Los dueños de las redes buscan que haya un sistema que equipare los esfuerzos y piden que las regulaciones se revisen constantemente
Por: Andrea Catalano
Las grandes empresas de Internet y proveedoras de banda ancha libran desde hace años una batalla para definir los nuevos términos de inversión en la infraestructura que lleva el tráfico de los consumos de los usuarios de una punta a la otra. En el tironeo aparece la neutralidad de la red, el principio que señala que ningún contenido debe ser filtrado o discriminado en favor de otro. Pero los que construyen las redes quieren que los que colocan sobre ella aplicaciones y servicios también se hagan cargo de las inversiones que exige soportar la creciente demanda de ancho de banda de parte de los usuarios para usar esas prestaciones. Telefónica, AT&T, Google, Facebook, Apple, Comcast, Yahoo están a uno y otro lado de la escena. La disputa se reedita en cada país del mundo. También aquí, donde la neutralidad de la red se incluyó en ley Argentina Digital, aunque mencionada de una manera muy liviana y sin dar precisiones, aspecto que fue lamentado por distintos actores del sector.
Los jugadores de telecomunicaciones más importantes de la Argentina, Telefónica, Telecom, Claro y Cablevisión, invierten unos $25.000 millones al año en el desarrollo y ampliación de la infraestructura de red fija y móvil. A esto se deben sumar los desembolsos que realizan operadores independientes más pequeños, obligados también a realizar desembolsos intensivos para no perder competitividad en el sector.
De lo que se invierte anualmente, más del 10% se destina sólo a la red de banda ancha fija, tanto en extensión como en ampliación de capacidad, de acuerdo a lo que surge de los balances de las empresas. Poco se sabe sobre las inversiones que efectúan otros jugadores de Internet en el país, como Google, Yahoo o Facebook, que si bien tienen presencia local son de carácter estrictamente comercial. Es indudable que realizan inversiones en infraestructura y servidores, pero no en estas tierras, con algunas excepciones como podría ser la compra de enlaces de telecomunicaciones y servicios adicionales.
Aunque monetaria, la discusión siempre termina poniendo en el centro a la neutralidad de la red y a determinar qué responsabilidades de inversión en infraestructura le corresponde a unos y otros. Y revela también la necesidad de establecer principios que den claridad al sector en plazos relativamente cortos y en constante revisión. Esto vuelve más compleja una discusión que encierra tanto motivos económicos, de negocios, como de derechos individuales y colectivos que van desde la libertad de expresión hasta el derecho al acceso igualitario.
Discusión renovada
La discusión sobre la neutralidad de la red volvió a ganar espacio el 26 de febrero pasado cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC su sigla en inglés) de los Estados Unidos determinó que Internet sería considerada como un servicio público. Y redefinió el concepto de banda ancha para que el Gobierno pueda regular la infraestructura de Internet tal como lo hace con la telefónica. Esto implica que los proveedores de Internet no podrán filtrar ningún tipo de tráfico, o darle prioridad a uno sobre otro cuando la red esté congestionada.
La postura de la FCC fue cuestionada por Internet Society, una organización sin fines de lucro que impulsa el desarrollo de Internet en el mundo. Se mostró preocupada porque, según su visión, la FCC basará “las nuevas reglas de la moderna Internet en regulaciones telefónicas de varias décadas atrás, diseñada para una era tecnológica muy diferente”. Desde Brasil, Raquel Gatto, regional policy advisor de Internet Society para América, dijo a BAE que “las regulaciones tienen que acompañar los avances tecnológicos y responder a la innovación que en los últimos años aceleró los cambios en Internet. Los enfoques regulatorios que podrían afectar la sostenibilidad de la Internet abierta y global deben tener en cuenta la realidad técnica de cómo se explotan y gestionan las redes hoy. Permitir la flexibilidad tecnológica necesaria para mantener el ritmo de la rápida innovación es esencial para asegurar el continuo crecimiento y éxito de Internet”.
Hasta ahora, priorizar un tráfico sobre era defendido por las grandes constructoras de infraestructura de red, como Telefónica , AT&T o Comcast. Reclamaban que desarrolladores de servicios y aplicaciones, como Google, Facebook, Apple también realizaran inversiones en la red, puesto que ellas eran las que generaban el tráfico creciente. Luego de la declaración de la FCC, César Alierta, presidente de Telefónica y uno de los más acérrimos defensores de esta postura- sorprendió en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona cuando propuso “una revisión de las distintas políticas y de la regulación, que tenga en cuenta la cadena de valor de Internet en su totalidad y que garantice la no discriminación y unas reglas de juego iguales para todos”. Enfatizó que “son los operadores quienes están desplegando redes de ultra banda ancha gracias a inversiones enormes. Y son estas redes las que permiten que todo y todos estén conectados y las que generan inmersas oportunidades”.
Nuevas reglas
La discusión sobre la neutralidad tomó fuerza a partir del impacto que genera el consumo de servicios de streaming de video como los ofrecidos por Netflix y Youtube, entre otros- en el tráfico de las redes. En los Estados Unidos estas dos empresas representan el 50% del total del tráfico de internet, y en la Argentina ya oscila entre el 5% y el 40% según los datos que manejan en las distintas operadoras de telecomunicaciones. Por eso, localmente, también se reclama que esos jugadores aporten al desarrollo de la infraestructura.
Esta situación exige, en principio, que los reguladores observen con atención lo que ocurre en cada una de las partes que componen Internet, no sólo la infraestructura sino también los servicios que se generan a partir de ella y los consumos que se realizan. Porque, en el final, siempre hay un consumidor que paga por un servicio, y es a él al que se le deben respetar sus derechos como tal.
Sin hablar de neutralidad, la Cámara de Empresas de Internet de la Argentina (CABASE) estableció 10 principios rectores para gestionar las redes de telecomunicaciones. El primero de ellos determinó que las compañías de banda ancha deben operar sus redes pero sin filtrar por origen y destino. “El trabajo que hicimos desde la Cámara demostró más de un año de discusiones acaloradas. No se habla de neutralidad pero se alude a ella porque este es un sector dinámico. Las cosas tienen que convivir de una manera correcta y una regulación inteligente tiene que ir ajustándose con el tiempo. A Internet hay que promoverla, no regularla porque la cantidad de proyectos, negocios, pymes que se crearon a partir de su irrupción no lo generó ninguna otra industria, y porque la Red nos pone en igualdad de condiciones en todo el mundo”, sostuvo Ariel Graizer, presidente de CABASE.
Desde Cablevisión recordaron que Internet nació bajo el concepto de neutralidad, donde no hay ningún tipo de discriminación ni censura. “Pero luego viene una segunda capa que aborda el desarrollo de Internet y esto exige inversiones. Hoy ese desarrollo está sustentado por los clientes, aunque la inversión la haga la compañía. Por una cuestión histórica los abonos han sido siempre planos, sin tener en cuenta la capacidad de consumo que se hace ahí dentro. Según el tipo de consumo se requiere de distinto tipo de inversión detrás y en una tarifa plana los que consumen menos terminan “bancando” a los que consumen más. Ese mayor consumo se da porque los distintos proveedores, como Netflix y Google (Youtube), han montado diversos servicios de video que les generan una utilidad tremenda sin que hayan aportado al desarrollo de esa infraestructura”, explicó Carlos Moltini, CEO de Cablevisión. Para el ejecutivo parte de esa inversión tiene que estar soportada por los clientes y otra parte por empresas como Netflix. Y recordó que, antes de que Netflix distribuyera sus películas por Internet, distribuía los DVD a través del correo. Y que si en aquel entonces le pagaba al correo por esa distribución, ahora debería abonar también a las dueñas de la infraestructura por ese mismo servicio.
La ley Argentina Digital no zanja el conflicto
En diciembre pasado, el Congreso aprobó la ley 27.078 Argentina Digital que fue promulgada dos días después en el Boletín Oficial. En el artículo 56 se abordó la neutralidad de las redes donde se expresó que “se garantiza a cada usuario el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento o degradación”. Pero no se especificó nada más al respecto pese a que, previo a esta norma, se había discutido un proyecto sobre la neutralidad de Internet donde habían participado los distintos actores del mercado y se había logrado un dictamen que conformó prácticamente a todos. Sin embargo, nada de eso se incluyó en la ley definitiva. “Lo incluido en Argentina Digital sobre la neutralidad de las redes no sirve”, se lamentó una fuente de la industria, que agregó que “Internet tiene que ser interoperable porque, si no, me hago dueño de la red. Y la red no existe si hay al menos dos o tres operadores que intercambien paquetes de datos. Nadie tiene que tener la capacidad de apagar la red”, enfatizó.
Para Gustavo Fontanals, investigador de la UBA y especialista en telecomunicaciones “es importante que se haya reincorporado este piso mínimo, pero su inclusión es muy general. No regula siquiera sobre las gestiones de tráfico a título excepcional como sí pretendía hacerlo el dictamen de comisión del Senado que estaba en tratamiento antes de esa ley. Y mucho menos las situaciones particulares, como posibles acuerdos de vías rápidas o de servidores de los prestadores de contenidos en las centrales de los proveedores de Internet, que están en práctica actualmente en el país. U otras situaciones que pueden justificar un bloqueo de contenidos, como el tráfico de spam o peticiones específicas de los usuarios. Asuntos que sí se han previsto en otras regulaciones a nivel internacional”.
Con una visión un poco más optimista, Raquel Gatto, de la Internet Society, sostuvo que la nueva norma “confirma avances en la búsqueda de la neutralidad y le da un marco de resguardo. Desde ya que para comprobar el éxito habrá que analizarla una vez que se implemente en el día a día”.
Actualización constante a la medida de los continuos cambios tecnológicos
La industria de las telecomunicaciones necesita regulaciones, como cualquier otra actividad. Sin embargo, la actualización tecnológica es tan veloz que las normas siempre van detrás de los cambios que provoca. Si, como dicen los expertos, Argentina Digital dejó gusto a poco en materia de neutralidad y también en otras temáticas- se impone la necesidad de contar con leyes concretas pero sujetas a revisión constante de parte de todos los actores del mercado.
“Creo que se debe redactar una nueva ley, con una mirada a cinco años, con eje en el mercado de las telecomunicaciones y la convergencia que haga convivir a las grandes empresas como Telefónica y AT&T (DirecTV) con otras más pequeñas. Argentina hoy está precaria en la materia y las compañías más chicas, más indefensas”, sostuvo Moltini de Cablevisión. Al ser consultado sobre si cinco años no es poco teniendo en cuenta que las organizaciones siempre piden reglas claras que se mantengan en el largo plazo, el ejecutivo dijo que “pensar a más de cinco años es una locura. Cuando en el país se discutía la ley de medios, Netflix era un servicio de nicho, por ejemplo. Poner un horizonte de cinco años no es poco porque ya se marcó un rumbo, y luego se seguirá en esa dirección”.
En una línea similar se pronunció Graizer, de CABASE, para quien una norma debe ayudar a que “las distintas partes convivan de manera correcta. Una regulación inteligente tiene que permitir ir ajustándose con el tiempo. Cuando surgió masivamente, Internet era un servicio de valor agregado montado sobre las redes de telecomunicaciones, que es un sector regulado. Ahora la Red está por encima de todo y esto obliga a mirarlo todo”. En ese marco, enfatizó que “el crecimiento del contenido es lo que cambió esto. La Red sin contenido no alcanza, y el contenido sin distribución, tampoco. Por ende, no se puede establecer hoy una regulación que no cambie a medida que pasa el tiempo”.
Y esa revisión debe ser seguida por distintos actores del mercado, tanto del sector público como el privado. “En cada país los actores (del mercado de las telecomunicaciones) son distintos y en esa regulación intervienen distintos organismos públicos y privados”, puntualizó Gatto. “El cambio tecnológico implica continuamente la emergencia de nuevos servicios, cada vez en forma más rápida. Por eso es importante contar con una regulación sólida pero flexible, que pueda adaptarse y dar respuesta a esos cambios. Y eso cabe también para el concepto de neutralidad. Por eso es crucial contar con una agencia a cargo de la decisión de las políticas sectoriales que sea profesionalizada, y con una marcada autonomía tanto del poder político como de los intereses empresarios y con capacidad para generar respuestas a medida que el sector evoluciona”, concluyó Fontanals.
Un concepto que puede tener varias interpretaciones
Por: Gustavo Fontanals*
La neutralidad de la red es un concepto que no tiene una definición unívoca, y que puede tener diferentes alcances e implicancias según cómo se la considere. Actualmente hay una suerte de consenso en una definición mínima pero general, que entiende a la neutralidad como la prohibición de introducir distorsiones en el tráfico de información en Internet, de modo que todo tráfico de datos debe ser tratado en condiciones de igualdad. Esto se corresponde con derechos y garantías fundamentales de las personas, como la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información y al conocimiento.
Esta acepción de neutralidad implica tres inconvenientes, de tipo práctico. Por un lado, Internet mismo, con base en el protocolo IPv4, implica la priorización de ciertos paquetes de contenidos por sobre otros. La información en Internet viaja en forma de paquetes de datos, y es propio de su funcionamiento que se prioricen unos sobre otros. Es acá donde muchos ven más propicio hablar de “apertura” en lugar de “neutralidad”. Una Internet abierta implica que todos los usuarios sean tratados de la misma manera, en igualdad de condiciones, con plena libertad para decidir los contenidos a los que quieren acceder, compartir o crear.
A su vez, las proveedoras de servicios suelen aplicar en la práctica distinciones y priorizaciones de ciertos contenidos o servicios que denominan medidas de gestión de tráfico. En algunos casos se trata de medidas temporales y excepcionales destinadas a afrontar situaciones de congestión de red, lo que puede ser entendible. Aunque implica como contracara la exigencia de las inversiones mínimas acorde al servicio que ofrecen. Pero en muchos casos se trata de discriminaciones, degradaciones o bloqueos intencionales de determinados contenidos o servicios, como puede ser el tráfico P2P (como torrents) o incluso servicios de telefonía o video IP que compiten con sus propios productos. Allí es fundamental regular.
Por otro lado, los proveedores de contenidos o servicios son muy diferentes en tamaño y en poder económico. Y es usual que los más poderosos contraten servicios de redes de entrega de contenidos (CDN) distribuidos en distintas partes del mundo, de modo de agilizar el acceso de sus usuarios. Esto es imposible para los más pequeños”.
En paralelo a esto, se fueron desarrollando y consolidando ciertos servicios OTT (Over The Top) que hacen uso de una parte muy grande del ancho de banda disponible. Se estima que en Estados Unidos tan sólo Netflix implica el uso de un 35% del ancho de banda en horas pico, y junto con Youtube llegan al 50%. Una situación similar con ambos servicios se da en Argentina. Y ese es el ojo de la discusión sobre neutralidad en la actualidad: si las operadoras que proveen Internet pueden establecer el cobro de servicios especiales o “vías rápidas” para los proveedores de contenido que implican mucho consumo. La decisión de la FCC fue tajante: no se permite el pago de vías rápidas ni ningún modo de priorización. La Unión Europea también está analizando el tema, y estaría considerando permitir acuerdos de “servicios especiales superiores”, aunque a condición de que no pongan en peligro las velocidades para el resto. A nivel personal, considero que sería adecuado que estas grandes compañías de OTT hagan pagos de contraprestación a fin de solventar las inversiones necesarias en infraestructura. Por supuesto, en el marco de una Internet abierta, que no implique la degradación o bloqueo del resto de los servicios.
*Investigador de la Universidad de Buenos Aires, especialista en telecomunicacionesFuente: Diario BAE
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