Con sus detalles en secreto, el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, tiene lista la nueva regulación de medios y del triple play. Incluye crear un espectro estatal, otro privado sin fines de lucro y un tercero comercial.
Por Martín Piqué
Apenas se supo que el kirchnerismo había logrado aprobar las retenciones móviles, frente al Congreso comenzó a juntarse gente para festejar. Para el Gobierno había sido la batalla parlamentaria más dura desde que comenzó el mandato de la Presidenta. Entre los manifestantes en la plaza del Congreso estaba el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, Mariotto recibió allí muchos saludos, palmadas en el hombro y comentarios de aliento.
“Ahora te toca a vos.” Los saludos a Mariotto tenían una explicación. En el oficialismo aseguran que luego de que se discutan las retenciones en el Senado llegará el turno de la nueva ley de radiodifusión. “Será otra dura batalla”, pronostican desde la Casa Rosada. Mariotto ya tiene listo el texto del proyecto de ley, la “ley de servicios de comunicación audiovisual”, y cuenta con la aprobación entusiasta de la propia Cristina Fernández.El proyecto que terminó de elaborar Mariotto con la asistencia de otros académicos especialistas en comunicación está guardado bajo siete llaves para evitar filtraciones y lobbies. Una copia la guarda la Presidenta entre sus papeles más reservados, otra está en manos del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Abogado que gusta del perfil muy bajo, Zannini es el arquitecto legal del oficialismo y quien supervisa los últimos detalles de cada iniciativa en el Parlamento. El proyecto contiene más de 80 artículos que proponen una nueva legislación inspirada en los marcos regulatorios de Estados Unidos y Europa, para todos los aspectos de la comunicación mediática. Como en el Gobierno imaginan que habrá resistencia de una parte del sector involucrado, cada artículo está fundamentado con citas de legislación comparada.
Hace diez días, Mariotto regresó de Estados Unidos tras una visita de varios días. En Washington se entrevistó con legisladores republicanos y demócratas que están debatiendo los frenos legales a la concentración de medios en una misma área de influencia. Acompañado por el embajador Héctor Timerman, el titular de TelAm, Martín Granovsky, y el coordinador general del ComFeR, Luís Lázaro, Mariotto mantuvo reuniones con el legislador demócrata Jay Insley y John Giusti, encargado de asuntos internacionales de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). De regreso en Buenos Aires, Mariotto aceptó conversar con PáginaI12 sobre el resultado del viaje. “Los republicanos, más proclives a la concentración, cuando se enteraban de la realidad argentina se agarraban la cabeza. No podían creer la fotografía de la actual concentración mediática en la Argentina.”
–En el imaginario social, Estados Unidos no se caracteriza por la intervención del Estado sino por dejar al mercado sin demasiadas regulaciones. ¿Con qué realidad se encontró en materia de medios?
–Están viviendo un debate. Están muy preocupados porque no se concentren en pocas manos los medios de una misma área de cobertura, de una misma región. Las leyes de comunicación en Estados Unidos garantizan libertad de expresión sobre la base de leyes antimonopólicas que también tiene la sociedad norteamericana y que son muy fuertes. En Estados Unidos hay muchos medios de comunicación y muchas voces que se expresan, pero también se ve una tendencia a concentrar. Entonces aparece el Estado en su función, en su rol parlamentario, para profundizar el debate y pedir mucha información cada vez que un empresario quiere comprar otro medio en una misma área de cobertura. Y la sociedad también pide mucha información. En Argentina, en cambio, en los últimos 25 años vivimos un fenómeno de concentración casi sin debatirlo. Parece que fuera natural.
–¿Cómo es la legislación estadounidense en materia de comunicación?
–El Estado es absolutamente claro en fijar normativas para garantizar la libertad de expresión. Porque hay una preocupación de los funcionarios, de la Comisión Federal de Comunicaciones, de los parlamentarios y de la sociedad, que busca garantizar múltiples puntos de vista. Eso hace a una democracia real y plural y participativa, como corresponde. Concentrar, en cambio, significa restringir puntos de vista. En Estados Unidos y la Argentina llegamos a un lugar filosófico del debate pero con dos realidades distintas: los norteamericanos están discutiendo para que el sistema de medios no se concentre y nosotros para que se pluralice.
–O para atenuar la concentración ya existente.
–Nosotros buscamos garantizar pluralidad, no atenuar concentración solamente. Garantizar que haya muchas más voces que puedan expresarse. Por eso el proyecto de la ley que hemos terminado garantiza que personas jurídicas sin fines de lucro, el Estado y las personas jurídicas con fin de lucro dispongan del 33 por ciento del espectro cada una. Para que esa pluralidad de voces ya tenga un status legal y que a la pregunta de quién es el que emite, haya diversidad de respuestas.
Pluralidad
Entre los más de ochenta artículos del proyecto, se pretende fijar un marco regulatorio para el inminente desembarco en el mercado argentino de un paquete de nuevas tecnologías. En particular la televisión digital y el triple play: la posibilidad de brindar servicios de TV por cable, telefonía e Internet a través de un mismo canal. En la regulación que se propondrá se prevé favorecer la pluralidad de voces, para lo cual el Estado concederá licencias “en condiciones equitativas y no discriminatorias”. Ese reordenamiento del espectro podría incluir movimientos en la grilla para “los radiodifusores instalados”.
Como criterio para la inclusión de nuevas tecnologías, el proyecto propone “armonizar el uso del espectro con las normas técnicas vigentes en los países del Mercosur”. En la Argentina aún falta decidir la norma de TV digital. Existe una dura puja entre la norma japonesa (elegida por Brasil), la europea (impulsada por Telefónica) y la norteamericana (que tiene entusiastas impulsores en grandes empresas locales del sector). Otro de los puntos novedosos del proyecto es incluir tres tipos de prestadores de radiodifusión: la gestión estatal (medios públicos), la gestión privada con fines de lucro (medios privados) y la gestión privada sin fines de lucro (ONG, organizaciones sociales, universidades, sindicatos).
–¿La próxima batalla parlamentaria es la ley de radiodifusión?
–La ley de servicios de comunicación audiovisual es la redistribución de la palabra. Por eso están ligados una cosa con la otra. Desde la Ley 22.285 impuesta por la dictadura no se debate sobre la conformación de un sistema de medios democrático. Esa falta de debate trajo una concentración de voces que no ha sido motivo de discusión en los ámbitos políticos.
–La oposición dice que la nueva ley no puede ser sancionada sin también legislar sobre el acceso a la información pública.
–Hay que sancionar muchas leyes y debatir muchos temas de comunicación. Es cierto que hay otros temas que hay que poner en agenda, pero se me ocurre que cuando los diputados de la oposición están diciendo que con esta sola ley no alcanza, están siendo funcionales a los argumentos de los sectores del establishment mediático que durante veinticinco años no quisieron tratar la ley de radiodifusión y sostuvieron la 22.285.
