Ministerio de Comunicaciones
Decreto 1340/2016
Normas Básicas. Implementación.
Buenos Aires, 30/12/2016
Visto las Leyes N° 26.522 y N° 27.078, sus disposiciones complementarias y reglamentarias, los Decretos N° 764 del 3 de setiembre de 2000, N° 267 del 29 de diciembre de 2015 y N° 798 del 21 de junio del 2016, y
Considerando:
Que existe un fuerte compromiso de parte del Estado Nacional en asegurar que la convergencia tecnológica entre los servicios de comunicación audiovisual y las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones, posea un adecuado y homogéneo marco normativo.
Que, en este marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267 del 29 de diciembre de 2015 a los efectos de proceder a la modificación de diversos aspectos de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078, pues esos instrumentos regulatorios no contemplaron elementos fundamentales de la realidad actual de la industria de los medios y las telecomunicaciones, generando distorsiones en la competencia, costos significativos para el interés general y perjuicios para los usuarios y consumidores.
Que, asimismo, la Resolución S/N de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con fecha 6 de abril de 2016, declaró la validez del Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, en los términos previstos por el artículo 22 de la Ley N° 26.122.
Que, por tanto y dado que se efectuaron modificaciones sustanciales dirigidas a facilitar el proceso de convergencia en curso y evitar la consagración de limitaciones normativas a este proceso, resulta necesario y conveniente proceder a la reglamentación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078 a los efectos de fijar las condiciones básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación, facilitar la penetración del acceso a internet de banda ancha en todo el territorio nacional y mejorar la calidad y cantidad de servicios de comunicaciones móviles para la convergencia.
Que, de esta manera y a tales efectos, es necesario generar los incentivos adecuados para estimular y crear las condiciones necesarias para que los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desplieguen redes de próxima generación.
Que las actuales políticas públicas se orientan a priorizar la realización de inversiones genuinas y a incentivar el desarrollo de redes alternativas de distintos servicios de telecomunicaciones o de un mismo servicio en distintos segmentos del mercado, en el marco del escenario y la estructura actual del sector en la República Argentina.
Que el desarrollo de las telecomunicaciones está íntimamente ligado con la eficiente gestión y administración de un recurso natural, intangible, limitado y de dominio público como es el espectro radioeléctrico, cuya administración, gestión y control es responsabilidad propia e indelegable del Estado Nacional.
Que ante la sanción de la Ley N° 27.078 es necesario actualizar algunas reglamentaciones, tanto para adecuarlas a la evolución tecnológica como a algunas precisiones jurídicas que la misma estableció.
Que la Ley de Telecomunicaciones N° 19.798 en su artículo 70 facultaba a la Administración a cambiar o cancelar las autorizaciones de uso del espectro radioeléctrico sin derecho a indemnización alguna, lo que ya de por si implicaba la imposibilidad de apropiarse del mismo.
Que la nueva Ley Argentina Digital afianzó el carácter de bien de dominio público que el espectro radioeléctrico poseía en virtud de la práctica administrativa, consolidándolo y ratificando así la imposibilidad de su apropiación.
Que el espectro es un recurso para ser utilizado en la promoción del desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, y su uso, destino y cambio de los mismos, son definidos por la administración haciendo evaluación de mérito y conveniencia.
Que para maximizar e incrementar los recursos radioeléctricos destinados a la prestación de servicios de comunicaciones móviles corresponde instruir al Ente Nacional de Comunicaciones a llamar a concurso público para la asignación de nuevas bandas de frecuencias, conforme las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Que a fin de la reglamentación del artículo 28 y concordantes de la Ley Argentina Digital es necesario y conveniente dotar de una mayor flexibilidad al uso del espectro radioeléctrico para favorecer una competencia más equilibrada y una utilización más eficiente del recurso escaso, atendiendo a los objetivos del artículo 2° último párrafo de esa norma, en cuanto procura el fortalecimiento de los actores locales existentes y propende a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los Servicios de TIC.
Que, a tales efectos, corresponde instruir al Ministerio de Comunicaciones y al Ente Nacional de Comunicaciones para que, según corresponda, dicten las normas de administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, a los efectos de implementar y adoptar las normas y procedimientos que aseguren la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico con compensación económica y uso compartido a frecuencias previamente atribuidas a otro servicio y asignadas a prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o de Servicios de Comunicación Audiovisual que soliciten reutilizarlas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos con tecnologías LTE o superior.
Que, asimismo, resulta necesario instruir al Ente Nacional de Comunicaciones para que adopte otros mecanismos de asignación del espectro que aseguren la continuidad del servicio y la ampliación de la cobertura, en aquellos casos en los que el nivel de ocupación de la banda y la suficiencia del recurso lo permitan con el objeto de garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas tecnologías, la plena competencia y la calidad del servicio, basados en criterios de distribución equitativos y preservando el interés general.
Que el Reglamento Sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico, aprobado como Anexo IV del Decreto N° 764 del 3 de septiembre de 2000, prevé la asignación a demanda del uso del espectro radioeléctrico.
Que, con el objeto de maximizar e incrementar los recursos radioeléctricos destinados a la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, tal como ya se ha expresado, y a fin de generar mayor competencia, mejorar la calidad del servicio en el menor tiempo posible y propender a la actualización tecnológica y la convergencia de los servicios, resulta necesario delimitar las facultades del Ente Nacional de Comunicaciones para asignar a demanda frecuencias del espectro radioeléctrico.
Que, para ello, deberá tener en cuenta las condiciones dispuestas por la legislación vigente, que se trate de prestadores locales o regionales actuales de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en sus áreas de servicio y a los actuales prestadores de servicios de comunicaciones móviles, debiendo establecer obligaciones de despliegue, cobertura y compensaciones que correspondan.
Que, la introducción de modificaciones sustanciales a las Leyes Nros. 26.522 y 27.078, a través del Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, importó, entre otras cuestiones, establecer ciertas restricciones para el acceso a los mercados de medios de comunicación audiovisual y de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Que, por eso y a los efectos de otorgar certeza a las inversiones, corresponde reglamentar el artículo 94 de la Ley N° 27.078 y determinar la fecha de inicio para la prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción por Vínculo Físico o Radioeléctrico por parte de las personas referidas en esa norma, teniendo en cuenta los diferentes grados de madurez y desarrollo de las redes en las diferentes regiones de nuestro país.
Que, por otra parte, resulta conveniente reglamentar las disposiciones vigentes de la Ley N° 27.078, según las modificaciones efectuadas por el citado Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, en cuanto la regulación vigente no puede afectar derechos adquiridos de los prestadores de servicios ni redundar en la discontinuidad de servicios que se vienen prestando legítimamente, ni puede comprometer la responsabilidad internacional de la República Argentina por obligaciones asumidas previamente.
Que, en lo que específicamente se refiere a servicios y sistemas satelitales, la República Argentina suscribió convenios bilaterales de reciprocidad con diversos países, pudiendo citarse como ejemplo el Acuerdo y Protocolo celebrados con los Estados Unidos de América del 5 de junio de 1998, comprometiéndose a permitir la provisión de servicios satelitales mediante sistemas satelitales con licencia estadounidense que operan en las bandas de frecuencias de los Servicios Fijos por Satélite Directos al Hogar (DTH), Servicios de Radiodifusión por Satélite (SRS) y Servicios Fijos por Satélite (SFS).
Que, por otra parte, corresponde asegurar la libertad de contratación de los consumidores, asegurando condiciones de competencia real, leal y efectiva, evitando que la contratación de un servicio cualquiera se limite, restrinja o dificulte vinculándolo a la contratación de otro o impidiendo su obtención de forma separada o individual.
Que, por otra parte, el Estado Nacional reconoció por Decreto N° 228 del 21 de enero de 2016 que la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita e implícitamente por la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos, por lo que resulta necesario lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de los servicios para la protección de la vida, la salud y la propiedad de la población.
Que, en este sentido, el artículo 11 de la Ley N° 27.208 reserva para la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), las bandas de frecuencia enlistadas en el Anexo II de la referida normativa, las que, entre otras cuestiones, permiten desarrollar una red nacional de banda ancha para brindar diversos servicios tanto de gobierno electrónico como de seguridad pública sobre esa red.
Que, asimismo, el artículo 12 de la citada normativa establece que esas bandas de frecuencias se utilizarán para la implementación y operación de servicios, priorizando aplicaciones de Protección Pública y Operaciones de Socorro y Defensa, por lo que resulta conveniente instruir al Ministerio de Comunicaciones para que fije las pautas técnicas, legales y financieras para la conformación de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad.
Que, con el objeto de promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones, corresponde precisar la instrucción brindada por el Decreto N° 798 del 21 de junio de 2016 al Ministerio de Comunicaciones en lo que se refiere a los principios que deberá contener la actualización del Reglamento Nacional de Interconexión; todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley N° 27.078.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1° — Impleméntanse las normas básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación y la penetración del acceso a Internet de banda ancha en todo el territorio nacional, de conformidad a lo dispuesto por las Leyes Nros. 26.522 y 27.078.
Artículo 2° — A los efectos del presente decreto se define como:
a. Banda Ancha: servicios de acceso con velocidades del orden del megabits por segundo (Mbps).Artículo 3° — Fíjase el término de quince (15) años, contados desde la publicación del presente, como condición diferenciada en los términos dispuestos por el artículo 45 de la Ley N° 27.078, para la protección de las redes NGN fijas de última milla para banda ancha que desplieguen los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respecto de las normas de acceso abierto a banda ancha e infraestructura que se dicten, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 de la misma Ley.
b. Red NGN: red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicaciones y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la calidad de servicio, y en la que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte (Recomendación UIT-T Y.2001 (12/2004)).
c. LTE: acceso de datos inalámbricos de banda ancha de alta eficiencia espectral que utilizando OFDM (acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales) permite gran cantidad de usuarios simultáneos a altas velocidades por canal de radio. Arquitectura totalmente basada en conmutación de paquetes, con baja latencia, gestión y control de los recursos radioeléctricos para mejorar la calidad del servicio de banda ancha que cumple los requisitos de la UIT para IMT Advanced, también referido como 4G.
d. Red de Última Milla: La red que conecta a los usuarios con las redes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, también conocida como red de acceso local.
Artículo 4° — El Ministerio de Comunicaciones o el Ente Nacional de Comunicaciones, según corresponda, dictarán las normas de administración, gestión y control del espectro radioeléctrico; conforme los siguientes lineamientos generales de promoción de la competencia:
a) El Ente Nacional de Comunicaciones, en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la publicación del presente, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional para la asignación de nuevas bandas de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles, conforme las atribuciones al servicio según las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para maximizar e incrementar los recursos radioeléctricos destinados a los mismos.Artículo 5° — Las personas referidas en el artículo 94 de la Ley N° 27.078 podrán registrar el Servicio de Radiodifusión por Suscripción por Vínculo Físico o Radioeléctrico, a partir de la entrada en vigencia del presente.
b) A los efectos de lo dispuesto por el artículo 28 del Anexo IV al Decreto N° 764 del 3 de Septiembre de 2000 y por el artículo 29 de la Ley N° 27.078, deberán adoptar normas y procedimientos que aseguren la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico con compensación económica y uso compartido, a frecuencias atribuidas previamente a otro servicio y asignadas a prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o de Servicios de Comunicación Audiovisual que soliciten reutilizarlas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos con tecnologías LTE o superior. A tales efectos, la Autoridad de Aplicación deberá imponer obligaciones de cobertura y metas específicas.
c) A los efectos de lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Ley N° 27.078 y por el artículo 2° incisos c) y d) del Decreto N° 798/16, el Ente Nacional de Comunicaciones estará facultado a asignar a demanda frecuencias del espectro radioeléctrico, estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura, en los plazos que correspondan, a: 1) los prestadores locales o regionales actuales de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en sus áreas de servicio; y 2) los actuales prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles, en los términos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 798/16.
d) El plazo de las autorizaciones de uso de frecuencias del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas, así como de las obligaciones de despliegue correspondientes, se computará a partir de la efectiva migración de los servicios actualmente operando en dichas bandas en el ámbito del Área II, definida de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 1461/93 y sus modificatorios.
La fecha de inicio de la prestación de los servicios por parte de las personas referidas en el párrafo precedente, para el Área II, definida de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 1461/93 y sus modificatorios, y las ciudades de Rosario, Provincia de Santa Fe y Córdoba, Provincia del mismo nombre, será el 1° de enero de 2018.
Para el resto del país, la fecha de inicio para la prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción por Vínculo Físico o Radioeléctrico por parte de los licenciatarios mencionados en el artículo 94 de la Ley N° 27.078, será determinada por el Ente Nacional de Comunicaciones. A tales efectos, en los términos previstos por los artículos 46 y 47, inciso d) de la Ley N° 27.078 considerará especialmente a aquellas localidades de menos de ochenta mil (80.000) habitantes donde el servicio referido sea prestado únicamente por Cooperativas o Pequeñas y Medianas Empresas.
Artículo 6° — A los efectos de los artículos 9° y 10 de la Ley N° 27.078 y 45, inciso 1, apartado a) de la Ley N° 26.522, los titulares de licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Licencias de Radiodifusión por Suscripción Mediante Vínculo Satelital que al 29 de diciembre de 2015 prestaran simultáneamente esos servicios, incluyendo sus sociedades controlantes, controladas, vinculadas y sujetas a control común, podrán mantener la titularidad de ambos tipos de licencias.
Artículo 7° — Los prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que realicen ofertas conjuntas de servicios, deberán detallar el precio de cada uno de ellos, incluyendo la desagregación de dichos valores y los descuentos o beneficios aplicados a cada servicio o producto por la referida oferta. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 2° inciso i) de la Ley N° 25.156 y por el artículo 1099 del Código Civil y Comercial de la Nación, esos prestadores no podrán supeditar, bajo ningún modo o condición, la contratación de un servicio cualquiera a la contratación de otro, impidiendo su obtención de forma separada o individual por parte del consumidor.
En caso de que corresponda, según los términos de la normativa vigente, el Ente Nacional de Comunicaciones deberá dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Artículo 8° — Dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación del presente, el Ministerio de Comunicaciones fijará las pautas necesarias para la conformación de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad en los términos del artículo 12 de la Ley N° 27.208 para garantizar comunicaciones adecuadas a los organismos de seguridad pública.
Artículo 9° — A los fines de lo dispuesto por los artículos 92 de la Ley N° 27.078 y 2° inciso g) del Decreto N° 798 del 21 de junio de 2016, el Ministerio de Comunicaciones deberá asegurar los siguientes principios en materia de interconexión:
a) Hasta tanto se implementen los sistemas de determinación de precios de interconexión del Reglamento Nacional de Interconexión, se considerarán promedios de precios regionales de América Latina para funciones y facilidades similares, corregidos por parámetros que se ajusten a las condiciones del sector, conforme lo determine la Autoridad de Aplicación.La limitación temporal prevista por el párrafo anterior, no tendrá vigencia en aquellos supuestos en los cuales los servicios móviles sean prestados por cooperativas y pequeñas y medianas empresas de alcance exclusivamente regional.
b) De conformidad con el artículo 46 de la Ley N° 27.078, el Reglamento Nacional de Interconexión establecerá tarifas asimétricas de interconexión para los servicios móviles por un plazo de tres (3) años, contados a partir de la efectiva puesta en marcha del servicio, prorrogables por un máximo de dieciocho (18) meses.
c) El Reglamento Nacional de Interconexión definirá normas referidas al servicio de itinerancia nacional automático, obligando a los prestadores de servicios móviles, y por el plazo máximo de tres (3) años, a poner a disposición de los restantes prestadores dicho servicio en aquellas zonas donde estos últimos no tengan cobertura de red propia.
Los prestadores de servicios móviles celebrarán libremente acuerdos para fijar, entre otras, las condiciones técnicas, económicas, de operación, y legales. Esos acuerdos no podrán ser discriminatorios o fijar condiciones técnicas que impidan, demoren o dificulten la Interconexión. El Reglamento Nacional de Interconexión facultará al Ente Nacional de Comunicaciones a definir precios de referencia por el plazo máximo de tres (3) años tomando en consideración los costos de los activos involucrados sujetos a explotación y una tasa de retorno razonable, para garantizar la celeridad, neutralidad, no discriminación y competencia equilibrada entre los prestadores de servicios móviles. Asimismo no deberán contener condiciones técnicas, de interconexión, operacionales ni de ninguna otra índole que demoren, dificulten o creen barreras de acceso al mercado a los restantes prestadores.
Artículo 10. — El Ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones, según corresponda, dictarán las normas complementarias o aclaratorias necesarias para una mejor aplicación del presente.
Artículo 11. — Instrúyese al Ente Nacional de Comunicaciones para que, en caso de que corresponda y a los fines de una mejor aplicación del presente, otorgue intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en los supuestos de distorsiones de la competencia que constituyan abuso de una posición dominante en el mercado de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Artículo 12. — Las disposiciones del presente regirán desde la fecha de su dictado.
Artículo 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Macri. — Marcos Peña. — Oscar R. Aguad
ENaCom: El decreto abrirá el mercado de las telecomunicaciones
La nueva legislación permitirá avanzar en la convergencia de las redes y servicios, promoviendo el despliegue de redes de última generación e internet en todo el país
A partir de esta legislación y en un plazo no mayor a 6 meses, ENaCom llamará a Concurso Público Nacional e Internacional para la asignación de nuevas bandas de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles, con el objetivo de maximizar e incrementar los recursos radioeléctricos utilizados. En este sentido, el Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel De Godoy afirmó que “este decreto creará condiciones de competencia e impulsa las inversiones para recuperar el tiempo perdido”.
El decreto tiene entre sus objetivos principales generar las condiciones para que ingresen nuevos operadores de telefonía móvil en el mercado, fijando criterios para que haya más competencia, y dispone la asignación de nuevas frecuencias para mejorar la calidad de las comunicaciones. Asimismo, autoriza a las empresas de telefonía a brindar televisión por cable con condiciones que cuidan a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas de las distintas localidades del país; y autoriza a las empresas de televisión satelital, que cuenten con permisos, a brindar también internet satelital. También fomenta las inversiones en nuevas tecnologías para llevar internet de alta velocidad a todo el país y avanzar así en la convergencia de medios. Finalmente, protege a los usuarios de prácticas anticompetitivas y fija las pautas para conformar una red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad.
Dentro de este marco legal, se adoptarán normas y procedimientos que aseguren la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico, con compensación económica y uso compartido, a frecuencias atribuidas previamente a otro servicio y asignadas a prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o de Servicios de Comunicación Audiovisual que soliciten reutilizarlas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos con tecnologías LTE o superior. Para ello, la Autoridad de Aplicación deberá imponer obligaciones de cobertura y metas específicas.
ENaCom, a su vez, estará facultado para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico, estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura en los plazos que correspondan. Asimismo, y para asegurar las inversiones necesarias para el país, la legislación garantizará un marco de inversión que protege el despliegue de infraestructura por 15 años en las redes de última milla. Se ratifica el compromiso de que las empresas de telecomunicaciones puedan brindar servicios de cable a partir de 2018 y se asegura que las empresas que hasta 2015 brindaban simultáneamente servicios de televisión satelital e internet, puedan seguir haciéndolo.
Con el fin de garantizar las inversiones, se tuvieron en cuenta los precios de interconexión de las nuevas operadoras, considerando las asimetrías que hay en el sector. De esta forma, no solo se promueve la prestación de servicios en todo el territorio nacional por parte de las operadoras entrantes sino también la realización de inversiones necesarias para desplegar su propia infraestructura. A partir de esto, también se protegerá a las cooperativas y PyMEs de comunicaciones que brindan un soporte esencial en el despliegue de redes y servicios a nivel local en distintos puntos del país.
El decreto también protege a los usuarios, ya que detalla expresamente que las prestadoras que brindan ofertas conjuntas de servicios deberán detallar el precio de cada uno de ellos y no podrán supeditar la contratación de un servicio cualquiera a la contratación de otro.
Los prestadores de servicios móviles realizarán acuerdos para fijar las condiciones técnicas, económicas, de operación y legales. Esos acuerdos no podrán ser discriminatorios o fijar condiciones técnicas que impidan, demoren o dificulten la Interconexión. Además, el Reglamento Nacional de Interconexión facultará a ENaCom a definir precios de referencia para garantizar la celeridad, neutralidad, no discriminación y competencia equilibrada entre los prestadores de servicios móviles. Asimismo, no deberán contener condiciones técnicas, de interconexión, operacionales ni de ninguna otra índole que demoren, dificulten o creen barreras de acceso al mercado a los restantes prestadores.
Con este decreto seguimos avanzando en el ordenamiento de los servicios de comunicaciones en todo el país, teniendo en cuenta que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es fundamental para garantizar el desarrollo y los derechos de todos los habitantes del país.
Fuentes: Boletín Oficial, ENaCom
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