El Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay investiga "grupo económico", relacionado con Ángel Remigio González y González, que controla 11 emisoras radiales y espera sus descargos para tomar decisiones
La organización no gubernamental (ONG) Grupo Medios y Sociedad (GMS) presentó el martes los descargos del informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que estableció que correspondería que el Ejecutivo revocara los permisos de 11 emisoras radiales privadas que violentan la normativa vigente por formar parte de un mismo "grupo económico" disimulado por medio de testaferros. El subsecretario Edgardo Ortuño señaló en diálogo con la diaria que la cartera tomará una decisión una vez que se diligencien las pruebas presentadas en los descargos, para lo cual se vence el plazo esta semana.
El informe jurídico del MIEM llegó el 13 de diciembre como respuesta a la denuncia realizada por el GMS, en 2009, ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). La organización le solicitó a ese organismo que investigara las transferencias de titularidad de las emisoras individualizadas como pertenecientes al Grupo Sarandí y al Grupo Sofía, este última de Miguel Sofía, sobre quien pesa un pedido de captura internacional por su responsabilidad en los asesinatos de Manuel Ramos e Ibero Gutiérrez y las desapariciones de Héctor Castagnetto y Abel Ayala, crímenes que la Justicia atribuye al Escuadrón de la Muerte.
Las 11 emisoras son Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana, Radio Disney, Emisora del Plata, Futura FM, Radio Real de San Carlos, Emisora Cenit, Emisora Santa Rosa y La Pedrera. GMS denunció que todas estas habían sido adquiridas por el empresario mexicano-americano Ángel González mediante "terceras personas", y que las últimas siete mencionadas, pertenecientes al Grupo del Plata, conforman una "concentración disimulada" por medio de prestanombres o familiares.
Tras la investigación, la Asesoría Jurídica del MIEM determinó que estas 11 emisoras privadas pertenecen a un mismo "conjunto económico", es decir, a un mismo grupo empresarial. Llegaron a esa conclusión a partir de constatar que en algunos casos se compartía un mismo domicilio o tenían similitud de actividades o intercambiabilidad de trabajadores.
En este caso, el Grupo Sarandí y el Grupo del Plata funcionan en una misma dirección en Montevideo, lo cual resultó probado por Jurídica del MIEM tras las inspecciones realizadas en las instalaciones del edificio donde están radicadas las oficinas de siete emisoras. Además, componen el Grupo Mont Sololei Sociedad Anónima, según surgió del informe de facturación de publicidad que desde el MIEM se solicitó a la Intendencia de Montevideo. La misma información, solicitada a la Dirección General Impositiva, fue negada por este organismo alegando "ausencia de un deber de proporcionar información a la Ursec".
De esta manera, la Asesoría Jurídica determinó que dicho grupo económico viola el decreto 734/978 que regula actualmente los servicios de radiodifusión. El artículo 12 establece: "Una persona no puede ser beneficiada a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de radiodifusión en total en las tres bandas citadas (OM - FM - TV)". Por esta razón, concluye: "Correspondería al Poder Ejecutivo dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de titularidad de las emisoras involucradas".
Para el ministro
En los descargos, GMS enfatiza en el hecho de que el "centro de decisión" de las 11 emisoras es el administrador de Radio Sarandí, Fernando Cohelo, y quien aparece como titular de Futura, y de otras radioemisoras, es Carlos Molinari, "al igual que en Radio Real de San Carlos y Emisora del Plata (todas del ex grupo Sofía-Troncoso), pero el dictamen de referencia nada dice respecto a ese titular". También denuncian que la dirección liderada por Cohelo determinó días atrás el cierre de varios programas en Futura y el despido de "buena parte" de su personal.
La ONG también reclama que no se aborda lo relacionado con la titularidad de Ángel González teniendo en cuenta que es "un punto de central importancia", ya que nuestra normativa prohíbe que ciudadanos extranjeros sean titulares directa o indirectamente de licencia para explotar frecuencias que administra el Estado uruguayo. Sobre este punto, Jurídica del MIEM explica que la información solicitada a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior "resultó insuficiente". En ese sentido, GMS aporta en los descargos el número de pasaporte de González para "conocer cuándo y cuántas veces y en qué fechas este ciudadano ingresó al país".
Asimismo, entienden que, además las consideraciones de Jurídica del MIEM sobre la violación del decreto 734, deben tomarse en cuenta "las graves consecuencias que tiene para la diversidad cultural y el pluralismo informativo la concentración de las emisoras en un solo grupo extranjero". "Radios pioneras como Radio Real de San Carlos o Futura FM han sido desmanteladas para pasar a ser simples repetidoras de la producción de Radio Sarandí en Montevideo. Otro tanto pasa con Radio Cenit de Rivera y Radio La Pedrera, que tampoco tienen producción local y se han transformado en simples bocas de salida de la producción que centralmente se realiza en Montevideo", señala GMS.
El subsecretario del MIEM, Edgardo Ortuño, dijo a la diaria que las pruebas propuestas por el GMS y las que presenten los denunciados serán dirigenciadas por la asesoría, que emitirá un informe final. Una vez que esto suceda será analizado por el ministro de Industria, Roberto Kreirmerman.
Fuente: La Diaria
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