Es un día como cualquier otro en Buenos Aires. Juan se levanta a la mañana para ir a trabajar y mientras desayuna hojea los diarios. Le interesa estar bien informado y tener en cuenta diferentes perspectivas. Sin embargo, en la propiedad de los tres diarios nacionales que leyó participa de algún modo un mismo dueño: el Grupo Clarín. Propietario también de su canal de televisión favorito de aire, o del canal de informaciones de cable. O del de deportes. En realidad, la provisión de la señal de cable pertenece al Grupo Clarín. Tampoco podría cambiar de proveedor, porque el otro sistema de cable también pertenece al Grupo Clarín. Como también provee el servicio de Internet que llega las computadoras de su oficina, y de su casa. Y de la agencia de información más importante del país, que alimenta con noticias a todos los medios nacionales regionales, provinciales locales e internacionales. Y en muchas de las ciudades del interior, la presencia del Multimedia todavía es mayor, más absoluta, única.Por el equipo de Actitud
Para botón bien vale una muestra, dice el dicho. Y la televisión por cable constituye algo más que un botón de lo que representa la concentración en el mundo de los medios argentinos. Un sector en explosivo crecimiento y con cada vez más peso en la programación que consumen los espectadores de todo el país. Y téngase en cuenta que el cable además proporciona a los hogares que llega el servicio de Internet, comenzando ahora la carrera por la provisión a través sus tendidos también de telefonía, lo que se denomina Triple Play, el negocio del futuro.
Frente a tan estratégico servicio, Clarín ha conseguido una posición dominante y concentradora gracias a alzarse como propietaria de la fusión de las empresas líderes de cable, Cablevisión y Multicanal.
Argentina es el cuarto país del mundo en penetración de la TV por cable por hogar, detrás de Canadá, EE.UU. y Dinamarca (Fuentes: INDEC, ATVC, EccaEuropean Cable Communications Association y NctaNational Cables and Telecommunications Associations).
El desarrollo del cable en nuestro país tuvo inicio en la década del 80 y se apoyó en dos ejes: la implantación en zonas semi rurales o en localidades distantes que carecían de buenos servicios de antenas, y en la oferta de un servicio de calidad en la zona norte del Gran Buenos Aires para usuarios de alto poder adquisitivo. Otro de sus beneficios era la ausencia de publicidad que interrumpiera la programación.
Hacía 1988, antes de la etapa de las privatizaciones, se estimaba que había 500 mil suscriptores de cable, apenas un 8 % de la población. En la actualidad hay cerca de 6 millones de abonados a la TV por cable, o sea el 56 % del total de hogares, según datos de ATVC.
Unas 700 empresas que brindan el servicio de TV por cable, el año pasado facturaron 2552 millones de pesos, según los datos de la ATVC. La facturación del último ejercicio de Multicanal fue de 638,4 millones, y la de CableVisión, de 883,5 millones. Por cantidad de abonados, en el ranking sigue Supercanal, del grupo mendocino Vila, (aunque Clarín posee el 20 %), con 404.500 abonados; DirecTV (DirecTV Group), con 440.000, y Telecentro, del empresario y ex diputado Alberto Pierri, con 200.000. El resto se reparte entre otros operadores del interior, entre los cuales se destaca la red Intercable, con 290.000 suscriptores.
Según el gráfico 1, la concentración que logró el grupo Clarín alcanza niveles del 85 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene una penetración similar en varias ciudades del conurbano e interior del país. Analicemos estas evidencias: ¿Qué hubiera pasado si Juan, estando abonado a TPO (Televisora Privada del Oeste) de la localidad bonaerense de Merlo, habría querido ver fútbol por cable? No lo hubiera podido hacer. Juan, como otros abonados habría sido víctima de una traza que la ley antimonopolio (reglamentada por el Decreto 89/2001) califica como negativa de venta. Según Marcelo Massatti, apoderado de la Cámara de Cableoperadores Independientes (CCI), TPO, que es socio de Multicanal y competidor de CableVisión, sufrió no sólo el retiro de las señales TyC Sports y TyC Max sino que desde el mes de abril de 2007 sus abonados se vieron privados de ver la programación emitida correspondiente a las señales HBO, HBO Plus, HBO Family, Cinemax, Max Prime, Warner Channel, A&E, AXN y Animax, por decisión del Grupo Clarín. Pero si Juan hubiese vivido en la ciudad de Punta Alta la situación habría sido otra. Gozaría del servicio que Multicanal le brinda por la módica suma de $ 37, con conexión gratuita, tres meses sin cargo y un paquete de canales premium (todas las señales de HBO, Movie City, fútbol codificado y Venus) por apenas $ 6 más por mes. Claro está que si, por alguna cuestión, debiera mudarse a sólo 30 kilómetros de su ciudad, en Bahía Blanca el abono mensual de la misma operadora de cable le costaría $ 84, sin incluir el paquete "premium".
Estos escasos 30 kilómetros le significan a Juan un incremento de sus gastos, cuando la prestación y la prestadora es la misma en una y otra ciudad. Pero la práctica es habitual para el Grupo Clarín, que ingresa a los sectores regionales con precios por abono muy inferiores a los del resto del país a fin de debilitar a sus competidores y así quedarse con el total de los abonados.
A esta modalidad, la ley antimonopolio la denomina precio predatorio.
Otro tanto le habría sucedido a Juan si hubiese sido abonado a cualquiera de las 31 operadoras de la Red Intercable en enero de 2003. Como la empresa Trisa en la que el grupo tiene el 50 % del paquete accionario y controla la señal TyC según denuncia el presidente de la agrupación de cables, José Toledo al renovar el canon anual elevó éste de tal forma que pasó a ser el 48 % del volumen que pagaban las empresas por el total de los contenidos de toda la grilla de programación. Este caso es un ejemplo de abuso deposición dominante en un mercado, también contemplado en la Ley 25.156. Más allá de entrar en tecnicismos, estos ejemplos sirven para demostrar que sea como monopolio de hecho o corno oligopolio con posición dominante, el Grupo Clarín se sigue consolidando como "el" jugador concentrador en el mercado de los medios de comunicación argentinos. Una historia en la que creciendo a través del diario, el Grupo se consolidó como multimedia gracias a las concesiones de cada gobierno de turno.
Los primeros pasos del holding hacia la inserción, y posterior expansión en el mercado de las comunicaciones, comenzaron en una dictadura militar. Con el objetivo de dejar de depender de los insumos extranjeros para poder publicar diarios o revistas, los principales periódicos obtuvieron del gobierno de Onganía la decisión de construir la planta de Papel Prensa. Se crea entonces el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa (Decreto Ley 18.312 de agosto de 1969) y se fija una tasa de contribución del 10 % a la importación de papel hasta montar la fábrica de papel argentina. De esta manera, todos los diarios del país pagaron el 10 % de sus importaciones durante los siguientes 10 años para crear Papel Prensa.
Más adelante, la protección arancelaria para la importación del papel aumentaría al 48 %, por lo que la empresa se convertiría en la única alternativa posible para la adquisición de papel por parte de cualquier diario. Para 1977, Papel Prensa estaba constituida de forma cuatripartita: sus acciones se repartirían en forma equivalente entre los diarios Clarín, La Nación, La Razón, y el Estado.
Tres empresas del rubro periodístico se quedaron, a un precio irrisorio el traspaso de acciones se había realizado por un valor tres veces menor con la planta que el resto de los diarios argentinos y, en consecuencia, sus lectores, habían pagado para fundar.
El diario La Razón, como consecuencia de su quiebra en la década de los 80, le vendió todas sus acciones de Papel Prensa al holding. Sin embargo, el paquete accionario, en vez de costar 20 millones de dólares como aseguran los expertos, le costó al Grupo 6 millones. Más tarde, en los 90, la Cámara de Apelaciones iniciaría juicio político al juez Foiguel López por haber autorizado la venta de las acciones a precio vil, pero no hubo resolución al respecto.
Luego de la derrota de Malvinas, según cuenta Pablo Llonto en su libro La Noble Ernestina, a diferencia del resto de los medios que corrieron apresuradamente a alinearse con los nuevos tiempos democráticos que se venían, Clarín consideró que aún había cosas que negociar con Bignone.
El objetivo eran las acciones del Estado de Papel Prensa SA, y el último general del proceso redactó el decreto de venta por seis millones de dólares. Acuerdo que finalmente sería anulado por Raúl Alfonsín, al estimar que la parte del Estado en Papel Prensa valía por lo menos 25 millones. Para esta época, Clarín ya tenía participación accionaria además de en Papel Prensa en la agencia Diarios y Noticias y controlaba la impresión de libros y revistas desde Artes Gráficas Rioplatense S.A.
También fue durante la década del 80 que Clarín compró Radio Mitre, muy a pesar de que la Ley de Radiodifusión 22.285 entonces prohibía a los dueños de diarios ser propietarios, socios o tener vinculación alguna con una emisora de radio o televisión. Radio Mitre, cuenta Julio Ramos en Los cerrojos a la prensa, pertenecía a una sociedad formada por Pablo Gowland, Joaquín Oteiza, Julio Moyano y Víctor Dápiche.
Moyano era también el responsable artístico de la radio. Ante la debacle económica y la abultada deuda que la sociedad tenía con el Banco Mariva, en el cual tenía también participación accionaria Clarín, Julio Moyano vende sus acciones a fines de 1985. Sus socios, al desaparecer el principal operador de la emisora, deciden transferir sus acciones a Clarín.
Entre fines del 85 y comienzos del 86, el directorio de Mitre cambió su composición e ingresaron dos nuevos integrantes provenientes del Banco Mariva. Abel Maloney redactor de Clarín y posterior gerente general de la emisora, fue la cabecera de playa para definir, según Llonto, quiénes quedarían en la emisora y a quienes se despediría.
La 790 había empezado a pertenecer a Clarín en violenta infracción al artículo 45 de la citada ley, pero nada se hizo al respecto. Con la Ley de Reforma del Estado 23.696, sancionada por el gobierno de Menem, se les permitió a las empresas periodísticas el acceso a las licencias de radiodifusión. Con lo cual, el primer paso hacia la privatización, previo a las telefónicas o aerolíneas, fue la convocatoria por parte del Estado a concurso público para la adjudicación de las licencias de las emisoras de Canal 11 y Canal 13.
Esta operación iba a convertirse en el símbolo de una estrecha relación entre el Grupo Clarín y el modelo rentístico impulsado por la administración central. Con las nuevas normativas vigentes, propulsadas por la presidencia de Menem, el holding volvía a encontrar las reglas de juego a su favor para profundizar el proceso de concentración económica, expansión y supremacía en el mercado comunicacional. En 1992, el holding realiza dos adquisiciones importantes que lo posicionarán en forma privilegiada dentro del mercado de la telefonía móvil y de la televisión por cable. A través de la asociación con el grupo estadounidense GTE, explota la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), actualmente Claro (comprada por América móvil). Por otra parte, según refieren Albornoz, Mastrini, Hernández y Postolski en su libro Al fin solos, el holding adquirió el sistema de cable Video Cable Privado (VCP), que más tarde pasó a ser Multicanal y que hasta el año 2000 fue la principal operadora de cable en la Argentina y en América latina. Según el Decreto 264/98, los prestadores del servicio de telefonía básica y de larga distancia debían ser operadores de telefonía móvil y de redes físicas de TV por cable, con lo cual el Grupo Clarín ya se encontraba habilitado y compitiendo con Telefónica y Telecom, entre otros. En esos años, también aparece Carlos Ávila con los derechos de televisación del fútbol argentino, cedidos por la Asociación de Fútbol Argentino por cinco años. Previo pago de derechos, la AFA debía autorizar que cada viernes se enfrentara un equipo grande contra uno chico, para poder vender esos partidos en el interior. Al poco tiempo, nacen dos empresas: Televisión Satelital Codificada (TSC) y Telered Imagen S.A. (Trisa) y, en cuestión de semanas, era Clarín quien tomaba las decisiones en la AFA. La creación de un canal de cable deportivo (TyC) y el diario deportivo Ole fueron la natural evolución de este proceso.
En 1999, el Grupo Clarín se constituye como una sociedad anónima siendo sus accionistas mayoritarios Ernestina Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. Posteriormente, se vendió el 18 % de sus acciones al grupo financiero Goldman Sach Group por un monto de 500 millones de dólares, lo que le permitió al holding reducir sus pasivos y contar con una nueva fuente de financiación. El Banco de Inversión Goldman Sachs &Co es uno de los grupos de inversión más grandes del mundo y el banco intermediario del megacanje de deuda del año 2000 que realizara el gobierno de De la Rúa. Mientras tanto, un nuevo diario había aparecido sacudiendo el escenario menemista.
Con un tono zumbón e ingenioso, PáginaI12 se asienta en las capas medias de la Capital Federal disputándole una pequeña franja de público al Gran Diario Argentino. A mediados de la década, con Menem como presidente por segunda vez, comienzan a caer sus ventas. Sin embargo, mediante un pase de manos y siete millones de dólares, la publicación cambia de propietario.
El control del diario "progresista" por parte de Héctor Magnetto, es un hecho. Sin embargo, todo este proceso de compras y fusiones iban a significar un enorme endeudamiento del Grupo Clarín, quien, beneficiado por sus calificaciones financieras internacionales había conseguido crédito externo a tasas internacionales, sin el spread adjudicado por el "riesgo argentino".
La debacle económica de 2001 colocó al holding en una situación financiera muy difícil. Sin embargo, las disposiciones legales no tardaron en adaptarse nuevamente a su situación. En 2002, el Decreto 1269/02 modifica la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, que en su artículo 206 preveía que la reducción de una sociedad es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el cincuenta por ciento del capital.
Una sociedad sin capital no puede, entre otras cosas, llevar a cabo su objeto ni ofrecer a los terceros acreedores la garantía al cobro de sus créditos, motivo por el cual la ley disponía su disolución. No obstante, el nuevo decreto suspendió tal artículo atentando así contra uno de los principios básicos de la Ley de Sociedades.
Dicha suspensión era temporal, pero en 2003 un nuevo decreto disponía una prórroga hasta diciembre de 2004, por entender que la situación de emergencia pública se mantenía. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, las empresas más poderosas endeudadas, entre ellas el Grupo Clarín, ejercieron la influencia necesaria para que la pesificación se extendiera a las deudas contraídas con la banca local.
Esta nueva disposición legal le permitió al holding la licuación de pasivos con el sistema financiero local por un monto total de 56,8 millones de dólares, según información suministrada por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina. Las modificaciones de sistema legal a favor de Clarín durante la administración Duhalde no cesarían, y así se llega a la sanción de la Ley de Preservación de Patrimonios Culturales 25.750, bautizada por el diario Ámbito Financiero como "Ley Clarín".
La devaluación por la que abogó desde sus medios Clarín había licuado sus deudas nacionales, pero había acrecentado en pesos su fabulosa deuda internacional, de más de 1.200 millones de dólares (casi el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires del año 2003).
La ley concedida graciosamente por el Congreso rezaba que la propiedad de los medios de comunicación debe ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30 % del capital.
De esta manera, Clarín evitaba que sus acreedores reclamasen la propiedad de alguno de los medios pertenecientes al grupo a cambio de la deuda contraída (el denominado "cram down") lo cual significó una sólida base desde la cual negociar la deuda con acreedores que ya sabían de antemano que no podían hacerse del activo para el cual habían prestado el dinero. Paradójicamente, la fiscal Gils Carbó ha denunciado que el Grupo Clarín ha violado la ley de patrimonios culturales en relación a la posesión del 40 % del paquete accionario de Cablevisión por parte del grupo extranjero Fintech. Un mínimo colateral frente a tantos beneficios.
En el año 2005, una nueva medida oficial vuelve a beneficiar al Grupo. Es sancionada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley 1.877, que regula la instalación en el espacio público aéreo de redes de televisión por cable y sus servicios complementarios.
En la nueva norma, aquellos prestadores que ya poseyeran una red operativa en funcionamiento, entre los que se encontraban Cablevisión y Multicanal, podrían mantener sus redes en el aire en casi todo el territorio asignado, mientras que las futuras empresas que pretendieran prestar el servicio de TV por cable debían instalar sus redes bajo tierra. La diferencia entre una y otra opción, radica en el excesivo costo que conlleva la instalación de los tendidos bajo tierra comparado con un simple cableado aéreo. Como el plazo de diez años para soterrar todo cableado, ordenado por el ex intendente de la ciudad Jorge Domínguez, vencía el mismo 2005, la disposición de Aníbal Ibarra prorrogaba ese plazo y exoneró a las empresas tanto de pérdida de sus licencias como de las abultadas multas que debían ser abonadas por el incumplimiento.
En la actualidad, la última información que circula por los medios locales anuncia que la gestión de Mauricio Macri se encuentra trabajando en un nuevo proyecto de ley que exigiría soterrar el cableado aéreo. Sin embargo, aún no se ha aclarado quién invertirá el monto de 300 millones de dólares que conlleva cumplir con la normativa vigente. No sería la primera vez que la proposición de una nueva medida oficial, que modificara otra anterior, beneficie al Grupo Clarín. En los medios de comunicación argentinos existe una situación que ni George Orwell imaginó en su lúgubre libro 1984, quizá porque el escritor no previo los desarrollos tecnológicos que permitirían el dominio actual del Gran Hermano. Y el Grupo Clarín va por más, pretendiendo hegemonizar todas las innovaciones; como el Triple Play, que le permitiría proveer simultáneamente televisión de calidad digital, Internet de alta velocidad y telefonía a bajo precio, donde ya comenzó a mover sus fichas para dominarlo.
La estrategia del Grupo Clarín es muy clara y simple: generar, magnificar o aprovechar las debilidades de las distintas administraciones gubernamentales para socavar su poder y después extraerle concesiones desde una posición de fuerza. Así, gobiernos que fueron doblegados por el Grupo, le concedieron la autorización activa o pasiva de medios cuya posesión simultánea está prohibida en todo el mundo democrático, la licuación de deudas que lo hubiera llevado ineludiblemente a la quiebra, el control de la producción de papel subvencionado por el Estado, la asignación del mayor porcentaje de pauta publicitaria que desde los gobiernos nacionales, provinciales y locales se otorga a empresas de medios y la absoluta pasividad de los organismos de control ante los manejos monopólicos. Un largo camino de expansión geométrica y sin límites, que se inició cuando el 2 8 de agosto de 1945 Roberto Noble fundó el diario bajo el lema Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. El que luego pasaría a ser autodenominado publicitariamente "el gran diario argentino", para erigirse hoy, todopoderoso, como "el gran monopolio argentino"
El Triple Play ya está entre nosotros
La última tecnología en telecomunicaciones, el Triple Play, combina los servicios de telefonía, televisión e Internet en una misma red transmitidos a través de un único soporte físico y prestados por un mismo operador. La conjunción de los tres servicios en uno promete una mejor eficacia en las prestaciones llevando a los hogares la calidad digital, la apertura a nuevas posibilidades en telefonía, la posibilidad para el cliente de crear su propia programación seleccionando los contenidos que él quiera (películas, noticias, juegos, música, etcétera) en el preciso momento en que él lo desee y un abaratamiento de los costos, dado que el "paquete" de prestaciones debería ser más económico comparado con la contratación de cada uno de los tres servicios por separado.
El mercado argentino de telecomunicaciones e informática ha mostrado en los últimos años un crecimiento sostenido de más del 25%, según Prince&Cooke, por lo que la batalla por el mercado en el país recién comienza.
En la Argentina, Telecentro es el primer cableoperador que ofrece triple play en su concepción original, sin embargo, no estará solo en el mercado por mucho tiempo. El Grupo Clarín lanzará su producto a nivel nacional el próximo año, mientras que Telefónica, Telecom y el Grupo América Móvil, propietario de Claro y Telmex, pujan por la posibilidad de transmitir imágenes, actualmente sólo las empresas de cable están habilitadas por la legislación vigente para ofrecer Triple Play.
Para accederá la nueva tecnología que suministra información, entretenimiento y comunicaciones a la vez, el cliente no tendrá que realizar grandes modificaciones en sus instalaciones actuales.
Básicamente, requerirá de un nuevo módem, una caja decodificadora y un teléfono especial que permita transmitir voz por Internet. Sólo la instalación básica deberá reformarse en tanto los distintos servicios deben llegar a diferentes artefactos y ambientes.
Es evidente que aquella empresa que detente el control del servicio de cable y su consiguiente soporte de redes tendrá una ventaja operativa considerable al respecto de sus competidoras, ya que en definitiva, más allá de sus prestaciones, el Triple Play consiste en la transmisión de datos en grandes cantidades y velocidades.