Por: Andrés Sanguinetti
Antes de que finalice agosto, el Gobierno deberá informar si acepta o rechaza la propuesta final de adecuación a la Ley de Medios que el Grupo Clarín terminó de presentar el viernes pasado.
Será Martín Sabbatella, titular de la AFSCA, el vocero de la decisión. Y son dos las opciones posibles.
Aceptarla y levantar una de las banderas más simbólicas del relato kirchnerista como es la de haber ganado la llamada “madre de todas las batallas”. O rechazar la iniciativa y reconocer la necesidad de mantener viva la llama de la lucha contra el principal enemigo K hasta el último día de gestión de Cristina Fernández.Para optar por uno u otro camino, el Gobierno y su vocero Sabbatella deberán, a partir de ahora, analizar la propuesta global con la que Clarín cerró la última etapa que le faltaba cumplir: la de identificar a los accionistas de las empresas surgidas de la adecuación.
Fuentes oficiales y privadas confiaron a El Cronista que el plan divide las opiniones. Desde la AFSCA se impulsa el rechazo. Incluso, declaraciones de Sabbatella dan cuenta de esta postura. También desde agrupaciones K como la de los militantes rentados de La Cámpora y de despachos cercanos al Ministerio de Planificación Federal abonan esa teoría. Otros funcionarios cercanos a Cristina Fernández pretenden dar por finalizada esta etapa. Argumentan que se cumplió con la idea original de disminuir el poder de Clarín y desmembrar sus activos. Y sostienen que la salida de Magnetto debe ser considerada como un “triunfo”.
Ambas posturas abren una etapa de debate interno que, si se cumplen los plazos indicados por la Ley de Medios, podría extenderse hasta septiembre. Es que Clarín terminó de presentar su plan tres meses antes de que se vencieran los 180 días que tenía para hacerlo. Tras haber informado la escisión del grupo que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Londres en dos sociedades, le puso nombre y apellido a los accionistas que controlarán cada una de esas empresas para cumplir con el artículo 45 de la Ley de Medios.
Esto es, de la unidad uno, que agrupa marcas históricas como Radio Mitre, Canal 13 y TN, entre otras, y los medios gráficos no alcanzados por la norma. Y de la unidad dos, continuadora de Cablevisión, con 24 licencias de TV paga; Fibertel y Metro. Los dueños de la primera sociedad serán José Aranda y Lucio Pagliaro. La segunda quedó para Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. Ambos serán socios del empresario mexicano David Martínez, quien aún no logró que se le apruebe su oferta por Telecom Argentina.
En tanto, las cuatro unidades restantes, que engloban señales de cable y radios y canales del interior, serán vendidas.
La decisión de que Ernestina y Magnetto, las dos figuras más emblemáticas de Clarín, abandonen el grupo se tomó por una lógica de mercado, de factibilidad económica. Para simplificar el proceso de reducción de su actual estructura y de agilizar todos los trámites para evitar que el Gobierno cumpla con su amenaza de encarar una desinversión de oficio.
Por eso, tampoco se dividieron los medios entre “herederos”, un fantasma agitado por Sabbatella. Y se rechazó la posible venta de una de las dos sociedades, en especial por las devaluadas ofertas recibidas de potenciales interesados que midieron el valor bursátil del grupo y el riesgo país que representa invertir en la Argentina para acercar sus propuestas.
De hecho, según analistas de mercado, Clarín vale en bolsa un 75% del precio de grupos de similares dimensiones de otros países económicamente más estables y menos riesgosos.
En esa lógica, quienes idearon la división tuvieron en cuenta las tenencias de los actuales accionistas mayoritarios y el peso que Cablevisión y el resto de los medios poseen en el grupo. Se respetó el 70% que Herrera de Noble y Magnetto poseen en el grupo, y el 30% de Aranda y Pagliaro. Y como Cablevisión aporta el 70% del valor total del holding, los dos primeros cruzaron de vereda para ser los dueños de la nueva Cablevisión. Y Aranda y Pagliaro de la sociedad continuadora de Clarín.
La propuesta global de desinversión también contempla aspectos parecidos a las que la AFSCA ya le aprobó a otros grupos de medios como los de Vila-Manzano y Aldrey Iglesias. De hecho, voceros de Clarín aseguran que el plan es “técnica, jurídica y económicamente inobjetable”, y está en línea con las manifestaciones formuladas por Sabbatella “al referirse a las alternativas de las que disponían los grupos para adecuarse”.
Desde el punto de vista de Clarín, sólo falta que la iniciativa sea aprobada por una asamblea de accionista que el grupo convocó para el 30 de junio. Todo hace pensar que no habrá objeciones, ya que la propuesta también contempla mantener casi sin cambios las tenencias de los accionistas minoritarios, incluyendo a la ANSES. En este sentido, hasta contempla que las unidades escindidas también coticen en las bolsas porteña y de Londres, y que los socios menores tengan participación en ambas compañías para que puedan preservar el mayor valor posible de sus tenencias.
Si el Gobierno opta por aprobar el plan, Clarín iniciará una compleja etapa de cambios y adecuaciones administrativas y de estructuras necesarias para que todas las nuevas sociedades operen y funcionen de manera independiente, con personal, edificios y activos diferentes.
Dudas sobre la “verdadera voluntad oficial”
En Clarín también sospechan que su propuesta podría ser rechazada. Y recuerdan las demoras “en la tramitación de solicitudes y presentaciones realizadas ante diversos organismos públicos, tras la aprobación general del plan en febrero pasado”. Aseguran que estas demoras “abren interrogantes sobre la real voluntad del Gobierno de avanzar en la ejecución del plan, como viene pregonando”. De hecho, algunos funcionarios ya enviaron señales en el mismo sentido. Martín Sabbatella hizo declaraciones que permiten inferir que los conflictos con Clarín se mantendrán. El titular de la AFSCA puso un manto de dudas al advertir que “se va a controlar bien para que no haya trampa” y sostener que “el punto de discusión es a quién le van a vender”. Volvió a hacer referencia a una transferencia a “herederos”, algo que Clarín se encargó de desmentir. Por su parte, Norberto Berner, secretario de Comunicaciones, aseguró que “Fibertel es una empresa que no existe”. Lo hizo en un reportaje en Ámbito Financiero donde anunció la creación de la Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI), para “elaborar una estrategia nacional sobre” la web. Allí sostuvo que a dicha comisión serán invitadas todas las empresas privadas salvo Fibertel. “No puedo invitarla. No me deja la Justicia, porque la Resolución 100 determinó que no existe, que no tiene licencia para brindar el servicio”. Lo que Berner olvidó decir es que un fallo judicial dejó sin efecto esa resolución y que Fibertel continúa operando con normalidad.
Fuente: Diario El Cronista
