El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó indemnizar a la periodista Alejandra Matus Acuña, por la violación a sus derechos a la libertad de expresión y a la propiedad, cometida por la censura de su obra "El libro negro de la justicia chilena".
El CDE aceptó la "proposición de transacción" presentada por la defensa de la periodista, en el marco de un juicio civil iniciado por Matus para conseguir el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a este caso.
El acuerdo fijó el monto indemnizatorio en 30 millones de pesos (unos 55 mil dólares). El libro es una crítica a la actuación de la justicia chilena, en particular en el período de la dictadura militar cuando se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos.
En su informe final sobre el caso, la CIDH determinó que el Estado de Chile violó los derechos humanos de la periodista al aplicar en su contra el artículo 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado.
La Comisión Interamericana declaró que Matus fue víctima de censura por el "Libro Negro de la Justicia Chilena", y que sus libros fueron incautados por orden judicial y estuvieron fuera de circulación por más de dos años. Además, la periodista fue sometida a un proceso judicial que la obligó a salir de su país para evitar ser privada de su libertad.
Finalmente, la Comisión consideró que se "privó a la sociedad chilena del derecho al acceso a la información". Por tales hechos, la CIDH recomendó: "Reparar adecuadamente a Alejandra Marcela Matus Acuña por las consecuencias de las violaciones a los derechos de libertad de expresión y de propiedad".
Con la decisión del CDE se pone fin a la demanda que interpuso la profesional en contra del Estado en 1999, y que tuvo entre otras consecuencias que el gobierno de Chile derogara los artículos 6 b) y 16 de la Ley de Seguridad del Estado, por ser atentatorios contra la libertad de expresión e incompatibles con un régimen democrático de Gobierno.
Matus manifestó su complacencia con la decisión del CDE porque "la CIDH estableció que mis derechos fundamentales fueron severamente dañados por la justicia chilena y ahora, con esta resolución, el Estado chileno finalmente reconoce su falta".
Reseña del caso
La periodista chilena Alejandra Matus escribió El libro Negro de la Justicia Chilena, una investigación periodística sobre la forma en que opera el Poder Judicial chileno. En Abril de 1999, apenas un día después del lanzamiento, el libro fue confiscado y graves cargos se presentaron en contra de la autora. Alejandra Matus estaba a punto de entrar así en los mismos laberintos que ella retrató en su libro.
El ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, ofendido por los contenidos del libro, pidió que se usara todo el peso del artículo 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado en contra de la periodista. Ese artículo era la estrella entre las leyes de "desacato", para las cuales constituye un delito criticar a ciertos poderosos, sin importar si lo que se dice es verdadero o falso.
La periodista y su novio, Jorge Junco, huyeron a Buenos Aires y luego a Estados Unidos, donde ella recibió asilo político. En Miami, fue contratada por el diario El Miami Herald. En esa ciudad, presentó su trabajo en la Feria Internacional del Libro. La obra, que Editorial Planeta autorizó a difundir por internet, recibía 20 mil visitas diarias. En su exilio, la periodista captaba la atención mundial.
Ella continuó presionando para que se cambiara la ley que consideraba la libertad de expresión un delito. Su hermano, el abogado Jean Pierre Matus, la defendió ante las cortes chilenas y presentó su caso en tribunales internacionales. Finalmente, el 25 de mayo de 2001, el Presidente Ricardo Lagos firmó la nueva ley de Prensa, que derogó el artículo 6 b) de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
El 13 de julio de 2001, Alejandra Matus regresó del exilio. Esa semana la entrevistaron en television, la prensa y la radio y el gobierno de Lagos le dio la bienvenida. Unos meses más tarde, regresó a vivir a Chile con su esposo, Jorge Junco.
Pero otras leyes de desacato permanecen en los códigos. El empresario Eduardo Yánez fue procesado por insultar a la Corte Suprema, de acuerdo con el artículo 263 del Código Penal. En materia de libertad de expresión, en el fondo, nada había cambiado.
Alejandra Matus fundó un periódico demasiado independiente para los estándares chilenos, Plan B, que dejó de circular en enero de 2005. Ahora, enseña periodismo de investigación en diferentes universidades y escribe en la Revista Paula.
Fuente: Agencia Xingua, Señales