La CIDH está elaborando un informe anual sobre libertad de expresión y concentración de medios de comunicación y en ese marco AReCIA sumó información y datos sobre la situación en nuestro país que afecta especialmente a los derechos de los editores independientes. Estos datos están relacionados con dos puntos clave de la cadena productiva que controlan en forma arbitraria y expulsiva los grupos Clarín y La Nación. Por un lado, el monopolio del papel y por el otro, la cadena de distribución y venta. De esta manera han logrado provocar una crisis en el sector que afecta especialmente a canillitas y editores independientes. Estas maniobras se ven facilitadas por la vigencia de un decreto firmado por Patricia Bullrich, ministra de Trabajo durante la presidencia de De La Rua. Ese decreto establece que el mercado no puede ser regulado, consagrando así los privilegios de las corporaciones del sector.
AReCIA reclamó la derogación de este decreto así como la sanción de leyes que protejan los derechos de los canillitas y editores independientes, sin que a la fecha el Estado argentino haya tomado medidas para frenar el proceso de concentración que ya cosechó el cierre de 1.000 puestos de venta del circuito Capital y Gran Buenos Aires, la expulsión de más de una docena de títulos de revistas culturales asociadas y el sometimiento de varios editores independientes a quienes se les obliga a pagar un costo extra que se suma al porcentaje histórico del sector, logrando así que los privilegios de las corporaciones gráficas sean cada vez mayores.
A continuación, el comunicado de AReCIA sobre esta presentación ante la CIDH que la Asociación realizó con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia:
La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) presentó sus denuncias sobre la concentración en el sector gráfico –desde la producción de papel hasta la distribución y venta de diarios y revistas– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en respuesta a la consulta hecha por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que relevará la situación del sector “en materia de libertad de expresión, diversidad pluralismo y concentración de medios” para Informe Anual 2015.
El cuestionario impulsado por la CIDH busca relevar los esfuerzos estatales para cumplir con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el punto 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que obliga a los gobiernos nacionales a “garantizar la existencia de medios de comunicación libres, independientes y plurales, y de evitar o revertir los monopolios u oligopolios en la propiedad o control de los medios de comunicación”.
AReCIA viene denunciando el incumplimiento de estas obligaciones, reconocidas en la Constitución Nacional, en el sector del periodismo gráfico sin conseguir respuestas que permitan terminar con la asfixia que el mercado concentrado impone sobre las más de 300 revistas independientes asociadas. Por ejemplo, la derogación del Decreto 1025, aprobado en 2001, cuando Fernando De la Rúa era presidente del país y Patricia Bullrich, ministra de Trabajo. Ese decreto abrió el camino a una flexibilización del sector que sigue vigente 14 años después y llevó al Sindicato de Diarios y Revistas (SiVenDiA) a realizar un paro el lunes 17 de agosto.
Con el auspicio de la abogada Verónica Heredia, AReCIA decidió dar un nuevo paso en su reclamo y documentó sus denuncias ante la consulta de la CIDH. Los siguientes extractos son algunos de los puntos destacados de la respuesta al cuestionario de 12 preguntas presentado ante la Relatoría de Libertad de Expresión:
- No existe legislación que impida la concentración de medios gráficos, lo cual afecta muy especialmente a nuestro sector, las revistas culturales independientes (…) Esta situación está agravada por dos hechos: Al principio de la cadena productiva, la concentración de la fabricación de papel. Al final de la cadena productiva, la concentración de la venta y distribución de diarios y revistas se encuentra favorecida por la existencia del decreto N°1025/2000 que rige hasta la fecha.
- Un informe de la Sindicatura General de la Nación detalla que, exceptuando a las empresas controlantes de Papel Prensa –Clarín y La Nación–, 168 medios deben pagar un precio de papel un 15 por ciento mayor y no pueden recurrir a la importación para abastecerse, dado los controles de importaciones vigentes. (…) La posición monopólica de Papel Prensa le ha permitido aplicar políticas de precio (…) Con la devaluación de 2002, el papel pasó a costar de 500 a 2.000 pesos la tonelada. Desde entonces, Papel Prensa aumentó sus precios 420 por ciento.
- El 23 de diciembre de 2011 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.736 que declara de interés público la fabricación, distribución y comercialización del papel de diario (…) En mayo de 2013, un informe de la SIGEN sostiene que los accionistas privados de Papel Prensa no están cumpliendo con los alcances de la ley.
- Desde 1945 hasta 2000, la distribución y venta de diarios fue controlada por la Ley 12.991, con el Ministerio de Trabajo como órgano de aplicación. El 4 de noviembre del 2000 el decreto N° 1025 deroga esa ley y establece “un régimen general de libertad de competencia y desregulación de la actividad económica” que sigue vigente hasta hoy. Sus consecuencias:
- Las empresas dominantes impusieron una rebaja del porcentaje de ganancia de los canillitas: abonan un 8% menos que los editores independientes. El sindicato de Canillitas presentó un amparo y realizó repetidas medidas de fuerza para exigir el pago debido. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, pero las empresas incumplen.
- Teniendo en cuenta que las ventas totales de estas empresas que pagan un porcentaje menor representan casi el 70% del mercado, esa quita es responsable del deterioro del sistema de comercialización.
- A partir de 2012: las empresas dominantes impulsaron una fuerte suba de precios, objetivo que impusieron a partir sus dos posiciones dominantes claves. A partir de ese momento, el circuito, a través de diferentes actores, comenzó a presionar a los editores independientes:
- Aumento de precios: presión para aumentar el precio de tapa, bajo amenaza de ser expulsado del circuito.
- Creación de deudas:
a.- En junio de 2014, los editores independientes comenzaron a recibir facturas de la empresa Rediaf S.A. , actor desconocido hasta ese momento, por un prorrateo de los costos de estructura deficitarios del Centro de Distribución de Capital Federal, que concentra el 80% de la distribución de la prensa gráfica editada en Argentina.
b.- En junio de este año, de forma unilateral, se informó que los editores independientes debían pagar un costo fijo por ejemplar devuelto, lo cual contradice toda la lógica de funcionamiento: cobrar un porcentaje sobre la venta.
c.- ARecia denunció la maniobra ante la Dirección de Regulación del Mercado de Diarios y Revistas, que ordenó no aplicar mayor costos, pero aclaró que siendo ese un ámbito laboral, las medidas que se dictan pueden o no ser cumplidas por las partes. - Distribución irregular: Las auditorías realizadas por AReCIA en los canales de venta registran un déficit de entre el 60 y el 75 por ciento en la distribución.
- Ruptura de la cadena de pagos: El actual decreto vigente permitió que las empresas editoras pudieran ser propietarias, además, de distribuidoras de diarios y revistas, práctica que la ley anterior prohibía para evitar maniobras de concentración de mercado. En agosto de 2014, la empresa Bertrán SRL, propiedad de Editorial Atlántida controlada por el grupo Televisa, dejó de abonar las liquidaciones de ejemplares vendidos, dejando entre los asociados de AReCIA una importante deuda, que a la fecha no ha sido saldada.
Paralelamente, pueden interceder los organismos de defensa de la competencia y la Dirección de Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que ya ha dictaminado sobre la concentración de la prensa gráfica, en especial sobre la fabricación de papel.
En cuanto a políticas públicas de promoción específica del sector comunitario, AReCIA destacó “la única legislación que favoreció a la edición independiente”: la baja de la cuota del IVA, regulada en junio de 2014 según el monto de facturación. La medida reveló que el total de contribuyentes del rubro “prensa gráfica” es de 923, de ellos, 895 fueron beneficiaras de la rebaja. Sólo 16 quedaron excluidas por su alto nivel de facturación. Las mismas empresas que durante los últimos 12 años, pudieron eludir pagar este impuesto a través de diferentes beneficios otorgados por el Estado.
Fuente: La Vaca
