La libertad de prensa en la Argentina se ha visto ensombrecida durante este año por reiterados episodios, dirigidos contra los medios de comunicación y provenientes del poder político.
Este deterioro obliga a AdEPA a mantener una actitud de alerta y vigilancia. Rescatamos empero, con alguna expectativa, ciertos gestos recientes como el diálogo instaurado con el actual Jefe del Gabinete de Ministros, aspirando a que el mismo se refleje en una nueva actitud hacia la prensa por parte del Gobierno.La conflictiva relación del Poder Ejecutivo Nacional con el periodismo, cuya seriedad AdEPA viene señalando en los últimos años, se agravó a partir del prolongado conflicto con el sector agropecuario. El Gobierno buscó desplazar el foco de la cuestión y volvió a recurrir a la práctica de estigmatizar a medios y periodistas ante opiniones o lecturas de la realidad diferentes de la oficial, llegando en este caso a caracterizar a algunos como enemigos de las instituciones.
Desde el más alto nivel de conducción del país, se instaló un clima de suspicacias hacia la labor de la prensa con acusaciones infundadas. Haciendo interpretaciones extremas de noticias y opiniones periodísticas, se adjudicó inspiración golpista a algunos colegas y se calificó de mensaje cuasi mafioso a una caricatura.
La preocupación se acentuó con la aparición de voceros paraoficiales que atacaron a los medios de prensa con campañas de afiches cuya financiación se ignora. También, con amenazas a la seguridad personal de editores y periodistas, como ocurrió con la violación y divulgación de correos electrónicos. Y hasta con convocatorias a movilizaciones a las puertas de algunos medios, con claro propósito intimidatorio. No pueden soslayarse en este sentido las campañas sistemáticas contra Clarín, La Nación, Perfil, o Radio Continental, entre otros, y sus periodistas.
Asimismo ha preocupado la aparición de una serie de medidas y proyectos destinados a afectar –directa o indirectamente– el desenvolvimiento de los medios. La apelación al Observatorio Público contra la Discriminación en Radio y Televisión como un mecanismo de vigilancia de los medios de prensa, es un ejemplo. O el repentino interés por modificar la ley de radiodifusión, cuya necesidad AdEPA no cuestiona, aunque alerta sobre los riesgos que puede implicar para la libertad de prensa hacerlo sin un detenido análisis ni ánimo de consenso.
AdEPA convoca a la tolerancia y rechaza la frecuente utilización de agravios y hasta de violencia por parte del oficialismo, para contestar informaciones y comentarios que contrastan con su visión de los hechos. La labor periodística no puede estar exenta del disenso, la opinión y el debate. Pero cuando ese intercambio se reemplaza por el ataque personal, la amenaza permanente, la no aceptación del pluralismo o un clima de temor y de impunidad, se encienden luces amarillas para la vida democrática.
Como ocurriera en años anteriores, se reiteró la presión al periodismo independiente a través de la adjudicación arbitraria de la publicidad oficial tanto en la Nación como en Provincias y Municipios. Esta situación puede verse como la antesala de hechos más graves que afectan la subsistencia del periodismo libre en algunos países de América Latina, tal como ocurre Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Si bien un gobierno no puede ser obligado a distribuir publicidad oficial entre todos los medios, resulta lesivo para la libertad de prensa que esa distribución se realice de manera arbitraria.
En nota enviada a los legisladores en el año 2007, AdEPA consideró que, una ley sobre un tema tan importante, debería satisfacer prioritariamente el derecho a la información de la sociedad sobre los actos de los tres órganos del gobierno. Es importante evitar que la publicidad oficial se desnaturalice en la propaganda gubernamental, suprimir toda discriminación arbitraria que responda a una política de premios y castigos, y en definitiva, consolidar las instituciones democráticas y la esencia republicana con criterios en los cuales impere la razonabilidad y la transparencia.
La asignación discrecional de la publicidad , solventada con dineros de los contribuyentes, representa, en primer lugar, una discriminación informativa que perjudica a los ciudadanos. De manera concomitante, la ausencia de normas o parámetros en la distribución publicitaria puede generar falsa competitividad en determinadas empresas y, por lo tanto, producir distorsiones en el mercado de las publicaciones periodísticas.
La construcción de una relación madura entre el estado y los medios es una asignatura pendiente. Gobiernos que pretenden influir sobre los contenidos de los medios periodísticos por una parte, y por la otra, periodistas y medios de prensa que, pese esos intentos, realizan con rigor profesional la tarea de informar son la muestra de una discordancia que es preciso superar.
A través de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, medios y periodistas recibieron un reconocimiento a su labor, fundamental para permitir no sólo el conocimiento sino la discusión más abierta y transparente de los actos de gobierno. En efecto, a través del fallo en el caso “Patitó c/ La Nación”, el máximo tribunal ratificó la teoría de la real malicia, asignando a la libertad de expresión un valor estratégico de rango constitucional.
Muchos son los problemas que arrastra la prensa argentina desde la desvastadora crísis de 2001-2002, que afectó a todos los medios, pero que dejó secuelas de difícil recuperación en publicaciones medianas y pequeñas del interior del país. Estas situaciones hacen, en muchos casos, a la propia supervivencia de medios que alimentan, a lo largo y ancho del país, la enorme diversidad de voces que caracterizan a nuestros medios, con escaso parangón en América Latina. La Argentina es uno de los países del mundo con mayor cantidad de diarios y revistas, y lo mismo sucede con el resto de los medios de comunicación. Esa diversidad es un activo estratégico que debemos resguardar.
Un capital que, más allá de las coyunturas políticas y de la sana tensión que por definición están llamado a tener los medios con el poder de turno, es un valor a defender a largo plazo, como política de Estado, para bien de todos los argentinos.
