Por: Eleonora Rabinovich*
Recientemente se difundieron datos de publicidad oficial de la provincia de Buenos Aires en 2011. Nos preguntaron entonces cómo la ADC evaluaba las prácticas del gobierno de Scioli, en comparación con el nacional y el porteño.
No podemos saberlo, por falta de información. Ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la provincia de Buenos Aires respondieron los pedidos de información que cursamos. La Jefatura de Gabinete de la Nación fue el único organismo que contestó, pero no a todos los datos que pedimos (como las campañas o la desagregación mensual del gasto).
La transparencia es el primer paso para fiscalizar la distribución de esos fondos. Luego de que la Corte Suprema se pronunciara sobre el manejo de la pauta en dos oportunidades, y luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicara los estándares que los Estados deben cumplir en materia de publicidad oficial, insistir sobre un pedido de información devuelve el debate muchos casilleros atrás.
Este caso muestra que la clase política comparte malas prácticas en su gestión de la comunicación pública, en violación de derechos humanos como el acceso a la información. La ADC lo señaló en 2005, junto a la resistencia de muchos medios a aceptar un esquema de transparencia y regulación.
Otro ejemplo: no avanzó la conformación de la Comisión Bicameral que debe controlar la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, decisiva para poner en marcha aspectos cruciales de la norma, como la integración plural de las autoridades de regulación, o la creación de la Defensoría del Público.
Antes de 2011, el Gobierno argumentaba que la oposición se resistía a integrar la comisión. Ahora, la oposición dice que es el Gobierno quien lo frena. A casi tres años de la sanción de la ley, ninguna explicación sirve como excusa.
Para salir de este escenario, se necesita un compromiso real de los actores involucrados. Y ante su ausencia, nos queda pedir el control estricto de la Justicia.
*Directora del área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Fuente: Diario Perfil
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