La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envío una misiva al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en la que expresa la preocupación de la organización por los anuncios del Poder Ejecutivo de ese país, entorno a que al margen de las decisiones judiciales, avanzará en la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios, cuya constitucionalidad aún discute ese órgano del Estado
El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, director del diario ecuatoriano Hoy, envió una carta el pasado 26 de noviembre al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en la que expone la inquietud de la institución sobre la “actitud de presión sobre otro Poder del Estado” y los efectos negativos que esta situación podría ocasionar al estado de derecho.
A continuación el texto de la misiva:
“En nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, organización que nuclea a los medios periodísticos de todo el continente, deseo transmitir nuestra preocupación por los anuncios públicos del Poder Ejecutivo de la República Argentina en el sentido de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales de medios de comunicación a partir del próximo 7 de diciembre, al margen de las decisiones judiciales.”
”En efecto, pese a que el juicio de fondo sobre inconstitucionalidad de dos artículos de la ley aún no tiene sentencia, y a que tampoco ha sido resuelto un pedido de prórroga de una medida cautelar solicitado por una de las empresas afectadas —habilitada por un fallo de la Corte—, el gobierno ha anunciado que ese día piensa actuar de hecho.
”Nos inquieta la posibilidad de que se produzca un virtual estado de indefensión judicial. No podemos soslayar que en las últimas semanas se ha producido el desplazamiento de numerosos magistrados, a instancias del Poder Ejecutivo.
”Lamentablemente, esta actitud de presión sobre otro Poder del Estado viene logrando el objetivo central de dilatar cualquier pronunciamiento.
”Observamos alarmados cómo esta situación podría dañar obviamente a los medios involucrados, pero fundamentalmente al estado de derecho, a la división de poderes y, sobre todo, a la diversidad de voces y la libertad de expresión en la Argentina, ya que los medios podrían ser quitados a sus actuales titulares sin que la Justicia aún se haya expedido sobre la constitucionalidad de esta polémica norma.
”Por todo lo expuesto, y en la imposibilidad de transmitirle personalmente estas inquietudes, como hubiera sido mi deseo, esperamos que cualquier intento de avance de hecho sobre medios argentinos encuentre el freno adecuado y oportuno en las instituciones democráticas llamadas a ser un contrapeso de cualquier desvío autoritario.”
Fuente: SIP
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