Por: Julio Villalonga*
La incertidumbre azota a la cúpula del Grupo Clarín. La estrafalaria intervención de CableVisión, concretada por un juez mendocino teledirigido e inmediatamente apelada por los abogados del CEO del grupo, Héctor Magnetto, le demostró a éste y a sus principales colaboradores que la situación no tiene retorno.
Según aseguró a gacetamercantil.com una alta fuente del Gobierno de Cristina Kirchner, esa maniobra judicial atribuida a la inefable pareja Vila-Manzano no fue promovida por el Ejecutivo. Lo que, en caso de que fuera cierto, resultaría más grave para Clarín porque estaría demostrando que un aliado táctico del Gobierno nacional como lo es apenas el consorcio de medios del autoelegido presidente de la AFA en las sombras y del ex ministro que robaba para la Corona menemista, ha decidido saltar sobre la yugular de un tigre al que consideran herido de muerte.No es que, en realidad, el Grupo Clarín esté ya al borde su extinción y es por todos conocido el alto grado de aventurerismo de esta pareja. El escandaloso allanamiento de esta semana en las oficinas centrales de CableVisión no sería, en otro contexto, determinante, pero en las actuales circunstancias se convierte en un hecho peligroso.
Puede que la operación judicial de Vila-Manzano no fuera conocida por el Gobierno, pero el ex funcionario menemista acudió a la Casa de Gobierno hace tres semanas para conversar con el entonces secretario de Comunicación Social, Juan Manuel Abal Medina. Y nunca se difundió públicamente el contenido de esa charla.
Paralelamente, se activó la ofensiva de la Administración Kirchner contra Clarín con la sanción de la Ley de Papel Prensa, que declara de interés público la producción, distribución y comercialización de papel diario. A esta altura, Magnetto y su "staff" tienen en claro que no hay posibilidad alguna de volver atrás este conflicto.
Esta certeza no le fue transmitida aún a David Martínez, la cabeza visible de Fintech, un fondo de inversión que es dueño del 40% de las acciones de CableVisión. Martínez es, en rigor, un testaferro de Carlos Slim, el empresario mexicano que aún ocupa el primer lugar en el ránking de los hombres más ricos del mundo. Lo que Slim no puede o no quiere adquirir estampando su firma, Martínez lo hace a cambio de alguna ganancia. Hasta hace tres meses, el titular de Fintech repetía a quien quisiera escucharlo que Clarín le había asegurado que la "guerra" con el Gobierno había llegado a su fin. En algunos medios no muy informados llegó a filtrarse esta versión.
Un mes atrás, Martínez mantuvo una áspera reunión con Magnetto por esta cuestión. Desde ese momento, en la conducción de Clarín se produjo una división entre quienes sostienen la trasnochada idea de que podrían "entregar" el diario y Canal 13 a cambio de algún tipo de tregua con el Gobierno y antes de arriesgar a la verdadera "joya de la corona", encarnada en la megaempresa CableVisión/Fibertel. Y, por otro lado, los que creen que, en primer lugar, esa posibilidad es absolutamente remota. Y, además, que ahora sólo cabe resistir, único punto de unión, hoy, entre Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.
Un abogado que trabaja con Martínez y conoce muy bien estas idas y vueltas es Mariano Ibáñez, un ex director general de CableVisión que abrió el camino para que Clarín concretara la fusión ilegal de esta compañía con Multicanal en 2006. Ibáñez confesó no hace mucho que la situación de su jefe mexicano es complicada porque el negocio, tal como están las cosas, "está muerto". ¿A qué se estaría refiriendo Ibáñez? A que Clarín engañó a Slim, a través de Martínez, durante estos años, y a que hoy cualquier tipo de salida sería sumamente onerosa para el grupo, que podría verse obligado a vender en partes CableVisión/Fibertel a un precio que obligaría a Slim a asumir una pérdida muy importante. El 40% de las acciones que Fintech (Slim) tiene en la mayor empresa de TV por cable de América latina (CableVisión) le habría costado unos 1.500 millones de dólares.
Cualquier grupo que quisiera adquirir CableVisión, en caso de que uno solo estuviera en condiciones de tragar ese "bocado", antes debería tener resuelto este "problemita". Y otro que se deriva de la mala redacción de la Ley de Medios, que tanto en su artículo 161 como en sus normas reglamentarias habla de "licencias" o de "servicios", indistintamente, y no repara ni trata la "transferencia de acciones", lo que a la ya compleja situación de la mayoría de los multimedios se añade una cuestión interpretativa que puede provocar una catarata de presentaciones judiciales.
Mientras que se observa con atención lo que ocurre con el Grupo Clarín, por debajo pasan los casos no menos significativos de Telefé, propiedad de Telefónica Internacional; Canal 9, del empresario mexicano Remigio Ángel González González; Grupo Hadad, con su señal de aire C5N y su media docena de licencias de radio en la misma zona geográfica; y CIE-Rock&Pop, una red de radios similar a la de Hadad pero administrada por Raúl Moneta, en litigio con el empresario "neo-K" Matías Garfunkel.
Para algunos de estos grupos, que no están bajo el "paragüas" de la medida cautelar contra el artículo 161 de la Ley de Medios, el plazo de desinversión de un año comienza a regir hoy, 28 de diciembre. Enfrentan varias opciones, entre otras, vender de manera voluntaria y/o esperar a que la autoridad de aplicación (el ex ComFeR, actual AFSCA) licite las licencias excedentes en manos de un solo dueño.
En el caso de las empresas de TV por cable del Grupo Clarín la situación es más compleja. Desde 1996 los cables fueron adquiridos y transferidos sucesivamente. Las empresas compradoras fueron absorbiendo o fusionando las sociedades individualmente adquiridas, hasta llegar a la fusión máxima de Cablevisión y Multicanal, en 2006. Ese proceso "societario" de absorción y fusión de sociedades no recibió las aprobaciones administrativas de las licencias, por el ComFeR antes y ahora por la AFSCA. De ahí que no resulte fácil saber qué cables del Grupo Clarín estarían en infracción. Además, eso depende de su "voluntad", ya que para el cómputo valdría igual una licencia en Capital Federal que en Calamuchita. Es decir, que echar para atrás el proceso de fusión es sumamente complejo y la única alternativa sería la partición de la compañía, lo que facilitaría la aparición de compradores ya que cada unidad obligaría a una inversión menor que si se pretendiera vender toda la compañía fusionada, que tiene casi 3 millones de clientes.
Una variante analizada en el máximo nivel del Gobierno sería la de autorizar a las compañías telefónicas a brindar el servicio de "triple play", es decir, ofrecer telefonía fija y celular junto con internet y televisión. DirecTV y Telecentro ya lo hacen en varios lugares en alianza con Telefónica. Esta opción enfrenta resistencias fuera y dentro del Gobierno.
Lo único claro es que se dispara un proceso en el que la regla será el caos. Y, muy probablemente, la arbitrariedad.
*Director de Gaceta Mercantil, jvillalonga@gacetamercantil.com
Fuente: Gaceta Mercantil
