El debate sobre una futura ley de radiodifusión debe contemplar efectivamente la representación de los actores sociales. En este marco la universidad también tiene responsabilidad en la construcción de actores políticos.
Por María Graciela Rodríguez* y Santiago Marino**
Participamos de la reactivación de un debate tan necesario como ocultado por 25 años: la necesidad de sancionar una ley de radiodifusión democrática en democracia. Esa discusión se da en el marco de un conflicto político intenso que permitió observar el modelo hegemónico de producción de sentido (y por ende de consensos) sobre los acontecimientos. Este modelo, derivado de la concentración de la propiedad de medios, exige un análisis amplio sobre las dinámicas políticas, el marco normativo y también sobre el concepto de “representación”, elemento cultural y político clave.
La radio y la televisión utilizan el espectro radioeléctrico, un espacio finito y declarado patrimonio de la humanidad. Por pertenecer a todos los ciudadanos debe ser administrado por el Estado, cuya acción requiere garantizar el derecho a la información. En Argentina es regulado por el decreto-ley 22.285, sancionado en la dictadura más cruel de nuestra historia. Las reformas realizadas en el sistema democrático –por acciones del Estado y presiones del mercado– empeoraron las condiciones de acceso y participación (sobre todo ésta) de los ciudadanos a la comunicación. Porque la concentración de la propiedad de medios y la centralización de la producción/distribución de discursos afectan la democracia y la construcción de identidades nacionales, en la que acciona –entre otros– el concepto de representación.
En tal contexto, es necesario garantizar la construcción de distintas voces, para acercar lo más posible la brecha entre la representación política y la cultural, tándem que –en el contexto mediático nacional actual– aparenta ser una misma cosa y sin embargo está lejos de serlo.
Parece una idea simple: la representación, por definición, no puede abarcar a todos los sujetos. Acaso por eso mismo, la representación política es la base del funcionamiento democrático. La democracia opera constitutivamente a partir de disensos y consensos. Si éstos no existen habrá otra cosa, pero no democracia. La representación política, que por definición implica un desfase con aquello que dice representar, es entonces el lugar de apoyatura del debate público. Por su parte, la representación mediática es, en un sistema mercantilista, de otro carácter: la orientan intereses privados y comerciales. Los medios ponen en circulación bienes culturales portadores de significados y regidos por las lógicas del mercado; que son a la vez mercancía y vehículos de significación, que no sólo poseen un valor (económico) de cambio, sino que son condición y motor para el establecimiento de consensos. Por eso mismo presentan una arista sumamente delicada en la construcción democrática.
En esta trama se construye la ilusión de que la representación democrática y la representación mediática son equivalentes. Pero mientras que la superficie mediática da visibilidad a actores sociales diversos (seleccionados por criterios de noticiabilidad y de potencialidad de venta), la trama institucional democrática corre por otros andariveles.
Así, las representaciones que los principales multimedios (señales de noticias de TV por cable, Grupo Clarín, diario La Nación) realizaron del lockout agropecuario, superpuestas de modos complejos con las representaciones políticas, construyeron una ilusión que no es sólo causa, sino también parte constitutiva del problema.
Los medios no pueden darles voz a todos los actores sociales sin traicionar su propia lógica mercantil. Las instituciones democráticas no pueden desatender la voz de las mayorías sin traicionar su propia lógica republicana.
Existe una necesidad pública de avanzar hacia una regulación nueva y democrática. La sanción de un marco normativo democrático es condición necesaria pero no suficiente. La acción no se agota con la ley, son complementarias las gestiones de control y la militancia social. El nuevo marco normativo deberá garantizar las condiciones democráticas que definen claramente los “21 puntos por una radiodifusión democrática”. Pero además deberá permitir –en su espíritu y aplicación– la representación de todos los sectores. Sólo así podremos darle más democracia a la democracia.
* Magister en Sociología de la Cultura, docente UBA y Unsam.
** Magister en Comunicación y Cultura, docente UBA.
Fuente: PáginaI12
Otras Señales
