a firmar el traspaso de sus bienes en presencia de una escribana que “legalizó” el acto.
Los fundamentos de este caso pionero se leerán el lunes 10 junio. Los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino esperan conocer los argumentos tanto de los jueces Pablo Vega y Pablo Jantús, como de la disidencia del titular del TOF 1, Carlos Rozanski para luego decidir lo que suponen será la presentación de la causa en la Cámara de Casación. Las huellas del Terrorismo de Estado Económico empiezan a estar a la vista. Juzgarlo permitirá ver cuánto de aquel poder civil que lo ejecutó y amparó está vigente.
La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela
Por: Aldo Marinozzi
La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela El rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA) a una comisión parlamentaria Bicameral que investigue las responsabilidades civiles en la última dictadura ayuda a poner en claro por qué no siempre se ve la “dictadura civil” y hasta en las marchas del 24 de marzo todavía hoy se escucha el “se va a acabar, la dictadura militar”.
Y es justamente ésa la dictadura que sí se terminó mientras que los efectos de la dictadura civil no han sido juzgados. Incluso simbólicamente, como lo demuestra el hecho de que el ex presidente Jorge Videla haya sido enterrado con la identidad cambiada (paradojas de la historia) mientras su ex ministro de Economía y estratega, José Alfredo Martínez de Hoz, tiene lápida a su nombre sin temer el rechazo de los familiares de sus vecinos de tumba.
Dice la UIA que sólo la Justicia puede investigar la participación en los crímenes de Lesa Humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Esto reafirma la mirada de esos crímenes como delitos aislados, que se cometieron uno por uno.
Falta la mirada sistémica, la mirada del todo. La mirada de la política, de lo que el investigador Daniel Feierstein denomina como prácticas genocidas para la reorganización social y nacional.
Un genocidio cometido no sólo por el simple deseo de matar ni por la persecución de las organizaciones armadas en sí, sino para introducir modificaciones políticas, económicas y hasta simbólicas que explicita el propio nombre del Proceso de Reorganización Nacional que la dictadura se dio.
Pero nada de esto es tan original. Basta con ver la escena final de La Patagonia Rebelde. El rostro de Héctor Alterio protagonizando al coronel Varela, el perpetrador de la matanza de peones rurales allá en los comienzos del siglo XX en nombre del famoso ser nacional, cuando recibe el agradecimiento de los estacieros cantado en inglés.
Parece sentir Varela la misma decepción que Videla cuando reprochaba desde la cárcel que los empresarios que ahora, en libertad y en democracia, impulsan la nave de la economía de mercado, le pedían 10 mil desparecidos más.
La dictadura militar sirvió a la dictadura civil, pero una se hizo visible y la otra se invisibilizó. Hubiera sido interesante que la Comisión Bicameral se crease antes y le preguntara a Videla los nombres de los empresarios que pedían 10 mil desaparecidos más.
Sandro y el "maldito cigarrillo"
Por: Aldo Marinozzi
La conmoción generada por la muerte del popular cantante Sandro, provocada en parte por su adicción al cigarrillo, reabrió el debate sobre las leyes "antitabaco", ya que, según opinaron los expertos, la Argentina es el país más "fumador" de Latinoamérica.
Médicos especialistas reclamaron que el Congreso Nacional, donde se velaron los restos del "Gitano", sea el que apruebe el marco legal para reducir las consecuencias del tabaquismo.
"Es una paradoja? Sandro fue víctima del consumo de tabaco y ahora son los legisladores quienes deben generar leyes efectivas para combatirlo", indicó Alejandro Videla, neumonólogo del Hospital Universitario Austral ante el velatorio del cantante Roberto Sánchez en el Palacio Legislativo.
Videla indicó que la Asociación Argentina de Tabacología, de la cual es vicepresidente, está "desde hace tiempo exhortando al Congreso a que ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco, una serie de medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para reducir el tabaquismo".
Notas de Aldo Marinozzi:
Detrás de los traspasos de empresas en centros clandestinos
"Terrorismo económico": el botín presente de la dictadura
El periodista Aldo Marinozzi describe por qué los delitos económicos eran parte de la misma matriz que secuestraba empresarios -como en el caso Iaccarino- y desaparecía a los delegados gremiales. Aquel poder civil que lo ejecutó y amparó ¿sigue vigente?
Así como los cuerpos de muchos de esos fusilados dan cuenta de que no existieron los enfrentamientos que las actas alegan -y que la Justicia en muchos casos validó-, seguir la ruta de la documentación de traspasos de empresas arrancados en los centros clandestinos de detención permitirá hallar las evidencias de ese Terrorismo de Estado Económico. No era mero rapiñaje sino una forma más de las políticas que implementaba el “superministro” José Alfredo Martínez de Hoz para favorecer a determinados grupos. Por cada empresario desapoderado hubo uno que resultó beneficiado.
“Lo que queríamos –dice María Celeste Perosino, quien coordinó la elaboración del informe de la CNV- era pensar los visos de legalidad que se dieron a estas acciones que se encontraban completamente por fuera. Se pretendía construir un marco de legalidad para que los secuestros de estos empresarios y el desapoderamiento de las acciones pudieran ser incluidos dentro de la ley de subversión económica”.
El juzgamiento de esa faceta de los crímenes de Lesa Humanidad desnuda la pata civil de la dictadura. Amplias franjas del Estado participaron a través de funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central y el Nación, y la propia Justicia, encubriendo el desapoderamiento de bienes. El informe de la CNV analiza 16 casos de desapoderamientos y da cuenta de al menos 132 empresarios que permanecieron detenidos-desaparecidos con el fin de expropiarlos. Desnuda una “doble articulación” en esa “lucha contra la subversión económica” y revela cómo a las áreas del aparato económico del Estado se añadían en simultáneo operaciones “legales” y clandestinas.
Así lo demuestran algunos casos testigo. En el de Aceros Grassi la beneficiada con la baja de su principal competidor fue Acindar, la mayor siderúrgica del país, cuyo directorio encabezaba el ministro de Economía. En el de Papel Prensa, la alianza entre la dictadura y un pool de diarios -hegemonizado por el Grupo Clarín- monopolizó la producción del principal insumo y dio paso a la posterior conformación de un multimedios que concentró la palabra hasta condicionar a los sucesivos gobiernos democráticos. Es una disputa que todavía permanece.
En el caso de los hermanos Iaccarino, su industria láctea pagaba a los productores tamberos un 50 por ciento del precio del sachet en góndola. Lo habitual era entre el 19 y el 21, proporción que se mantiene hoy. Un modelo alternativo de formación de precios quedó “exterminado”, a la vista de los problemas que la democracia tuvo y tiene con los costos de la canasta familiar y los desequilibrios en las cadenas productivas alimentarias.
Otros casos, en cambio, son equiparables al rapiñaje o “simple choreo”, como definiera Carlos Iaccarino en el juicio. Todos ellos requirieron de un poder represivo ilegal y sistemático. El plan de la dictadura no era el Terrorismo de Estado por el terror mismo, ni la implementación de un programa neoliberal de coyuntura. Era transformar a la sociedad argentina.
La propia procuradora Gils Carbó remarcó en la presentación del informe de la CNV la necesaria “complicidad estructural” entre el Poder Judicial y la dictadura, sin la cual, destacó, el Terrorismo de Estado Económico no hubiera sido posible. Del mismo modo, funcionarios de la CNV participaban de los interrogatorios a los empresarios -su entonces presidente, Juan Alfredo Etchebarne, fue detenido en la causa Banco de Hurlingham-, y el Banco Nación y el Central estaban integrados a esa represión. Las actas de estas entidades prueban cómo se fraguaba “normalidad” en operaciones represivas que no eran menos alevosas ni burdas que un arrebato callejero. Esos funcionarios siguieron en sus cargos hasta pocos años atrás, igual que muchos de esos jueces, y siguieron articulando políticas con los empresarios a los que beneficiaron.
Comprender la sistematicidad del Terrorismo de Estado Económico permite verlo no como mera rapiña sino como parte de una misma matriz, que a un tiempo secuestraba empresarios que disputaban con las grandes corporaciones la formación de precios. O desaparecía a los delegados gremiales más jóvenes y combativos (como señala el Nunca Más, las principales víctimas).
De esto habla muy bien el reciente fallo sobre el centro de detención clandestino que funcionó en la planta de Ford, donde la jueza federal Alicia Vence imputó a tres exdirectivos de la automotriz por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior de la fábrica, en los sectores del Campo de Deportes” a fin de que se ejecutara una política represiva con los delegados y militantes gremiales.
El avance en el juzgamiento del Terrorismo de Estado Económico puede dar, además, lugar a que se resquebrajen los bloques de silencio. Hay en la práctica un pacto de silencio civil a imagen y semejanza del que rige entre los militares. Pero a diferencia de la desaparición forzada de los cuerpos, las empresas desapropiadas siguen estando y tienen una pista, una “trazabilidad” documental.
Esas empresas, así como las pruebas que quedaron en el Estado cuando durante el montaje de la “normalidad fraguada”, hablan. Dicen mucho de crímenes que se siguen cometiendo, porque las empresas continúan en manos de sus apropiadores, y las consecuencias económicas y sociales del plan en virtud del cual se forzó su “venta” son, aún, tiempo presente.Todos estos años, el andamiaje “civil” de la dictadura protegió los botines del Terrorismo de Estado Económico. Hubo jueces designados que tuvieron la potestad de impedir desapoderamientos, de aceptar hábeas corpus, y no lo hicieron. Cuando actuaron, fallaron en favor de esas empresas, auténticos poderes constituidos, exponentes de asociaciones ilícitas entre empresarios y militares.
El primer veredicto difundido el lunes 3 de junio en el caso Iaccarino -hay otras nueve causas que abarcan el paso por otros tantos centros clandestinos entre 1976 y 1978- desató fuertes controversias. Pese a considerar probados “delitos de lesa Humanidad” cometidos “en el marco de un genocidio”, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata aplicó penas de tres y cuatro años respectivamente a Bruno Trevisán y Rómulo Ferranti, exjefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde los Iaccarino fueron obligados a firmar el traspaso de sus bienes en presencia de una escribana que “legalizó” el acto.
Los fundamentos de este caso pionero se leerán el lunes 10 junio. Los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino esperan conocer los argumentos tanto de los jueces Pablo Vega y Pablo Jantús, como de la disidencia del titular del TOF 1, Carlos Rozanski para luego decidir lo que suponen será la presentación de la causa en la Cámara de Casación. Las huellas del Terrorismo de Estado Económico empiezan a estar a la vista. Juzgarlo permitirá ver cuánto de aquel poder civil que lo ejecutó y amparó está vigente.
La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela
Por: Aldo Marinozzi
La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela El rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA) a una comisión parlamentaria Bicameral que investigue las responsabilidades civiles en la última dictadura ayuda a poner en claro por qué no siempre se ve la “dictadura civil” y hasta en las marchas del 24 de marzo todavía hoy se escucha el “se va a acabar, la dictadura militar”.
Y es justamente ésa la dictadura que sí se terminó mientras que los efectos de la dictadura civil no han sido juzgados. Incluso simbólicamente, como lo demuestra el hecho de que el ex presidente Jorge Videla haya sido enterrado con la identidad cambiada (paradojas de la historia) mientras su ex ministro de Economía y estratega, José Alfredo Martínez de Hoz, tiene lápida a su nombre sin temer el rechazo de los familiares de sus vecinos de tumba.
Dice la UIA que sólo la Justicia puede investigar la participación en los crímenes de Lesa Humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Esto reafirma la mirada de esos crímenes como delitos aislados, que se cometieron uno por uno.
Falta la mirada sistémica, la mirada del todo. La mirada de la política, de lo que el investigador Daniel Feierstein denomina como prácticas genocidas para la reorganización social y nacional.
Un genocidio cometido no sólo por el simple deseo de matar ni por la persecución de las organizaciones armadas en sí, sino para introducir modificaciones políticas, económicas y hasta simbólicas que explicita el propio nombre del Proceso de Reorganización Nacional que la dictadura se dio.
Pero nada de esto es tan original. Basta con ver la escena final de La Patagonia Rebelde. El rostro de Héctor Alterio protagonizando al coronel Varela, el perpetrador de la matanza de peones rurales allá en los comienzos del siglo XX en nombre del famoso ser nacional, cuando recibe el agradecimiento de los estacieros cantado en inglés.
Parece sentir Varela la misma decepción que Videla cuando reprochaba desde la cárcel que los empresarios que ahora, en libertad y en democracia, impulsan la nave de la economía de mercado, le pedían 10 mil desparecidos más.
La dictadura militar sirvió a la dictadura civil, pero una se hizo visible y la otra se invisibilizó. Hubiera sido interesante que la Comisión Bicameral se crease antes y le preguntara a Videla los nombres de los empresarios que pedían 10 mil desaparecidos más.
Sandro y el "maldito cigarrillo"
Por: Aldo Marinozzi
La conmoción generada por la muerte del popular cantante Sandro, provocada en parte por su adicción al cigarrillo, reabrió el debate sobre las leyes "antitabaco", ya que, según opinaron los expertos, la Argentina es el país más "fumador" de Latinoamérica.
"Es una paradoja? Sandro fue víctima del consumo de tabaco y ahora son los legisladores quienes deben generar leyes efectivas para combatirlo", indicó Alejandro Videla, neumonólogo del Hospital Universitario Austral ante el velatorio del cantante Roberto Sánchez en el Palacio Legislativo.
Videla indicó que la Asociación Argentina de Tabacología, de la cual es vicepresidente, está "desde hace tiempo exhortando al Congreso a que ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco, una serie de medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para reducir el tabaquismo".
En 2003, 168 países firmaron este tratado internacional y hasta el momento 154 lo ratificaron en sus instancias legislativas, aunque Argentina es el único estado latinoamericano que no lo hizo.
El proyecto de ley cuenta con el aval del Poder Ejecutivo y fue aprobado en Diputados, pero se encuentra trabado en el Senado.
Entre los puntos fundamentales se encuentran la reconversión de los cultivos de tabaco, el aumento de los precios de los cigarrillos y la prohibición de todo tipo de publicidad.
"Mientras el Congreso siga sin ratificar este Convenio que salvaría la vida de muchos argentinos, es paradójico que Sandro sea velado en dicho recinto", expresó Videla.
La muerte de Sandro ha despertado en muchas personas la inquietud sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que lo llevó a necesitar un trasplante cardiopulmonar.
Esta enfermedad es causada en la gran mayoría de los casos por el tabaquismo.
Datos de este hábito en el país son preocupantes: "En la Argentina una de cada tres personas fuma y a la gran mayoría le será difícil dejar", puntualizó el especialista Videla.
En ese marco, citó un "atlas" del tabaco internacional realizado en base a datos del 2007 por dos sociedades estadounidenses (la American Cancer Society y la World Lung Foundation), que indica que los argentinos somos el pueblo latinoamericano que más cigarrillos fuma por año.
Según el reporte, cada argentino mayor de 15 años fuma 1.014 cigarrillos anuales, muy por encima del promedio de países como Brasil (580) o México (470).
Paraguay y Chile ocupan el segundo y tercer puesto del ranking, con un consumo de 968 y 909 cigarrillos por cabeza, respectivamente.
"Si queremos que no haya más argentinos que atraviesen el calvario que atravesó Sandro, los legisladores deberían apoyar con más fuerza las leyes que disminuyen el tabaquismo y protegen a la salud de sus daños", dijo el especialista.
Restituyen complejo educativo expropiado por la dictadura
El Estado provincial restituirá el complejo educativo Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil”, a sus socios, 35 años después de la intervención militar. El edificio supo incluir tres escuelas normales de artes y oficios, una biblioteca popular, una editorial, una biblioteca de 120 mil volúmenes, hemeroteca, cinemateca y discoteca, además de un observatorio astronómico
La intervención del complejo educativo Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil”, iniciada en 1977, se prolongó una vez retornada la democracia hasta el jueves último, cuando la Legislatura provincial sancionó una ley que es en sí misma una metáfora de las limitaciones –rayanas en la impotencia- que todas las administraciones que se sucedieron desde diciembre de 1983 han tenido para saldar la deuda.
El proyecto de ley propuesto por los socios de la Biblioteca, que adoptaron el diputado kirchnerista Luis Rubeo (h) y el senador radical Hugo Rasetto, habla de “donación” y no de “restitución” -como hubiera sido correcto- a sus legítimos dueños de los bienes que la dictadura expropió, mal administró y saqueó.
Esta ley fue posible además por la derogación del decreto provincial de intervención a “La Vigil”, persistentemente reclamada desde el retorno de la democracia por Rubén Naranjo (creador de la Escuela de Artes Visuales de la Biblioteca, entre otras funciones, fallecido en 2005), lo que luego dio origen a todas las resoluciones y actuaciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
La figura de la “donación” obedece a la necesidad de cumplir con las normas administrativas provinciales, pero los propios autores del proyecto admiten la improcedencia del término.
“La restitución es un acto que debe hacer la Justicia, por eso aceptamos la palabra donación”, sostiene Celina Duri, ex alumna y hoy vocal suplente de la comisión de socios que recibirá los bienes, en un proceso que se prolongará por un año, según fija la ley, y que será pautado junto al Ejecutivo provincial luego de que la norma sea promulgada esta semana, según el compromiso asumido por el vicegobernador y titular del Senado, Jorge Henn.
Duri alude así a la causa abierta por delitos de lesa humanidad en la que se investiga la desaparición de Carlos Martínez, presidente de la cooperadora en 1977, y el cautiverio de los demás miembros de la conducción de la Biblioteca Vigil.
A ello hay que añadir los delitos económicos cometidos durante una intervención que, paradójicamente, se inició con la excusa de investigar una administración fraudulenta que luego no dio lugar ni siquiera a una sola acusación en sede judicial.
Plagada de irregularidades, la intervención dejó como saldo la desaparición durante la dictadura de Martínez y de dos docentes, a los que se suman una veintena de socios y alumnos.
La Biblioteca fue creada por trabajadores y vecinos de clase media del barrio de Tablada, en la populosa zona sur de Rosario. Su mutual, con más de 20.000 asociados, y los institutos que abarcaban todos los niveles de la enseñanza pública, con un total de 3.000 alumnos, sostuvieron un proyecto pedagógico de avanzada.
“La Vigil”, como se la conoció popularmente, incluía tres escuelas normales de artes (cine, teatro, plástica) y oficios (talleres); una biblioteca popular; una editorial (la primera en publicar a Juan José Saer y las obras completas de Juan L. Ortiz); una biblioteca de 120 mil volúmenes; hemeroteca, cinemateca y discoteca; un observatorio astronómico; un camping de 30 hectáreas y una isla de tres mil hectáreas frente a Rosario para experimentación biológica.
Si bien la excusa formal para la intervención fueron los problemas económicos que la mutual afrontó tras el crack económico conocido como “Rodrigazo”, la decisión adoptada por la dictadura tuvo como verdadero fin cerrar la Biblioteca y terminar con esta experiencia educativa popular autónoma, que nunca requirió de fondos públicos.
Apenas tres meses después de la intervención decretada en febrero del 77, el coronel Sócrates Alvarado decidió la liquidación de un activo de 5 millones de dólares para afrontar un pasivo que no superaba los 100 mil dólares, surgido de los premios que la mutual de la biblioteca no había podido pagar a quienes los ganaron en la rifa con que “La Vigil” sustentaba todas sus actividades, y gracias a la cual los alumnos solo abonaban una cuota simbólica.
Los gobiernos democráticos continuaron luego sosteniendo la lógica de la intervención militar y se siguieron liquidando honorarios hasta totalizar unos 700.000 dólares durante años, para todos los interventores y sus colaboradores.
De ese patrimonio de cinco millones de dólares, solo una pequeña parte, muy deteriorada, será devuelta ahora. Según las denuncias de los socios, más del 85% de los bienes se vendió en forma directa y no por subasta pública, como establecen tanto la ley de mutuales como el propio estatuto de la Biblioteca.
Además de haberse liquidado 40 inmuebles, en estos 35 años se perdieron una lente fabricada especialmente en Alemania para el telescopio del Observatorio, mientras que unos 30 mil volúmenes recién impresos por la editorial y documentación de la biblioteca fueron quemados frente a uno de los edificios de la mutual.
Uno de los agravantes de todo este proceso es que nunca hubo una contraparte de la intervención. “La Vigil” no tuvo defensor ni representante, lo que implicó la ausencia del más elemental derecho de defensa. Esto fue así desde el principio, ya que cuando la intervención se inició, toda la conducción, e inclusive el síndico, estaban detenidos a disposición del PEN.
Y esa contraparte tampoco funcionó en democracia sino hasta ahora, en que se juzga el accionar del Terrorismo de Estado, del que parece ser una potente metáfora lo sucedido con los leones, pumas y otros animales embalsamados que componían la colección del Museo de Ciencias Naturales de la Biblioteca, sobre los que los militares que custodiaban el edificio en la intervención disparaban y practicaban tiro al blanco.
“La Vigil” nació y fue siempre una institución de barrio en la que no hubo intelectual de prestigio en Rosario que quedara al margen. Fue refugio de muchos de los docentes que quedaron afuera de la Universidad en la Noche de los Bastones Largos.
“El gran mérito fue que gente sin formación académica, algunos sin secundaria, supo sumar y dirigir a otra gente intelectualmente muy capacitada; y la dirección siempre estuvo en manos de las personas del barrio, que obviamente no fueron cuatro iletrados”, sostenía Raúl Frutos, uno de los socios fundadores y creador del sistema de biblioteca abierta.
Frutos no llegó a ver la restitución por la que tanto luchó, pero alcanzó a prestar testimonio en la causa judicial y su figura estuvo presente en muchos de los discursos en una jornada en la que se intentó reparar en algo el daño causado.
Fuentes: InfoJus, El Argentino
