Resulta casi patológico el tratamiento del tema "seguridad" por muchos "referentes" del escenario sociopolítico. La sociedad está enferma y los matasanos le quieren dar un tratamiento de shock. La enfermedad es crónica, no aguda. Se percibe como un cuadro terminal y se demandan acciones drásticas pero los datos de la realidad son distintos de los de la percepción.
Y algunos medios machacan exacerbando el miedo de la población e instalando solamente un mensaje negativo que termina por desvirtuar a la diversidad, único camino posible para construir sin exclusiones.
Los abanderados de la mano dura han producido la primera baja de funcionarios preocupados por resolver el problema de fondo -nos referimos a la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia la Licenciada Marta Arriola y su Equipo- por manifestar la falta de recursos para el área. Esta medida deja claro la falta de decisión política de la gobernación en la implementación de la ley 13.298 de promoción y protección de derechos de niños y jóvenes. También deberíamos remarcar que las municipalidades no han adherido en su totalidad a la ley nacional 26061 de protección integral de los derechos de niñas/os y adolescentes y las que lo han hecho es mas de palabra que de acciones concretas ya que son pocos los programas creados para satisfacer las demandas y necesidades de su comunidad.
Esperamos que otra de las voces escuchadas -la de la Dra. Maria del Carmen Falbo- no corra el mismo destino por traer racionalidad y cuestionar bajar la edad de imputabilidad.
Nuestros compatriotas de Memoria Activa citan el Deuteronomio: "Justicia, justicia perseguirás". Ésa es la enfermedad crónica, pero los adalides de la mano dura pretenden impedir a las mayorías ese logro. Jamás piensan en la justicia como un camino humano para que nadie quede excluido del reparto de lo que la sociedad genera, sino como una represalia, como una "solución final".
Insistimos, la seguridad es una consecuencia de la justicia, la igualdad ante la ley, el respeto al otro, la solidaridad, no lo contrario.
Mientras pocos se adueñen de mucho y muchos no tengan casi nada, no habrá seguridad.
Mientras haya recursos para represión y no los haya para la inclusión nos dirigimos a un callejón sin salida.
Mientras se legitime el abuso policial, la tortura y el maltrato como método para combatir el delito, sobreseyendo o condenando a la pena mínima a policías que fusilan por la espalda la seguridad es una palabra vana.
Sancionar el delito es una cuestión lógica elemental pero ¿qué objetivo debe perseguir la estructura jurídica? Separar transitoriamente a los elementos antisociales tratándolos no obstante con la mínima dignidad acorde a los seres humanos. Mostrarles un camino de salida en lugar del ostracismo perpetuo.
El resentimiento y la discriminación, el racismo y la xenofobia cunden en la "decentocracia", que se desentiende de la solidaridad y adhiere a un paradigma del éxito que condena a los que llegaron tarde al reparto (o no tuvieron la audacia y los pocos escrúpulos de buena parte de los exitosos) a observar con "la ñata contra el vidrio" aquello que jamás obtendrán.
La desmesura trae consecuencias dolorosas, y en este punto podemos decir que las hemos sufrido en carne propia. Ese sentido común que al menos brilla por su ausencia en importantes franjas de compatriotas, muchos de ellos expuestos repetidamente en los medios o investidos de poder, debe dar paso al más fructífero de otros que con menos vocación de figurar consolidan hitos menos rimbombantes y que no exigen como si fueran los únicos cuyas necesidades cuentan y tratan de tener una mirada abarcativa sobre las demandas de todas y todos.
Raquel y Jorge Witis, papás de Mariano Witis rehén fusilado por la bonaerense el 21/9/2000
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