Los adalides de la libertad de expresión que, hasta diciembre del año pasado, denunciaban con vehemencia cualquier intento por limitar las expresiones que osaran criticar la gestión kirchnerista, hoy nada dicen sobre la gravedad institucional que supone la difusión del contenido de correos electrónicos privados de dos periodistas del Grupo Indalo, en el marco de un supuesto informe de inteligencia en el que se concluye que estos colegas "atentan contra el orden constitucional" y "promueven la desestabilización del Gobierno de Mauricio Macri".
Recién cuatro días después de conocida esta información, que se difundió inicialmente a través de un portal de noticias independiente, y luego de una reacción unánime de repudio de todo el arco parlamentario opositor, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una denuncia penal ante la Justicia para que investigue estos episodios que tienen, en esta oportunidad, como damnificados a los colegas Gustavo Sylvestre (conductor del programa Minuto 1 por C5N) y Mauro Federico (subdirector de Ámbito Financiero).
No fue un año fácil para el ejercicio de la profesión periodística. Al cierre de varias empresas y el achicamiento de otras producto de la crisis que provocó la merma de la pauta publicitaria (tanto pública, como privada) se le suman este tipo de episodios desagradables en donde se pone de manifiesto una vez más la falta de control estatal sobre los servicios. Lamentablemente, los recursos vertidos por el Estado para la realización de tareas de inteligencia en búsqueda de información estratégica para la prevención del delito o la preservación del orden institucional, terminan siendo desviados con el fin de alimentar este aparato de espionaje ilegal sobre ciudadanos que viven dentro de la más absoluta legalidad y cuyo único "delito" es la pretensión de informar acerca de lo que ocurre en la convulsionada realidad argentina.
Afortunadamente existen aún espacios desde donde se pueden difundir cuestionamientos a un poder político que arribó a la conducción ejecutiva del país con la declamada intención de cambiar ciertas prácticas insanas para el sistema democrático y el sostenimiento del sistema republicano, pero terminó transformándose en la antítesis de su propuesta electoral, esa que hace menos de un año, sedujo a la mayoría del electorado. Estos espacios, en los que pueden escucharse y leerse todas las opiniones y los debates de ideas que interesan a la sociedad, son los que se ven vulnerados cuando los periodistas que son garantes de profesionalismo y ecuanimidad, sufren acciones intimidatorias como el hackeo de sus mails.
Pero es necesario resaltar que esto no es nuevo, lamentablemente. Estos mismos hombres de prensa fueron blanco de amenazas e intimidaciones durante el anterior Gobierno, sin que se llegaran a esclarecer los graves hechos de los que fueron víctimas, por el solo hecho de informar sobre temas que el poder no quiere que se informe. El común denominador que atraviesa esta serie lamentable de sucesos, es la presencia de personajes oscuros, ligados al mundo de la inteligencia. Ayer la SIDE, hoy la AFI, siempre con la misma esencia: espiar a los que molestan con sus críticas e investigaciones para encontrar, si es que lo tienen, el punto débil que les permita extorsionarlos para evitar que actúen con libertad a la hora de informar. Es imprescindible que se esclarezca si detrás de estas maniobras de espionaje hay mano de obra oficial o si se trata de operaciones derivadas de internas de los organismos de inteligencia. Judicial o Ejecutivo, en cualquier caso, es el Estado quien debe dar esa respuesta.
Fuente: Ámbito Financiero