La Auditoría General de la Nación (AGN) objetó las modificaciones del contrato de ARSAT con INVAP S.E por la provisión de equipos para la Televisión Digital queincrementó la partida inicial de 698 millones de pesos a 2.596 millones de pesos. Además pidió que se evalúen medidas por el incumplimiento de la empresa rionegrina al realizar subcontrataciones que estaban prohibidas.
El informe de la AGN fue difundido este miércoles como resultado de la auditoría iniciada en 2012 y enumera una serie de irregularidades en la aplicación del contrato inicial firmado en 2009 entre ARSAT e INVAP por el diseño, la construcción y puesta en servicio de una plataforma integrada por los sistemas de transmisión y recepción de señales digitalizadas.
Las conclusiones del informe detalla que ARSAT no justificó la decisión de contratar de manera directa a INVAP cuando la empresa no era la que construía los decodificadores sino que una empresa tercerizada lo hizo.
El contrato inicial preveía a INVAP proveer 46 estaciones repetidoras y 500.000 Unidades de Recepción Hogareñas (decodificadores) por un valor de 698.478.921 pesos más IVA pero se instrumentaron seis adendas modificatorias del acuerdo hasta noviembre de 2012 con cambios en la provisión pasando a 79 estaciones repetidoras y 1.416.000 decodificadores.
Además se sumaron la prestación de antenas externas y equipamiento, una "retribución por todo concepto" por 339.909 pesos y un "adicional en concepto de indiferencia impositiva" por 112.280.880 más IVA.
La AGN objetó que los cambios contractuales realizados tuvieron dictámenes jurídicos realizados por un estudio jurídico privado externo "sin que conste la consulta o la participación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal".
Las modificaciones contractuales fueron incorporadas en abril y agosto de 2010, en mayo y septiembre de 2011, y en febrero u noviembre de 2012, incrementando la provisión de equipamiento y antenas con la cláusula de "mantener las condiciones de precio por tipo de unidad", algo que finalmente no se cumplió, según objetó la AGN.
"ARSAT efectuó modificaciones al contrato original (…) que incrementaron la cantidad de unidades de los componentes que constituían el objeto original, e incorporando modificaciones en la determinación del precio y en la adquisición de variados rubros que debieron dar lugar a nuevas relaciones contractuales", precisó el informe.
Otro punto objetado por la AGN es el incumplimiento de INVAP en el convenio marco de colaboración respecto a la prohibición de realizar subcontrataciones.
Según el artículo 9 del contrato, Invap "no podrá subcontratar el objeto principal del presente contrato" y fija que en caso de incumplimiento "será causa suficiente para la rescisión del contrato por culpa exclusiva de INVAP".
El organismo de control nacional apuntó que ARSAT no adoptó ninguna medida contra Invap por su incumplimiento y lo intimó a hacerlo teniendo en cuenta que la empresa con sede en Bariloche "no realizó la fabricación de los Set Top Box (decodificadores) sino que llevó adelante los procedimientos de adquisición de los decodificadores esto último se contrapone con lo establecido contractualmente".
La AGN constató también que un integrante del directorio de ARSAT se excusó de participar de las modificaciones contractuales con INVAP en una única oportunidad (adenda 4) por haber tenido con anterioridad una vinculación laboral con INVAP. Sin embargo, ese directivo no se excusó de firmar el resto de las cinco modificaciones.
El presidente de la AGN, Leandro Despouy, afirmó que hubo "falta de transparencia y debilidad en los controles" del Ministerio de Planificación y la empresa estatal ARSAT a cargo de esas compras.
Por: José Cretaz
En medio del debate caliente que precedió a la aprobación en 2009 de la ley de servicios de comunicación audiovisual, la presidenta Cristina Kirchner creó mediante el decreto 1148 el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y conformó el consejo asesor ahora cuestionado por la Auditoría General de la Nación (AGN).
La TV digital estatal siempre fue pensada como sustituto del cable y fue una de las herramientas a las que recurrió el gobierno de la Presidenta en la pelea contra los medios de comunicación no alineados, particularmente el Grupo Clarín, principal accionista de Cablevisión, cableoperador que concentra el 45% del mercado de la TV paga.
Por eso se repartieron 1,4 millones de decodificadores, hay otros 600.000 en proceso de compra; se obligó a las operadoras de telefonía paga a ofrecer teléfonos con receptor de TV incorporado y se instalaron rápidamente en Tierra del Fuego las plantas necesarias para ensamblar televisores con la nueva tecnología (de estándar japonés).
En paralelo se empezó a ofrecer Fútbol para Todos en alta definición y se crearon nuevos canales estatales y privados. En resumen, por la TV digital pueden verse una veintena de señales, algunos de los cuales son privados (como CN23, del grupo Garfunkel-Szpolski; C5N, de Cristóbal López; o Arpeggio, de Remigio González, ente otros). Paradójicamente, ninguna de esas emisoras cumple con la ley de medios que exige para el uso de espectro haber participado de concursos y tener licencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Sin embargo, a pesar del esfuerzo estatal (que este año sumará una inversión total de $ 6749 millones), este sistema es la principal forma de ver TV sólo en 100.000 hogares, según un relevamiento de la consultora Dataxis. Otras investigaciones académicas también confirmaron un escaso uso del sistema. Mientras tanto, la penetración de la TV paga (cable y satélite) siguió creciendo y se ubica por encima del 80% de los hogares.
Por otro lado, el plan Argentina Conectada, que prevé desplegar una red de 58.000 km de fibra óptica para brindar servicios de telecomunicaciones (telefonía y banda ancha), fue lanzado en 2010. Hasta ahora, lleva instalados -según cifras oficiales- 30.000 km, pero con excepción del tramo que conecta el continente con la isla de Tierra del Fuego, prácticamente no está operativo. En total, este año la inversión en este proyecto sumará $ 9896 millones.
Argentina Conectada está en manos de Arsat, empresa creada en 2006 para construir satélites (en 2010 debió lanzarse Arsat 1, previsto ahora para septiembre próximo), pero que desde 2009 concentra sus esfuerzos en el despliegue de la red de fibra óptica y en la transmisión de la TV digital oficial.
Informe de Gestión: Decodificadores para Televisión Digital Terrestre
Organismo auditado: Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios
Año: 2014
Invap aclaró sobre la participación en el sistema de televisión digital
La empresa estatal de tecnología Invap aclaró cuestiones acerca de su participación como "integrador tecnológico" en el Sistema de Televisión Abierta y negó irregularidades en su relación contractual con Arsat por la prestación de sus servicios
A través de un comunicado, Invap aludió a "la aparición de artículos periodísticos que sugieren la existencia de irregularidades en el contrato celebrado entre las empresas Arsat e Invap para la implementación de la Plataforma de TV Digital" y consideró que dichas acusaciones "afectan a nuestro nombre y reputación".
"La provisión de los receptores hogareños `Set-Top-Box` no es una mera compra, siendo necesaria una importante gestión técnica para que este eslabón de la Plataforma cumpla con su función específica dentro del Sistema de Televisión Abierta", afirmó la compañía.
También recordó que el contrato con ARSAT fue celebrado en 2010 para realizar el diseño, construcción y despliegue del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, incluidas las estaciones transmisoras, un centro de control y monitoreo, y los decodificadores (o "Set Top Box", STB por sus siglas en inglés).
"Las razones de la contratación directa se fundamentaron por los sobrados antecedentes que posee Invap en la concreción de Proyectos Tecnológicos Complejos, como asimismo la experiencia en el área de Tecnología de Comunicaciones, tanto Satelitales como Terrestres, diseño y provisión de Radares", aclaró la empresa estatal.
Por último, se indicó que el porcentaje de integración nacional en la provisión de los STB alcanzó "desde un 60% en algunos proveedores hasta el 80 % en otros", con lo que se cumplieron "todos los requisitos establecidos originalmente".
Fuente: TelAm
