En los últimos siete meses, más de 2.000 trabajadores de prensa se quedaron sin empleo en la Argentina. La mayoría pertenecían a medios de comunicación del interior, los más afectados por la nueva política de medios del gobierno del presidente Mauricio Macri, quien escudado en una presunta intención de “reducir gastos”, redireccionó la pauta oficial a los grandes medios de alcance nacional, entre ellos los poderosos diarios Clarín y La Nación, y las emisoras televisivas Canal 13 y Telefe.
El panorama para los diarios del interior es más que oscuro y no son pocos los que anticipan cierres masivos. No sólo causados por esta decisión de Macri y su equipo de repartir el dinero de la pauta publicitaria entre medios centrales y de “fuego amigo”, sino por el desolador estado de la economía, con pautas privadas en franca caída y ventas de ejemplares en marcado retroceso. Además de las difíciles situaciones de los gobiernos provinciales y municipales, que también han reducido drásticamente sus pautas oficiales.
“Van a cerrar la mitad de los diarios”, le advirtió hace poco un empresario periodístico al secretario de Comunicación Pública y encargado de la distribución de la pauta oficial, Jorge Grecco, según publicó el propio diario La Nación, que hizo un extenso informe en el que justificó la estrategia de Cambiemos de redireccionar la pauta publicitaria.
El argumento del Gobierno, que es el mismo de los grandes medios nacionales que se están beneficiando con este cambio de reglas, es confundir a la sociedad calificando a la pauta publicitaria oficial, que debería ser equitativa y democrática, como “la pauta K”.
Más allá de las discrecionalidades que haya cometido el kirchnerismo en el reparto de la publicidad oficial, que deben ser denunciadas, investigadas y juzgadas en el caso que se haya cometido algún delito contra el Estado, no se puede intentar corregir un error con otro error más grave.
El acceso a la publicidad oficial por parte de los medios de comunicación es un derecho y, a la vez, un eslabón de la cadena que conforma el derecho al acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos.
Consecuencias
La estrategia de medios que impulsa Macri empezó a cobrarse víctimas. El caso más sonado en el interior es el diario La Mañana de Córdoba, que tras casi veinte años de editarse en la provincia mediterránea debió cerrar sus puertas hace pocos meses, agobiado por una situación financiera que se agravó de manera terminal por el corte de la publicidad oficial.
El diario había sido fundado en 1997 por un ícono del periodismo, Julio Ramos, creador de Ámbito Financiero y el primer periodista y empresario de medios que se animó a desafiar al “monopolio Clarín”. Lo que se dice, una paradoja del destino.
Pero no hay que ir tan lejos para percibir el daño que se le está haciendo a los medios gráficos del interior: los siete diarios que se imprimen en Chubut –entre ellos Jornada-, vienen teniendo graves dificultades para poder abonar los salarios y los aguinaldos de sus empleados. Y en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, la situación de Canal 9 es poco menos que dramática, con empleados que fueron despedidos y vueltos a tomar, pero que no saben qué les deparará el destino.
Otros medios importantes del interior, como el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, decidió empezar a salir menos días a la semana para ahorrar costos y adecuarse a la cada vez más marcada tendencia de consumo de medios a través de internet.
Según estudios realizados, puede establecerse que, en promedio, los diarios del interior guardan una relación de lectores por ejemplar equivalente a una vez y media más que la que existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No deben quedar dudas de que el periodismo regional cumple un rol fundamental en el crecimiento de las distintas comunidades del interior porque son los que expresan permanentemente sus aspiraciones y los que reflejan a diario la problemática local.
Sin medios locales –o con cada vez menos- las posibilidades de reflejar lo que ocurre en cada comunidad o región se reducen. Aunque muchos se acostumbraron, no está bien que los lectores, oyentes o televidentes se enteren antes de un choque en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires que de un accidente en una ruta o calle de su pueblo o ciudad.
Es sólo un ejemplo pero ocurre todos los días.
Bienes culturales
Hace pocos meses los representantes de la Asociación Federal de Editores de Diarios de la República Argentina (AFERA) y de la Asociación de Diarios del Interior (ADIRA), las dos entidades que agrupan a la mayoría de los diarios del interior, expresaron su preocupación en el Senado de la Nación, planteando la necesidad de sancionar una nueva Ley de Bienes Culturales que contribuya a paliar la crisis del sector.
La reunión con el plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías del Senado, abundó en datos que explican la crisis: el costo laboral representa hoy entre el 55 y 62 por ciento del presupuesto de un diario. Mientras que los costos del papel y la tinta, que hace una década equivalían al 15 por ciento del costo, hoy trepó a un 30 por ciento.
Tanto AFERA como ADIRA, dos entidades con visiones distintas pero que en esta ocasión se unieron en un reclamo común, expresaron la necesidad de entender que los medios de comunicación son empresas privadas de interés público.
Aquellos que intentan reducir la grave situación del sector a un problema de empresarios privados, se olvidan de los miles de trabajadores que dependen de estas empresas, entre periodistas, fotógrafos, armadores, vendedores de publicidad, operarios de taller y administrativos, entre muchos otros.
Que el Gobierno nacional haya decidido cortarle la pauta a todos los medios del interior para dársela a un grupo de grandes medios nacionales, la mayoría cercanos ideológicamente a la actual gestión de Cambiemos, es un grave ataque a la libertad de expresión.
Si esta situación no se revierte, no sólo se van a fundir cientos de empresarios de medios: se van a seguir quedando sin empleo miles de trabajadores.
