En teoría, la decisión de abandonar la investigación de asesinato por falta de mérito podría ser correcta en un sentido: es probable que ni siquiera los fiscales argumentarán que Massot hubiera eliminado personalmente a los obreros gráficos, pero esto contradice tanto el espíritu de la ley como el contexto más amplio de la represión militar. Cuando los trabajadores desaparecían durante la dictadura 1976-83, hubo muchos casos en los que se hallaban implicados sus empleadores (tanto de empresas extranjeras como locales). Cuando las empresas mismas no desempeñaban un rol activo en la desaparición de sindicalistas y delegados molestos, los escuadrones de la muerte les pedían información para identificar en forma precisa a sus futuras víctimas, y a menudo la obtenían. En el caso de Massot, hay elementos que lo colocan en este contexto como para justificar una desestimación tan rápida de la causa. Sin embargo, aun si Massot fuera totalmente inocente con respecto a estos asesinatos, no puede escapar a la culpabilidad de haber sido cómplice y apologista de la dictadura militar, celebrando el golpe de 1976: los contenidos periodísticos de La Nueva Provincia en aquel período están repletos de estas pruebas.
Sin embargo, curiosamente, Massot fue sobreseído hasta en este nivel por la decisión de Claudio Pontet, en nombre de la libertad de expresión: “No hay que juzgar las opiniones”, firmó el juez. Las organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión deberían ser sin duda las primeras en protestar de la manera más contundente posible contra este abuso de su causa.
Editorial del Buenos Aires Herald
