Por: Andrés Sanguinetti
Tras haber calificado a Clarín como una “cadena nacional ilegal” y anticipado que llamará a concurso para readecuar algunas de las licencias del grupo, el Gobierno prepara ahora el embate final orientado a desmembrar antes de fin de año la actual estructura del mayor holding periodístico del país con la excusa de adecuarlo a los postulados de la Ley de Medios.
Mas allá del camino de los tribunales, desde el Gobierno aseguran “ir por todo”. Sin dar mayores precisiones, aseguran que “la línea la baja Cristina”, por la Presidenta, y que en breve habrá “más novedades”.
Parte de la estrategia quedó plasmada en el polémico spot de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) emitido este fin de semana durante las transmisiones deportivas de Fútbol para Todos y Automovilismo para Todos. “Si el Grupo Clarín no acepta la ley antes del 7 de diciembre, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la norma” sostiene la publicidad oficial. “El Estado argentino no va a expropiar, ni estatizar medios de comunicación”, aclara el spot que, según pudo saber El Cronista, fue pensado casi de manera simultánea a la designación de Martín Sabbatella al frente de Afsca, y responde a la orden de acelerar la embestida contra Clarín luego de que los medios del grupo le dieran amplia cobertura a la marcha de la noche del jueves 13 de septiembre pasado cuando miles de ciudadanos se manifestaron en contra de las medidas más polémicas del Gobierno, y que los medios oficiales evitaron cubrir.
El próximo paso sería demostrar que sólo Clarín rechaza la Ley de Medios. Para evidenciarlo se estaría evaluando que en alguna de sus criticadas intervenciones por cadena nacional, Cristina Fernández anuncie los planes de adecuación que los grupos periodísticos alcanzados por la Ley de Medios habrían ya presentado ante el Afsca.
Se trataría de un anuncio orientado más que nada a otorgarle cierto marketing de legalidad a nuevas medidas de tinte político que hombres K proponen tomar contra Clarín.
En esa línea se evalúa quitarle a Clarín la licencia para operar algunos de sus medios mas emblemáticos como Canal 13, la señal de cable Todo Noticias (TN) y hasta Radio Mitre. Luego, la intención será intervenir Cablevisión pero no de la mano de una orden judicial, tal como ya se intentó a partir de un fallo dictado por un juez de Mendoza en el marco de una causa que involucra a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.
Por el contrario, el próximo escenario que vislumbran desde el Gobierno es hacerlo con una orden de facto que pase por encima de los fallos que protegen a Cablevisión de esta posibilidad. Y la idea es que el desembarco K impregne a la operadora de TV paga de funcionarios con orden de desguazar su estructura y licitar una parte.
Según aseguran cerca de las oficinas del Afsca, se trata de medidas que se adoptarán con la excusa de mostrar que “Clarín es el único grupo que rechaza presentar su plan de desinversión”, y así legalizar que sea el Estado el que le fije los límites, “siempre en el marco de la Ley de Medios”.
Ya en julio pasado, el Afsca había intimado a Clarín a que comenzara a adecuarse a lo establecido en el polémico artículo 161 de la ley. Lo hizo mediante el envío de una cédula en la cual le informaba el fin del período de adecuación voluntaria y anticipaba el inicio de la etapa forzosa. Si bien la circular fue enviada a otros grupos abarcados por la Ley de Medios, Clarín es el más afectado por los límites impuestos por la norma. Debería vender varios de sus medios y restringir las estructuras de otros porque, por caso, la norma prohibe a una misma compañía ser dueña de una licencia de televisión abierta y una compañía de cable.
También establece que la cantidad de abonados de un operador de TV paga no podrá superar el 35% del total de clientes de TV por suscripción de todo el país, y deberá limitar su cobertura a solo 24 localidades. Según Afsca, Clarín posee “más de 240 sistemas de cable, nueve radios AM, una FM y cuatro canales de TV abierta”.
Así las cosas, para voceros de Clarín la embestida del Gobierno tiene un profundo tinte político ya que evade la vía judicial que hasta ahora le ha permitido al grupo ganar tiempo y sostener su estructura indemne de la Ley de Medios. Admiten como probable nuevas embestidas, la emisión de más spots del Afsca o hasta alguna medida concreta antes del próximo 9 de octubre, cuando se cumplirán 36 meses exactos desde que el 9 de octubre de 2009 el Congreso aprobó la Ley de Medios supuestamente destinada a a pluralizar y democratizar el mapa periodístico de la Argentina.
“Sabemos que van por todo antes del 7 de diciembre y que el objetivo es desguazar al grupo, tal como quedó evidenciado en el spot del Afsca”, advirtieron voceros de Clarín. También consideraron que se trata de “una embestida inconstitucional, que viola todos los derechos porque el artículo 161 está suspendido por la Justicia”. Es decir, el Gobierno estaría violando un fallo de la Corte Suprema.
Los voceros se animaron a calificar a las amenazas del Gobierno como las de “una dictadura” y anticiparon que seguirán “apelando a la ley, la Justicia y a la sociedad para evitar estos actos que buscan silenciar a las voces opositoras”.
En estos tres años, sólo Clarín ha rechazado Ley de Medios por vía judicial, presentando amparos contra artículos, como el de desinversión, que considera “inconstitucional” y que supone son “herramientas del Gobierno para colonizar y debilitar a los medios”.
Desde el holding se advierte también que“el relato oficial busca preparar el terreno para terminar con el estado de Derecho en la Argentina”.
Un plazo, dos interpretaciones
Será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra”. Así definen en Clarín el futuro del conflicto. No se trata de una expresión de deseos sino de una definición basada en lo que ya dispuso el máximo tribunal de justicia sobre lo que debería esperarse luego del 7 de diciembre próximo cuando debería dejar de regir la cautelar que suspende para Clarín el artículo 161. Sin embargo, la fecha no afecta el juicio de fondo por inconstitucionalidad que podría o no estar resuelto, al contrario de lo que afirman desde el Gobierno donde dicen que la fecha le impone un límite al rechazo de Clarín sobre la norma. Lo concreto es que la cautelar que interpuso Clarín para frenar los articulos 45 y 161 puede o no finalizar el 7/D si es que antes se emite un fallo sobre la cuestión de fondo o se posponga el plazo de entrada en vigencia de la ley. Desde Clarín aclararon que “si el 7 de diciembre el juicio no está terminado puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte, o ampliarse el plazo que establece la Ley de Medios”.
El spot oficial suma rechazos de organismos internacionales
Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) manifestaron el rechazo y la preocupación por las amenazas del Gobierno contra el Grupo Clarín. En el caso de la SIP, ayer envió un comunicado en el cual deplora “que el Gobierno use un spot para difundir propaganda política en la televisión pública con la intención de amenazar a un medio que no se apega a sus puntos de vista y para presionar a los jueces a emitir un resultado que le favorezca”.
El comunicado lleva la firma de Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y agrega que “esta nueva acción pone en entredicho la independencia sobre la que debe sostenerse el Poder Judicial en una democracia”.
En tanto, la Asociación Internacional de Radiodifusión, que representa a mas de 15.000 emisoras de radio y televisión de todo el mundo, denunció que la aplicación del artículo 161 por vías de hecho, “significaría una drástica reducción de los medios de comunicación independientes que subsisten en la Argentina, con la consecuente pérdida de canales de expresión que permiten el ejercicio de la crítica política y el escrutinio público, condiciones esenciales de una Democracia. Por lo tanto, pidió al Gobierno “que se abstenga de utilizar recursos y medios públicos para fines propagandísticos y que respete la independencia del Poder Judicial”.
El riesgo de una Ley de Medios con nombre y apellido
Por: Fernando Gonzalez, Director Periodístico fgonzalez@cronista.com
Para entender las miserias del país adolescente no hay mejor espejo que el pasado reciente. La presidenta Cristina Kirchner compitió hace 11 meses para ser reelecta en su cargo y triunfó con el 54% de los votos. La cobertura periodística de su campaña electoral tuvo aristas positivas en el aspecto emocional (venía de superar la muerte de su esposo, Néstor Kirchner); también fue tratada favorablemente en el aspecto económico y encontró sus picos negativos en las cuestiones políticas. El diario Clarín estuvo entre los más duros objetores del Gobierno pero esas críticas no hicieron mella alguna en el resultado electoral. Sin embargo, el kirchnerismo está empeñado en debilitar del modo que sea el poder periodístico y financiero del Grupo Clarín. Le adjudica el liderazgo de una supuesta cadena del desánimo bajo la que estigmatiza todas las informaciones de tono crítico y diseñó la Ley de Medios estratégicamente para limitar al que cree su principal enemigo.
La Ley de Medios nunca fue el problema. Es un instrumento regulador de la actividad y el negocio periodístico que no se actualizaba desde la dictadura militar y la mayor parte de la dirigencia argentina lo consideraba necesario. Incluso para equilibrar la posición dominante de la que Clarín dispuso (a veces con abusos) respecto de sus competidores en el mercado. Así lo entendieron los legisladores de la oposición que acompañaron con su voto la sanción de la ley. Pero muchos de esos senadores y diputados ahora están arrepentidos. Los últimos acontecimientos políticos y, sobre todo, el cacerolazo del jueves 13 de septiembre demostraron que el objetivo final del Gobierno era lograr una cobertura periodística favorable y uniforme de los hechos más sensibles de la actualidad. Fue extraño y a la vez penoso comprobar como la mayor parte del cacerolazo sólo era registrado por un noticiero de aire, una señal de cable y apenas un puñado de sitios webs.
La batalla entre el Gobierno y el Grupo Clarín tiene ahora un marco jurídico complejo y una fecha cuyo marketing crece día a día: el 7 de diciembre, o el 7D como la susurra el kirchnerismo en tono bélico y actoral. Ese día, o algunos días antes, se sabrá hasta dónde está dispuesta la Presidenta a avanzar sobre los medios del grupo al que le ha dedicado enormes cantidades de energía vital para cuestiones más trascendentes. En cambio, poco se sabe sobre sus planes para el resto de los grupos audiovisuales y se puede anticipar que ninguno tendrá exámenes tan exigentes como los reservados a Clarín.
El principal defecto de la Ley de Medios audiovisuales es que no mide a todos los actores mediáticos con la misma vara. Está viciada en su propia naturaleza. Después del 7 de diciembre podrá dejar de existir el canal de cable Todo Noticias; podrán modificar su perfil actual Canal 13 o radio Mitre. Y la operadora Cablevisión podrá seguir siendo una empresa privada o pasar a ser un nuevo experimento estatal. Pero el riesgo mayor es que la pluralidad de voces quede lesionada de modo irreversible. La Presidenta se haría un enorme daño a sí misma. Es que la mayor legitimidad de Cristina es haber sido reelegida mayoritariamente mientras los medios alertaban a la sociedad sobre los principales defectos de su gestión.
Ley de Medios: una opinión que muchos sólo dicen en privado
Por: Alejandro Pereyra, abogado y ex director de Jurídicos del ComFeR
Solo soy un abogado que hace tiempo me dedico a la radiodifusión, tema que desde hace tres años tiene mas o menos la misma cantidad de opinadores que la formación de la selección nacional o la incidencia de las estadísticas del Indec en la economía. También hace 46 años que vivo en este país, viendo cómo se forman círculos cerrados que intermedian en los 50 metros del poder, donde se dice con circunloquios toda forma de evitar de llevar la realidad a la máximas autoridades del Ejecutivo. Qué mejor frase para ilustrar mi afirmación como recordar: ‘el rey esta desnudo...’.
Poco le importará al poder lo que expresaré y tal vez mucho menos se lo podrá evaluar como una ayuda. Es seguro que se lo tomará como una forma más de la visión conspirativa que se tiene de todo comentario u opinion que no sea congruente con las posiciones de los supremos intereses del gobierno nacional, como la sombra que sigue al cuerpo para el paranoico.
Pero sinceramente hago el aporte por ser un estúpido empecinado en reconocer la investidura de la figura del Presidente y en particular de la actual, que en el fondo me sigue pareciendo una persona que merece que se le diga la verdad, por lo menos la de este técnico que alguna experiencia en este agotador tema del marco regulatorio en los medios por lo menos tiene.
Como ejemplo de la situaciones que avalan mi opinión sobre el marco de verdades a media de los 50 metros del poder, valen recordar: la isla Demarchi como espacio desocupado y abandonado, la llegada de la Formula 1 a Mar del Plata, o las charlas amenas en vídeo conferencias con personas aparentemente desinteresadas.
Así vemos que las licencias que utilizan espectro -TV y radio -son las únicas que van por concurso, los sistemas de cables o satelitales son de adjudicación directa!!! por ser un servicio en competencia y que no ocupan espacio radioeléctrico. Es una mentira de proporciones mayúsculas que se tratan de justificar con un spot publicitario. De este modo, tenemos que en cables y radiodifusión sonora y TV creen que caducan y llamarán a concurso y, como la prestación debe continuar, se la darán a operadores existentes!!! Si mirasen el texto del artículo 161 de la Ley 26.552 o de las prórrogas de la Resolución 297-AFSCA/10 se puede ver sin errores el plazo del año, que obviamente corre desde la finalización de la cautelar.
Tan errados no se estará que el resto de los grupos alcanzados por el artículo 161 han presentado en los últimos dos meses su compromiso a la adecuación y de ello solo el caso del grupo Ick lo ha logrado. Por ello, seria bueno que se le avise a las máximas autoridades que la propia aplicación de las normas que ellos impulsaron son las que en definitiva, avalan el año más, mal que les pese al circulo aúlico de los 50 metros de alfombra roja.
Fuente: Diario El Cronista
