La iniciativa iba a ser debatida en el recinto pero, debido a algunos cambios introducidos en los últimos días, los legisladores decidieron volver a debatir el tema en Comisión, de acuerdo con lo que dejaron trascender desde el oficialismo.
El jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Angel Pichetto, informó que mañana será convocada la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que preside la jujeña Liliana Fellner para informar de los cambios introducidos a la norma.
La decisión de suspender el tratamiento en sesión de la Ley de Argentina Digital fue tomada a última hora de esta noche, tras lo cual Fellner decidió convocar a la comisión que encabeza para mañana a las 10.
El proyecto había sido dictaminado a mediados de noviembre para que sea debatido el 26. Sin embargo, su tratamiento se postergó ya en dos oportunidades.
El Gobierno quería votar hoy la nueva Ley de Telecomunicaciones que, entre otros puntos, abre la competencia a las empresas de telefonía para prestar servicios de televisión. El dictamen de mayoría tuvo más de 40 modificaciones, algunas pedidas por el propio Miguel Pichetto. En buena parte fueron para proteger a los cables chicos del interior de esa competencia con las telefónicas, a las que se les prohibió entrar en el negocio satelital. El Gobierno cedió, entonces, pero no alcanzó para que la oposición acompañe. Esos cambios tampoco fueron suficientes para limar incompatibilidades y choques que tiene esta norma con la ley de medios, a la que en parte está derogando.
Si mañana la Comisión de Sistemas firma un nuevo dictamen, el proyecto podría ser debatido en sesión el próximo miércoles 10 de diciembre.
Liliana Fellner, anunció modificaciones al dictamen emitido al proyecto de ley de telecomunicaciones "Argentina Digital", e informó que de ser aprobado será tratado en la sesión de la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.
Entre las modificaciones anunciadas, explicó que se crearán tres nuevas entidades de autoridad de aplicación: la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones; el Consejo Federal de Tecnología de las Comunicaciones, representado por las provincias, y una ampliación de las funciones de la comisión bicameral creada por la ley de medios que incorpora el tema de la tecnología y la digitalización.
Críticas al proyecto Argentina Digital en una audiencia pública
“Esta ley es ‘monárquica’, permite que el Poder Ejecutivo resuelva todo, la Autoridad de aplicación no se define y los términos de la regulación resultan absolutamente ambiguos propiciando un proceso de concentración e integración vertical reñido con toda lógica e incompatible con la libertad de expresión”, sostuvo Claudio Lozano
Especialistas, representantes de Cooperativas, trabajadores, ONGs y legisladores coincidieron en los fundamentos de su rechazo al proyecto Argentina Digital, enviado por el Ejecutivo: el tipo de regulación que plantea y la autoridad de aplicación constituyen diferencias insalvables.
Los especialistas Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Santiago Marino de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes; representantes de los sindicatos de trabajadores jerárquicos de telecomunicaciones CEPETEL (Guillermo Defays) y FOETRA (Eduardo Moyano y Aníbal Vázquez), representantes de la Cooperativa FeCoPEL (Rafael Sánchez), las diputadas nacionales Graciela Villata (FCyS) y Liliana Parada (MC), el representante en AFSCA Gerardo Milman, referentes de organizaciones de Usuarios y Consumidores, Héctor Polino (Consumidores Libres), representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a las telecomunicaciones, Enrique Chaparro (Fundación Vía Libre), fueron algunos de los oradores en la Audiencia Pública sobre el proyecto Argentina Digital, convocada por Claudio Lozano presidente del bloque Unidad Popular, junto a sus pares Víctor De Gennaro y Antonio Riestra.
Durante el encuentro, que se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados, los participantes se refirieron a las indefiniciones y contradicciones del proyecto oficial.
Para Lozano (UP), “en un mercado donde cuatro empresas concentran el 85% de las telecomunicaciones, la regulación es imprescindible y el carácter y la conformación de la Autoridad de Aplicación se transforma en estratégico”.
Lozano sostuvo que “esta ley es monárquica, permite que el Poder Ejecutivo resuelva todo, la Autoridad de aplicación no se define y los términos de la regulación resultan absolutamente ambiguos propiciando un proceso de concentración e integración vertical reñido con toda lógica e incompatible con la libertad de expresión”.
“En estos términos y desde la lógica con la que el Gobierno ha tergiversado la aplicación de la ley de Medios, este es un nuevo negocio a favor de Telefónica”, aseguró.
El bloque de Unidad Popular presentará un proyecto propio junto a los trabajadores de las tecnologías de la información y la comunicación, a efectos de garantizar el carácter de servicio público para la telefonía móvil e Internet y propiciando el desarrollo científico, tecnológico e industrial.
Martín Becerra sostuvo que “la principal objeción a este proyecto de ley es que El Poder Ejecutivo Nacional ha tenido plenas facultades en estos doce años para regular, modificar, corregir el sector de las telecomunicaciones por lo menos en su alta concentración y en su pésima prestación de servicios. Es evidente que el alto poder que puede concentrar el Poder Ejecutivo sin una normativa clara no es garantía de que las prestaciones atiendan al interés público. La regulación tiene que atender de manera muy directa la garantía de que no se abuse de posiciones dominantes, cosa que este proyecto no hace”.
Gerardo Milman criticó el proyecto al referirse a la situación que se da en la que “muchas de las introducciones que trae este proyecto están implementadas en un decreto que no se lleva a la práctica”.
Enrique Chaparro, de Fundación Vía Libre, autor de uno de los proyectos presentados en la audiencia pública realizada en el Senado, eligió la ironía para sintetizar el espíritu del proyecto oficial: “El que matare a otro recibirá una pena que irá de un mes a perpetua según lo decida el Ejecutivo. A esto equivale este proyecto de ley que podría haber tenido solo tres artículos. El primero, refórmese la ley de telecomunicaciones. El segundo, facúltese al Poder Ejecutivo a hacer lo que se le dé la gana. Tres, apruébese”.
Para FeCoPEL, representada por su presidente Rafael Sánchez y por el ingeniero Parodi, “la norma tiene que contemplar las asimetrías de un mercado altamente concentrado”. También reclamaron la definición de las muchas ambigüedades contenidas en el proyecto, y la incorporación del criterio de servicio universal. Respecto a la autoridad de aplicación, plantearon la conformación de un cuerpo colegiado.
Héctor Polino analizó el proyecto desde los intereses de los consumidores. Inscribió la decisión oficial en el marco del intento de incorporar a las telefónicas al negocio de la comunicación audiovisual. En este sentido, recordó que la privatización de ENTEL prohíbe expresamente dicha participación, razón por la cual las empresas privatizadoras pagaron un precio menor.
Fuentes: TelAm, Ámbito y Parlamentario
Críticas al proyecto Argentina Digital en una audiencia pública
“Esta ley es ‘monárquica’, permite que el Poder Ejecutivo resuelva todo, la Autoridad de aplicación no se define y los términos de la regulación resultan absolutamente ambiguos propiciando un proceso de concentración e integración vertical reñido con toda lógica e incompatible con la libertad de expresión”, sostuvo Claudio Lozano
Especialistas, representantes de Cooperativas, trabajadores, ONGs y legisladores coincidieron en los fundamentos de su rechazo al proyecto Argentina Digital, enviado por el Ejecutivo: el tipo de regulación que plantea y la autoridad de aplicación constituyen diferencias insalvables.
Los especialistas Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Santiago Marino de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes; representantes de los sindicatos de trabajadores jerárquicos de telecomunicaciones CEPETEL (Guillermo Defays) y FOETRA (Eduardo Moyano y Aníbal Vázquez), representantes de la Cooperativa FeCoPEL (Rafael Sánchez), las diputadas nacionales Graciela Villata (FCyS) y Liliana Parada (MC), el representante en AFSCA Gerardo Milman, referentes de organizaciones de Usuarios y Consumidores, Héctor Polino (Consumidores Libres), representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a las telecomunicaciones, Enrique Chaparro (Fundación Vía Libre), fueron algunos de los oradores en la Audiencia Pública sobre el proyecto Argentina Digital, convocada por Claudio Lozano presidente del bloque Unidad Popular, junto a sus pares Víctor De Gennaro y Antonio Riestra.
Durante el encuentro, que se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados, los participantes se refirieron a las indefiniciones y contradicciones del proyecto oficial.
Para Lozano (UP), “en un mercado donde cuatro empresas concentran el 85% de las telecomunicaciones, la regulación es imprescindible y el carácter y la conformación de la Autoridad de Aplicación se transforma en estratégico”.
Lozano sostuvo que “esta ley es monárquica, permite que el Poder Ejecutivo resuelva todo, la Autoridad de aplicación no se define y los términos de la regulación resultan absolutamente ambiguos propiciando un proceso de concentración e integración vertical reñido con toda lógica e incompatible con la libertad de expresión”.
“En estos términos y desde la lógica con la que el Gobierno ha tergiversado la aplicación de la ley de Medios, este es un nuevo negocio a favor de Telefónica”, aseguró.
El bloque de Unidad Popular presentará un proyecto propio junto a los trabajadores de las tecnologías de la información y la comunicación, a efectos de garantizar el carácter de servicio público para la telefonía móvil e Internet y propiciando el desarrollo científico, tecnológico e industrial.
Martín Becerra sostuvo que “la principal objeción a este proyecto de ley es que El Poder Ejecutivo Nacional ha tenido plenas facultades en estos doce años para regular, modificar, corregir el sector de las telecomunicaciones por lo menos en su alta concentración y en su pésima prestación de servicios. Es evidente que el alto poder que puede concentrar el Poder Ejecutivo sin una normativa clara no es garantía de que las prestaciones atiendan al interés público. La regulación tiene que atender de manera muy directa la garantía de que no se abuse de posiciones dominantes, cosa que este proyecto no hace”.
Gerardo Milman criticó el proyecto al referirse a la situación que se da en la que “muchas de las introducciones que trae este proyecto están implementadas en un decreto que no se lleva a la práctica”.
Enrique Chaparro, de Fundación Vía Libre, autor de uno de los proyectos presentados en la audiencia pública realizada en el Senado, eligió la ironía para sintetizar el espíritu del proyecto oficial: “El que matare a otro recibirá una pena que irá de un mes a perpetua según lo decida el Ejecutivo. A esto equivale este proyecto de ley que podría haber tenido solo tres artículos. El primero, refórmese la ley de telecomunicaciones. El segundo, facúltese al Poder Ejecutivo a hacer lo que se le dé la gana. Tres, apruébese”.
Para FeCoPEL, representada por su presidente Rafael Sánchez y por el ingeniero Parodi, “la norma tiene que contemplar las asimetrías de un mercado altamente concentrado”. También reclamaron la definición de las muchas ambigüedades contenidas en el proyecto, y la incorporación del criterio de servicio universal. Respecto a la autoridad de aplicación, plantearon la conformación de un cuerpo colegiado.
Héctor Polino analizó el proyecto desde los intereses de los consumidores. Inscribió la decisión oficial en el marco del intento de incorporar a las telefónicas al negocio de la comunicación audiovisual. En este sentido, recordó que la privatización de ENTEL prohíbe expresamente dicha participación, razón por la cual las empresas privatizadoras pagaron un precio menor.
Fuentes: TelAm, Ámbito y Parlamentario
