Por: León Eduardo López
El Presidente de Venezuela reaccionó ante el documento de la ONG con la expulsión del país de los responsables
Las restricciones a la libertad de expresión y el acaparamiento en el control del sistema judicial venezolano son apenas dos de los señalamientos en contra del presidente Hugo Chávez que aparecen contemplados en el informe de Human Rights Watch (HRW) y que provocaron la expulsión de los representantes de esta organización no gubernamental en ese país.
El polémico documento, que llevó diez años de elaboración, pone al descubierto algunas de las acciones antidemocráticas del gobernante sudamericano en estos temas.
"El gobierno del Presidente Chávez ha socavado la libertad de expresión en Venezuela a través de diversas medidas que buscan alterar el control y el contenido de los medios", reza el informe.
Algunas de las restricciones que se plantean en estos temas son la ampliación del alcance de las denominadas "leyes de desacato", con las que se castigan los señalamientos sobre funcionarios que son catalogadas como "irrespetuosas", al tiempo que se han endurecido las penas por calumnias e injurias.
Otro señalamiento es la ampliación de "la vaga definición de incitación" y el endurecimiento de las sanciones correspondientes, lo que habría provocado la "suspensión arbitraria" de canales de TV y radio -RCTV, el más sonado-; además, el informe menciona el restringido acceso a la información pública y el "abusado control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente crítica".
Durante la presidencia de Chávez, quien lleva ya una década al frente del gobierno venezolano, se han dado otros casos como el del periodista Napoleón Bravo, quien fue enjuiciado por "burlarse" del órgano judicial al hacer un comentario sobre la lentitud de sus resoluciones.
Otro ejemplo es el de Julio Balza, un periodista veterano que escribe una columna semanal en el periódico opositor El Nuevo País, se ha enfrentado, desde 2004, a cuatro procesos por difamación debido a sus críticas a funcionarios públicos.
Si bien es cierto que HRW señala que actualmente "aún existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno pueden hacer oír sus críticas y aquellos afines a Chávez expresan su defensa del gobierno", también destaca que el gobernante ha favorecido en este tiempo a los medios de comunicación afines a su ideología, y ha conseguido que estos se inclinen "en forma significativa, a favor del gobierno".
Según HRW, el endurecimiento en las penas por delitos que penalizan las expresiones de parte de medios y periodistas han fortalecido la capacidad del gobierno de limitar la libertad de expresión, creando a su vez mecanismos de autocensura para los medios opositores.
Estas medidas han servido como pretextos para justificar el cierre de algunos medios y el aumento de la mordaza para los periodistas contrarios al régimen.
Secuestro de la justicia
El otro tema que recibe duras críticas en el informe de HRW es la falta de independencia en el poder judicial, algo que se consiguió mediante artilugios legales que permitieron que el Tribunal Supremo de Justicia se copara de militantes chavistas.
En 2004, el presidente llenó de aliados el ente encargado de administrar justicia, con lo que logró que este abdicara su rol como contralor de las acciones arbitrarias del estado y su función como garante de las libertades individuales.
La modificación de esta ley, según reza el informe, permitió al partido de Chávez utilizarla "para designar magistrados afines cubriendo las 12 nuevas vacantes (en un tribunal que antes tenía 20 miembros) con aliados políticos. Este nuevo Tribunal Supremo de Justicia posteriormente destituyó y designó a cientos de jueces de los tribunales inferiores".
De este modo, desde su recomposición, el tribunal se ha mostrado obediente y timorato frente a las medidas impulsadas desde el Ejecutivo y que amenazan los derechos fundamentales de los venezolanos. Una muestra de esto es la pasividad con la que, según HRW, actuó el tribunal en casos prominentes sobre medios de comunicación y sindicatos.
Para enmendar esta situación, la organización recomienda que se adopten medidas que le devuelvan la legitimidad al Tribunal Supremo de Justicia, luego de las elecciones de 2010, mediante un proceso de ratificación de magistrados.
Además de los anteriores, el informe presentado por HRW aborda las temáticas de discriminación política, sindicatos, sociedad civil y el futuro de la democracia venezolana.
Fuente: El Salvador
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