La libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables…Los trabajadores de prensa de Canal 13 y TN rechazamos la denuncia penal por “instigación a la violencia” que el Grupo Clarín presentó contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo , Javier Vicente, y otras personas, instituciones y organizaciones, por opinar a favor de la aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Estatuto del Periodista Profesional, Ley 12.908
Los trabajadores de prensa repudiamos todo intento de criminalización de la libertad de expresión y de conciencia.
Ratificamos al mismo tiempo nuestra profunda confianza en los mecanismos democráticos y expresamos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe cumplirse sin excepciones ni privilegios.
Por la defensa de las libertades sindicales, la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del periodista Profesional.
Por la defensa irrestricta de todos nuestros puestos de trabajo.
Por la Libertad de expresión y de conciencia.
Por una Ley de servicios de Comunicación Audiovisual sin periodistas amordazados por la precariedad laboral y profesional.
Comisión Interna de delegados de Canal 13 y TN (UTPBA)
La Naranja de Prensa repudia otro intento de instaurar el delito de opinión
La Naranja de Prensa repudia la denuncia penal que el Grupo Clarín lanzó contra un grupo de periodistas a los que pretende endilgarles el delito de "coacción agravada" e "incitación a la violencia", en una judicialización de la opinión periodística en la que no se distingue entre los colegas que hicieron uso de su derecho a fijar posición sobre un determinado hecho y los funcionarios del Gobierno nacional que, frente al mismo caso, otra vez lanzaron una caza de brujas conspirativa desde las poltronas del Estado para descalificar diversas protestas contra el oficialismo.
La presentación contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente y Orlando Barone, entre otros, constituye un intento de instaurar el delito de opinión, lo que no alcanza a ser disimulado por las aclaraciones del abogado de Clarín, Hugo Wortman Jofré, quien salió a decir que los colegas tenían que concurrir a sede judicial sólo en calidad de "testigos". La "aclaración" está vinculada al repudio que la acción suscitó entre los propios trabajadores de prensa y los de su propio multimedios.La reacción de los medios oficialistas y sus voceros, sin embargo, está teñida de hipocresía pues el gobierno se ha dedicado a querellar y perseguir sistemáticamente a los periodistas que escribieron artículos contrarios a los intereses del oficialismo, señalándolos públicamente con nombre y apellido y, llegando al extremo de realizar "escraches públicos" o "juicios éticos" por parte de sectores vinculados con el oficialismo contra ellos. Esto es lo que desconocen otras agrupaciones del gremio que salieron a condenar la demanda del grupo Clarín.
Se hace imprescindible una posición independiente de las organizaciones de los trabajadores de prensa cuando se agrava la disputa interpatronal ante la inminente reestructuración del negocio capitalista de la comunicación social en el país que, por otra parte, amenaza con cercenar los derechos de los trabajadores de prensa. Si la defensa de los periodistas de los medios K atacados por Clarín o viceversa, queda en manos de sus respectivas patronales, se debilita la posición de esos trabajadores, los que quedarían absolutamente indefensos.
Rechazamos el intento de instaurar el delito de opinión por parte del grupo Clarín, al tiempo que advertimos la gravedad de que estas prácticas sean realizadas desde el mismo Estado. Los trabajadores de prensa deben desarrollar una organización independiente como única garantía para la defensa de la libertad de expresión y el conjunto de sus derechos.
La presentación contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente y Orlando Barone, entre otros, constituye un intento de instaurar el delito de opinión, lo que no alcanza a ser disimulado por las aclaraciones del abogado de Clarín, Hugo Wortman Jofré, quien salió a decir que los colegas tenían que concurrir a sede judicial sólo en calidad de "testigos". La "aclaración" está vinculada al repudio que la acción suscitó entre los propios trabajadores de prensa y los de su propio multimedios.La reacción de los medios oficialistas y sus voceros, sin embargo, está teñida de hipocresía pues el gobierno se ha dedicado a querellar y perseguir sistemáticamente a los periodistas que escribieron artículos contrarios a los intereses del oficialismo, señalándolos públicamente con nombre y apellido y, llegando al extremo de realizar "escraches públicos" o "juicios éticos" por parte de sectores vinculados con el oficialismo contra ellos. Esto es lo que desconocen otras agrupaciones del gremio que salieron a condenar la demanda del grupo Clarín.
Se hace imprescindible una posición independiente de las organizaciones de los trabajadores de prensa cuando se agrava la disputa interpatronal ante la inminente reestructuración del negocio capitalista de la comunicación social en el país que, por otra parte, amenaza con cercenar los derechos de los trabajadores de prensa. Si la defensa de los periodistas de los medios K atacados por Clarín o viceversa, queda en manos de sus respectivas patronales, se debilita la posición de esos trabajadores, los que quedarían absolutamente indefensos.
Rechazamos el intento de instaurar el delito de opinión por parte del grupo Clarín, al tiempo que advertimos la gravedad de que estas prácticas sean realizadas desde el mismo Estado. Los trabajadores de prensa deben desarrollar una organización independiente como única garantía para la defensa de la libertad de expresión y el conjunto de sus derechos.
FATPren repudia la denuncia de Clarín contra Trabajadores de Prensa
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) expresa su más absoluto repudio a la denuncia penal que realizara el Grupo Clarín ante la justicia, contra los compañeros Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone, apelando a las figuras de "incitación a la violencia" y "coacción agravada".
Este grupo monopólico demuestra una vez más su vocación contra la Libertad de Expresión que hipócritamente dice defender, buscando con acciones como éstas el amedrentamiento, la censura y la autocensura de los trabajadores de prensa, de la misma manera que impidió durante años la actividad sindical en AGEA.
Clarín pretende silenciar las opiniones de los periodistas que denuncian su incumplimiento de la ley, su vocación desestabilizadora y su aspiración a mantener los privilegios ganados al calor de la dictadura cívico-militar y de los gobiernos neoliberales, atentando contra toda comunicación diversa y plural.
La FATPren asegura que los trabajadores de prensa no nos dejaremos amedrentar por ninguna maniobra coercitiva, y continuaremos día a día trabajando en defensa de la verdadera Libertad de Expresión que garantice el Derecho a la Información de nuestro pueblo.
Repudio de los trabajadores de TelAm y de su Comisión Gremial Interna al ataque de Clarín a los periodistas del Diario Tiempo Argentino
La Comisión Interna de la Agencia de Noticias TelAm S.E expresa su más enérgico repudio ante la demanda penal presentada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente.
Desde la CGI de TelAm consideramos imprescindible posicionarnos en contra de este ataque del mayor grupo de medios de la Argentina contra una serie de periodistas porque sus implicancias exceden a esos trabajadores de prensa e involucran al conjunto de quienes ejercemos cotidianamente esta profesión.
Como ya han expresado otras representaciones gremiales, entre ellas la de Tiempo Argentino, donde se desempeña como columnista Roberto Caballero, la CGI de TelAm se solidariza con todos los compañeros denunciados y condena la actitud del diario Clarín.
Comisión Gremial Interna - Agencia TelAm
Clarín: una línea de conducta
El Colectivo de Trabajadores de Prensa repudia el burdo ataque a la libertad de expresión por parte del Grupo Clarín, especialmente vergonzoso por provenir de una empresa de medios que dice pelear por garantizar ese derecho constitucional, y se solidariza con los trabajadores de prensa denunciados penalmente en un claro intento de amedrentar a quienes no nos sometemos a los designios de ninguna patronal. Desde el CTP también convocamos a los periodistas que el mayor grupo de medios del país publicita como garantes de la pluralidad de voces a pronunciarse ante este intento de criminalizar el derecho de informar y opinar en libertad.
Directivos del Grupo Clarín denunciaron el jueves por “incitación a la violencia colectiva” y “coacción agravada” a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, por expresiones realizadas en el marco del debate público sobre la cobertura mediática de la protesta que prefectos y gendarmes protagonizaron el mes pasado. Tal como lo expresó ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se trata de un “amordazamiento de la libertad de expresión” y un intento de “intimidar por afirmaciones hechas en ejercicio de derechos constitucionales indiscutibles”.
A tres años de la derogación de las figuras de calumnias e injurias en casos de ostensible interés público, logro obtenido por la lucha de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil ante la indiferencia de las grandes empresas de medios, Clarín recurre a tipos penales que no fueron concebidos para reprimir las ideas y las palabras, lo cual resalta la clara su intención persecutoria.
Las penas previstas para los delitos por los que acusan a periodistas son incluso mayores a las que funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial usaron durante años para amedrentar a los trabajadores de prensa, lo cual pone en evidencia su afán de conseguir condenas ejemplificadoras que sirvan de disuasivo para cualquier persona --sea o no periodista-- que ose no autocensurarse a la hora de hablar de Clarín.
Nadie que conozca la historia reciente del Grupo Clarín puede sorprenderse por esta nueva muestra de desprecio por los valores fundamentales del sistema democrático.
Clarín se amoldó sin chistar cuando la última dictadura ordenó silenciar secuestros y asesinatos, hizo grandes negocios con los artífices del terrorismo de Estado que masacraron a cientos de periodistas, y pretende ahora mostrarse como víctima de ataques a la libertad de expresión ante una ley sancionada por el Congreso para fomentar la diversidad de voces y poner coto a quienes abusan de su posición dominante en el mercado.
Clarín usó durante años a su ejército de abogados para obstaculizar la investigación sobre la identidad de los chicos adoptados de manera irregular por Ernestina Herrera de Noble en 1976, mientras la dictadura implementaba un plan sistemático de robo de bebés, y apeló a sus plumas más obedientes para tergiversar el caso ante la opinión pública y ensuciar al movimiento de derechos humanos.
Clarín echó en el año 2000 a 117 trabajadores y trabajadoras, incluidos los flamantes delegados y la junta electoral que había convocado a elecciones, y durante los doce años siguientes arrasó con el derecho constitucional a organizarse sindicalmente. Hasta el pasado 14 de noviembre, día anterior a la histórica elección de Comisión Interna, que asumió con el respaldo de medio millar de trabajadores, el Grupo Clarín apeló a sus maniobras habituales para deslegitimar a los activistas y sembrar miedo en los trabajadores.
La denuncia penal de un grupo económico que sólo se preocupa por la libertad de empresa contra un grupo de trabajadores de prensa, que somos los verdaderos garantes de la libertad de expresión y del derecho a informarse de la sociedad, no es ajena a esa línea de conducta.
Desde el Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa reiteramos nuestro profundo rechazo a la actitud del Grupo Clarín y nuestra total solidaridad con los trabajadores de prensa alcanzados por la denuncia.
Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa
La Naranja de Prensa repudia otro intento de instaurar el delito de opinión
La Naranja de Prensa repudia la denuncia penal que el Grupo Clarín lanzó contra un grupo de periodistas a los que pretende endilgarles el delito de "coacción agravada" e "incitación a la violencia", en una judicialización de la opinión periodística en la que no se distingue entre los colegas que hicieron uso de su derecho a fijar posición sobre un determinado hecho y los funcionarios del Gobierno nacional que, frente al mismo caso, otra vez lanzaron una caza de brujas conspirativa desde las poltronas del Estado para descalificar diversas protestas contra el oficialismo.
La presentación contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente y Orlando Barone, entre otros, constituye un intento de instaurar el delito de opinión, lo que no alcanza a ser disimulado por las aclaraciones del abogado de Clarín, Hugo Wortman Jofré, quien salió a decir que los colegas tenían que concurrir a sede judicial sólo en calidad de "testigos". La "aclaración" está vinculada al repudio que la acción suscitó entre los propios trabajadores de prensa y los de su propio multimedios.
La reacción de los medios oficialistas y sus voceros, sin embargo, está teñida de hipocresía pues el gobierno se ha dedicado a querellar y perseguir sistemáticamente a los periodistas que escribieron artículos contrarios a los intereses del oficialismo, señalándolos públicamente con nombre y apellido y, llegando al extremo de realizar "escraches públicos" o "juicios éticos" por parte de sectores vinculados con el oficialismo contra ellos. Esto es lo que desconocen otras agrupaciones del gremio que salieron a condenar la demanda del grupo Clarín.
Se hace imprescindible una posición independiente de las organizaciones de los trabajadores de prensa cuando se agrava la disputa interpatronal ante la inminente reestructuración del negocio capitalista de la comunicación social en el país que, por otra parte, amenaza con cercenar los derechos de los trabajadores de prensa. Si la defensa de los periodistas de los medios K atacados por Clarín o viceversa, queda en manos de sus respectivas patronales, se debilita la posición de esos trabajadores, los que quedarían absolutamente indefensos.
Rechazamos el intento de instaurar el delito de opinión por parte del grupo Clarín, al tiempo que advertimos la gravedad de que estas prácticas sean realizadas desde el mismo Estado. Los trabajadores de prensa deben desarrollar una organización independiente como única garantía para la defensa de la libertad de expresión y el conjunto de sus derechos.
La Naranja de Prensa
Comisión Interna del Diario Crónica, "Clarín ataca la libertad de expresión"
Los trabajadores de prensa del diario Crónica repudiamos la denuncia penal que promovió el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente ,
El autoritarismo es la practica habitual del grupo empresario que no respeta leyes ni sentencias judiciales. En sus empresas no rige el Estatuto del Periodista ni los convenios colectivos de trabajo, tampoco se acatan las paritarias y se persigue a las organizaciones gremiales de los trabajadores.
Defendemos incondicionalmente la libertad de pensamiento y de opinión y reivindicamos el derecho de los periodistas de ejercerlo sin censura ni injerencia por parte de empresas o del estado. La libertad de expresión y el derecho a la información de ello dependen.
Andrea Salmini - Kiko Vignolles - Nancy Acosta
Comisión Interna del Diario Crónica
Con esa denuncia el grupo Clarín deja al descubierto, una vez más, lo que ellos interpretan como libertad de prensa y su menosprecio por el derecho de opinión y expresión de todas las personas. Con esta denuncia demuestra que su habitual argumentación en defensa de la libertad de prensa es mentirosa y sólo busca mantener su poder de presión.
Mientras el Estado derogó la figura penal de calumnias e injurias, Clarín pretende meter presos a los que piensan y opinan en forma diferente a sus intereses. Magnetto y sus secuaces se tienen que dar cuenta que ya no pueden poner y sacar gobiernos, ni imponer sus intereses por sobre la Ley.
Lo que en realidad les molesta es que llega la hora de aplicar integralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, debatida por la ciudadanía, votada por el Congreso Nacional, promulgada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y convalidada por la justicia. Esa Ley por la que tanto trabajamos, inexorablemente se tiene que cumplir y hacer cumplir en beneficio de una mejor comunicación para todos, que nos permita avanzar en la inclusión, la justicia y una mejor distribución de la riqueza.
Condenamos la denuncia penal del Grupo Clarín
La Asociación Madres de Plaza de Mayo condena la denuncia penal del Grupo Clarín contra los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente y contra el ministro de Justicia Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini; el diputado nacional Edgardo Depetri; el legislador porteño Juan Cabandié; y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella por expresar libremente sus opiniones. Eso, para Clarín, es "instigar a la violencia".
El monopolio es el único que instiga a la violencia: dice defender la libertad de expresión pero fue cómplice de la dictadura, pretende encarcelar a aquellos que opinan diferente y luchan por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Las Madres conocemos bien cómo se maneja el monopolio, por lo que nada de lo que de él provenga nos sorprende: hace 35 años que luchamos contra su pseudo manera de hacer periodismo.
Clarín miente, difama, persigue y espía a sus trabajadores –a los que no deja sindicalizar- y se resiste a cumplir una ley de la democracia. Ahora, además, denuncia penalmente a quienes opinan distinto a sus intereses.
Las Madres no vamos a permitir este intento de amordazarnos. Nos solidarizamos con todos los denunciados por el Grupo Clarín y pedimos que todo el pueblo condene este avance del monopolio que intenta volver a la censura de la dictadura.
El pañuelo banco está junto a Sandra Russo, Roberto Caballero, Javier Vicente, Julio Alak, Carlos Zannini; Edgardo Depetri; Juan Cabandié; y Martín Sabbatella.
¡La única lucha que se pierde es la que se abandona!
Hebe de Bonafini, Presidenta de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo
Ver anteriores: Tiempo Argentino denuncia un grave ataque a la libertad de expresión I, El CELS asumirá la defensa de los periodistas denunciados por el Grupo Clarín, Tiempo Argentino denuncia un grave ataque a la libertad de expresión II
La Naranja de Prensa repudia otro intento de instaurar el delito de opinión
La Naranja de Prensa repudia la denuncia penal que el Grupo Clarín lanzó contra un grupo de periodistas a los que pretende endilgarles el delito de "coacción agravada" e "incitación a la violencia", en una judicialización de la opinión periodística en la que no se distingue entre los colegas que hicieron uso de su derecho a fijar posición sobre un determinado hecho y los funcionarios del Gobierno nacional que, frente al mismo caso, otra vez lanzaron una caza de brujas conspirativa desde las poltronas del Estado para descalificar diversas protestas contra el oficialismo.
La presentación contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente y Orlando Barone, entre otros, constituye un intento de instaurar el delito de opinión, lo que no alcanza a ser disimulado por las aclaraciones del abogado de Clarín, Hugo Wortman Jofré, quien salió a decir que los colegas tenían que concurrir a sede judicial sólo en calidad de "testigos". La "aclaración" está vinculada al repudio que la acción suscitó entre los propios trabajadores de prensa y los de su propio multimedios.
La reacción de los medios oficialistas y sus voceros, sin embargo, está teñida de hipocresía pues el gobierno se ha dedicado a querellar y perseguir sistemáticamente a los periodistas que escribieron artículos contrarios a los intereses del oficialismo, señalándolos públicamente con nombre y apellido y, llegando al extremo de realizar "escraches públicos" o "juicios éticos" por parte de sectores vinculados con el oficialismo contra ellos. Esto es lo que desconocen otras agrupaciones del gremio que salieron a condenar la demanda del grupo Clarín.
Se hace imprescindible una posición independiente de las organizaciones de los trabajadores de prensa cuando se agrava la disputa interpatronal ante la inminente reestructuración del negocio capitalista de la comunicación social en el país que, por otra parte, amenaza con cercenar los derechos de los trabajadores de prensa. Si la defensa de los periodistas de los medios K atacados por Clarín o viceversa, queda en manos de sus respectivas patronales, se debilita la posición de esos trabajadores, los que quedarían absolutamente indefensos.
Rechazamos el intento de instaurar el delito de opinión por parte del grupo Clarín, al tiempo que advertimos la gravedad de que estas prácticas sean realizadas desde el mismo Estado. Los trabajadores de prensa deben desarrollar una organización independiente como única garantía para la defensa de la libertad de expresión y el conjunto de sus derechos.
La Naranja de Prensa
Comisión Interna del Diario Crónica, "Clarín ataca la libertad de expresión"
Los trabajadores de prensa del diario Crónica repudiamos la denuncia penal que promovió el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente ,
El autoritarismo es la practica habitual del grupo empresario que no respeta leyes ni sentencias judiciales. En sus empresas no rige el Estatuto del Periodista ni los convenios colectivos de trabajo, tampoco se acatan las paritarias y se persigue a las organizaciones gremiales de los trabajadores.
Defendemos incondicionalmente la libertad de pensamiento y de opinión y reivindicamos el derecho de los periodistas de ejercerlo sin censura ni injerencia por parte de empresas o del estado. La libertad de expresión y el derecho a la información de ello dependen.
Andrea Salmini - Kiko Vignolles - Nancy Acosta
Comisión Interna del Diario Crónica
FARCo repudia la absurda denuncia del Grupo Clarín
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), manifiesta su repudio a la denuncia del grupo Clarín contra periodistas y dirigentes políticos y sociales que apoyan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por considerar que constituye una clara persecución contra quienes opinan distinto a los intereses de ese grupo.
Con esa denuncia el grupo Clarín deja al descubierto, una vez más, lo que ellos interpretan como libertad de prensa y su menosprecio por el derecho de opinión y expresión de todas las personas. Con esta denuncia demuestra que su habitual argumentación en defensa de la libertad de prensa es mentirosa y sólo busca mantener su poder de presión.
Mientras el Estado derogó la figura penal de calumnias e injurias, Clarín pretende meter presos a los que piensan y opinan en forma diferente a sus intereses. Magnetto y sus secuaces se tienen que dar cuenta que ya no pueden poner y sacar gobiernos, ni imponer sus intereses por sobre la Ley.
Lo que en realidad les molesta es que llega la hora de aplicar integralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, debatida por la ciudadanía, votada por el Congreso Nacional, promulgada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y convalidada por la justicia. Esa Ley por la que tanto trabajamos, inexorablemente se tiene que cumplir y hacer cumplir en beneficio de una mejor comunicación para todos, que nos permita avanzar en la inclusión, la justicia y una mejor distribución de la riqueza.
Repudio a denuncias contra periodistas
Los trabajadores de prensa del
Noticiero de Canal 7 y Radio Nacional repudiamos enérgicamente el
hostigamiento judicial a periodistas mediante una demanda penal por
parte del Grupo Clarín, que pretende silenciar la opinión y
entorpecer el libre ejercicio de la profesión mediante
intimidaciones.
No nos sorprende esta actitud de parte
de quienes recurrieron a despidos de trabajadores, delegados y a la
coartación de la libertad sindical para disciplinar a sus propios
periodistas.
Manifestamos asimismo nuestra
convicción acerca de la necesidad de asegurar y defender el derecho
a la libertad de expresión para todos los trabajadores de prensa,
independientemente de los medios y empresas en los que trabajen, así
como de los poderes fácticos, tal como lo garantizan la Constitución
Nacional y el Estatuto del Periodista.
La democracia se sostiene con más
libertad de expresión, más pluralismo y sin condicionamientos de
ninguna índole.
Trabajadores de Prensa de Radio
Nacional y Canal 7
La Asociación Madres de Plaza de Mayo condena la denuncia penal del Grupo Clarín contra los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente y contra el ministro de Justicia Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini; el diputado nacional Edgardo Depetri; el legislador porteño Juan Cabandié; y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella por expresar libremente sus opiniones. Eso, para Clarín, es "instigar a la violencia".
El monopolio es el único que instiga a la violencia: dice defender la libertad de expresión pero fue cómplice de la dictadura, pretende encarcelar a aquellos que opinan diferente y luchan por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Las Madres conocemos bien cómo se maneja el monopolio, por lo que nada de lo que de él provenga nos sorprende: hace 35 años que luchamos contra su pseudo manera de hacer periodismo.
Clarín miente, difama, persigue y espía a sus trabajadores –a los que no deja sindicalizar- y se resiste a cumplir una ley de la democracia. Ahora, además, denuncia penalmente a quienes opinan distinto a sus intereses.
Las Madres no vamos a permitir este intento de amordazarnos. Nos solidarizamos con todos los denunciados por el Grupo Clarín y pedimos que todo el pueblo condene este avance del monopolio que intenta volver a la censura de la dictadura.
El pañuelo banco está junto a Sandra Russo, Roberto Caballero, Javier Vicente, Julio Alak, Carlos Zannini; Edgardo Depetri; Juan Cabandié; y Martín Sabbatella.
¡La única lucha que se pierde es la que se abandona!
Hebe de Bonafini, Presidenta de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo
Ver anteriores: Tiempo Argentino denuncia un grave ataque a la libertad de expresión I, El CELS asumirá la defensa de los periodistas denunciados por el Grupo Clarín, Tiempo Argentino denuncia un grave ataque a la libertad de expresión II
