De acuerdo con la información recabada en diálogo con trabajadores y trabajadoras y sus representantes, quienes asistieron a una reunión en la sede del organismo, la situación se agrava en un contexto en el que se discontinuó el pago de la publicidad oficial y la realización de proyectos audiovisuales impulsados por políticas públicas estatales. Además, se oculta información sobre la titularidad de las licencias sin que los organismos con competencia específica ofrezcan soluciones, afectando la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, quienes han manifestado ante la Defensoría en los últimos meses su preocupación por el silenciamiento de esta situación general y la reducción de espacios mediáticos que canalicen la pluralidad de voces y la diversidad de perspectivas de la sociedad.
Las leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos protegen el trabajo y la estabilidad del empleo, pronunciándose contra el despido y protegiendo la continuidad de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual. Fundamentalmente, la Declaración Universal de Derechos humanos en su artículo 23; el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 7 inciso d) del Protocolo de San Salvador. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Carta incorpora a la libertad de expresión dentro de sus cuatro principios fundamentales sobre la dignidad humana y se pronuncia en el Convenio N° 158 y en la Recomendación N° 166, sobre la anulación del despido arbitrario y la reposición en el puesto de trabajo. Sobre todo en afectaciones y despidos que impliquen la violación de otros derechos humanos, en este caso la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos de las audiencias.
En función de lo expuesto y reconociendo que la precarización laboral y los despidos masivos en los servicios de comunicación audiovisual lesionan la libertad de expresión, a la vez que funcionan como factores de disciplinamiento editorial y social, la Defensoría del Público recomienda a los Poderes Ejecutivos nacional y provinciales, en particular a los ministerios nacionales de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), a la Comisión Redactora para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078 y a ambas cámaras del Congreso Nacional, sobre todo a sus Comisiones encargadas de abordar las problemáticas laborales y comunicacionales, que adopten en el marco de sus competencias, medidas inmediatas y efectivas para evitar las afectaciones al derecho humano a la comunicación y revertir las vulneraciones que ya se han producido.
Este cuadro de situación, también fue puesto en conocimiento de la Relatoría Especial sobre la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de las denuncias recibidas realiza un seguimiento específico del estado de cumplimiento de la libertad de expresión en la Argentina.
[1] Se registraron las siguientes situaciones: despidos y/o retiros voluntarios de 123 personas en la señal de noticias CN23; proceso de vaciamiento en Radio América con el abandono de 126 trabajadoras y trabajadores; 13 despidos en Canal 26; más de diez en Crónica TV; ocho en Radio Continental; 20 en Radio Nacional; posible vaciamiento y abandono de 26 trabajadores en Radio Madres; sueldos adeudados a 100 personas en la señal de noticias 360TV; pago de salarios en cuotas a 32 personas en Radio Splendid y a 140 personas en Radio del Plata; 300 puestos de trabajo en riesgo en radios FM de Córdoba y 220 en los servicios de Radio y Televisión, también de Córdoba; 25 trabajadores precarizados en Radio El Mundo; 40 con incumplimiento salarial en Radio Rivadavia; siete personas despedidas en el Sistema de Televisión Digital del Estado Nacional. Esta situación se verifica también en medios gráficos y portales periodísticos en Internet: 14 personas han sido despedidas en el diario "El Argentino"; 32 en "La Mañana" de Córdoba y 30 incluidas en el proceso preventivo de crisis; 2 delegados fueron despedidos en BAE-Crónica; 50 personas en Infonews, más de 200 en Tiempo Argentino; 30 en las publicaciones zonales de ese diario y 24 personas en Infojus Noticias. A las conflictividades laborales enumeradas se suman alrededor de 1000 puestos de trabajo que se perdieron por la discontinuidad de proyectos audiovisuales impulsados por políticas públicas estatales.
