La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación considera que pueden estar involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad en la transferencia de acciones de la empresa
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió la indagatoria del dictador Jorge Videla, de su ex ministro de Economía José Martínez de Hoz; y de los dueños de los diarios Clarín y La Nación, por supuestos delitos de lesa humanidad en la transferencia de las acciones de la empresa "Papel Prensa".
En su rol de querellante la Secretaría conducida por Eduardo Luis Duhalde le pidió al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria al CEO de Clarín Héctor Magnetto, y dueña del grupo Ernestina Herrera de Noble; el de La Nación, Bartolomé Mitre; y de Raimundo Podestá, ex secretario de Desarrollo Industrial.
También requirieron al juez, la citación de las ex autoridades del diario La Razón, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, y Hugo Fernando Peralta Ramos; y de Reinaldo Gregorio Bandini, este último ex secretario de Redacción de Clarín.
En su presentación, la Secretaría pidió que "sin más trámite" se "cite a prestar declaración indagatoria a los imputados", luego que Ercolini fuese designado por la Cámara Federal al determinar que el expediente era de competencia de la Capital Federal, y no de La Plata donde se había acumulado la investigación.
Junto con el escrito, se presentó un disco compacto con la totalidad de los documentos entregados al Archivo Nacional de la Memoria por Carlos Osorio, Director de la organización estadounidense "National Security Archives", encargada de la desclasificación de los mismos, según el comunicado remitido por la Secretaría a Noticias Argentinas.
La presentación de la Secretaría es en el marco de una causa en la que se investiga presuntos delitos de lesa humanidad en la operación del traspaso accionario de la firma Papel Prensa a los diarios La Nación, Clarín y La Razón durante la última dictadura militar.
Ercolini fue sorteado días atrás para investigar la denuncia que realizó el año pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a raíz del traspaso de las acciones de Papel Prensa de las manos del empresario David Graiver, muerto en un confuso accidente aéreo, a los diarios en cuestión.
Al definir la competencia, la Cámara determinó que la causa debe ser tramitada en la Capital Federal al considerar que allí habrían ocurrido los tormentos y otros apremios ilegales denunciados para concretar la llevar a cabo la operación de traspaso de acciones.
Al inicio, la causa fue tramitada en La Plata y estuvo a cargo de los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina, quienes dictaminaron que la denuncia del Gobierno debía tramitarse en los tribunales porteños, algo que previamente había rechazado el anterior juez asignado a la investigación, Daniel Rafecas.
Fuente: Noticias Argentinas
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