Un debate delicado. El Gobierno impulsa su propia ley Audiovisual, pero su presentación ya provocó un cortocircuito en la alianza Cambiemos. Lobby empresario, internas políticas y el fin de la LSCA.
Luego de desguazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, tras un amplio debate, había aprobado en 2009 el Congreso de la Nación, el presidente Mauricio Macri ahora impulsa su propia ley Audiovisual. Se trata de la Ley de Convergencia, que pretende enviar al Parlamento el año próximo. El proyecto es cuestionado incluso desde la propia alianza de gobierno.
A contramano del proceso que derivó en la constitución de la LSCA, que contó con un sinfín de audiencias y el impulso de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, el 22 de septiembre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó una conferencia de prensa para anunciar una “instancia de participación virtual” para avanzar en la redacción del nuevo anteproyecto de ley. Flanqueado por el ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, y el presidente y la directora del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel de Godoy y Silvana Giudici, respectivamente, Peña informó que los ciudadanos que quieran opinar sobre la nueva regulación de medios podrán hacerlo en la página web del Enacom mediante un comentario en “una planilla” en la que deberán “completar los datos personales y un campo que admite aportes o consultas de hasta 300 caracteres”. Es decir, el equivalente a dos tweets. Así se pretende firmar el acta de defunción de una de las leyes emblema del kirchnerismo, que pretendió desconcentrar el sistema de medios nacional.
Lejos de ser un tema menor, la Ley de Convergencia tiene por objetivo remplazar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y las Telecomunicaciones, denominada “Argentina Digital”, ambas impulsadas por el gobierno anterior y sancionadas por el Parlamento. El tema ya provocó una fisura en la alianza Cambiemos.
Cuatro días después del anuncio de Peña, el presidente provisional del Senado y tercero en la línea sucesoria presidencial, Federico Pinedo, desconoció la tarea de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078, que funciona en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones. Este ente es el encargado de redactar el anteproyecto de la nueva ley, donde varios de sus integrantes están vinculados al Grupo Clarín.
Ocurre que Pinedo presentó un proyecto de ley de telecomunicaciones propio. Según los registros de la Cámara alta, la iniciativa ingresó por Mesa de Entradas el 26 de septiembre y el 28 fue girado a las comisiones “de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión” y a la “de Justicia y Asuntos Penales”.
“El Ejecutivo está elaborando un proyecto y yo tengo otro con estado parlamentario desde hace diez años con actualizaciones. Es un aporte”, añadió el senador que llegó a presidir la Argentina por medio día.
Se trata de una normativa elaborada “a la vieja usanza” en la que no se pretende sacar a las telefónicas del juego. Con la presentación de su trabajo en el Senado, Pinedo ignoró lo que un sector del Gobierno ha venido postulando por vía de la comisión de elaboración del anteproyecto de Ley de Convergencia y volvió a encender la pelea entre las telefónicas y los cableoperadores, comandados por el Grupo Clarín.
Uno de los integrantes de la comisión le salió al cruce al legislador nacional. Se trata del abogado Andrés Gil Domínguez, quien fuera amicus curiae de Clarín cuando el multimedios llevó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fin de que se declare inconstitucional (el Alto Tribunal, finalmente, declaró válida la ley). “El proyecto de telecomunicaciones de @PinedoFederico es políticamente inexplicable y técnicamente defectuoso y obsoleto”, escribió el constitucionalista en Twitter el día que la iniciativa fue girada a las mentadas comisiones. Una hora después, Pinedo le respondió desde su cuenta oficial: “Encantado, podemos discutir mi proyecto de ley de telecomunicaciones sin tantos adjetivos descalificativos”. Gil Domínguez volvió a retrucar en 140 caracteres: “Son adjetivos calificativos y siempre dispuesto a escuchar como hago desde febrero cada 15 días”.
El eco del cruce entre Pinedo y Gil Domínguez aún resuena en la alianza de gobierno. No es para menos. Con muchos intereses en juego, la nueva ley Audiovisual macrista pasó del amarillo al rojo vivo.
Fuente: Revista Veintitrés
