Desde que el 4 mayo de 2010 se promulgara la Ley 20.433 de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, convocó a los grupos y empresas de radio en Chile a una mesa técnica para reordenar el espectro de frecuencias en el país y despejar el segmento asignado en la nueva ley a las radios comunitarias, que en el caso de Santiago va entre el 105.9 y el 107.9 FM, con potencias de hasta 25 watts.
Pese a que inicialmente había dado su consentimiento, el 21 de agosto de 2012, el consorcio Iberoamericana Radio Chile, del grupo español PRISA, se opuso a firmar una propuesta de acuerdo, en la cual gran parte de los radiodifusores y la Subtel trabajaron durante más de un año.
Dicho acuerdo, que implicaba para el grupo PRISA modificaciones técnicas de carácter menor, permitía a Subtel mover algunas de sus estaciones de radio en las regiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, Novena, Décima, Decimoprimera, Decimosegunda, Decimocuarta, Decimoquinta y Metropolitana, facilitando la plena aplicación de la nueva legislación.
PRISA aduce que mientras no se resuelva la situación legal de renovación que enfrentan en la Corte de Apelaciones de Santiago algunas de sus 211 frecuencias en Chile, no “aprobará” las propuestas de despeje.
Se trata de un acto condenable de presión indebida sobre el Estado de Chile por parte de un conglomerado transnacional que se niega a facilitar el reordenamiento del espectro que permita la creación de una franja especial destinada a radios comunitarias.
La actitud de PRISA España es prepotente y, no hace sino ratificar el grave desequilibrio en el acceso a las frecuencias de la radio en Chile, que tiene serias repercusiones sobre la diversidad y la pluralidad de voces y la segregación de las radios comunitarias respecto al sector comercial de la radiodifusión.
PRISA opera hace años en Chile y ha tenido plena colaboración de las autoridades de turno. Sin embargo, ahora aduce que en Chile no tienen seguridad jurídica sólo porque está sometida a un proceso contemplado en la legislación como es la renovación de frecuencias concesionadas y el principio de reciprocidad establecido en la Ley de Prensa de 2001, que establece condiciones similares para operar en España a capitales chilenos si es que el porcentaje de participación de capitales extranjeros superar el 10% del mercado en Chile.
El proceso a que está sometida PRISA es el mismo para todos los concesionarios de frecuencias radiales del país.
Las redes de radios comunitarias, en particular AMARC, ha reiterado en diversas ocasiones su oposición a las acciones monopólicas u oligopólicas en la radiofonía, porque afectan directamente a las radios regionales, locales y comunitarias.
Es hora que el Estado de Chile tome posición frente a los monopolios en la radiofonía y garantice a la ciudadanía la aplicación de la ley de radios comunitarias en su absoluta cabalidad.
*Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Fuente: El Mostrador
