La Defensoría del Público emitió un dictamen, a partir de los más de 500 reclamos recibidos por el abordaje realizado en un medio de comunicación sobre la salud y la intimidad de la vicepresidenta y su hija
La actuación de esta Defensoría se realiza en defensa del derecho a la comunicación de las audiencias, de quienes se recibieron en los últimos cinco días más de 500 reclamos sobre el tema en cuestión.
Una de las presentaciones ante la Defensoría fue de la Asociación Colegio de Psicoanalistas y los profesionales de salud mental.
“Llamamos a la reflexión a las y los comunicadores sociales. En ningún caso debiera justificarse la indelicadeza de juzgar y exponer públicamente consideraciones acerca de la salud mental de un oponente político ni de ninguna persona. Se atraviesan límites que trascienden la intencionalidad de quien opina y pueden ser tremendamente peligrosos en sus consecuencias. Consideramos que la amplia difusión de la palabra de estas/os comunicadoras/es tiene efectos materiales y produce consecuencias irreversibles, hiriendo y dañando a una importante porción de la población y a sus familias”, señala ese reclamo.
El dictamen jurídico emitido indica la inconveniencia del mensaje en relación con la normativa vigente, en particular, con los derechos vinculados a la erradicación de las violencias por razones de géneros, los derechos personalísimos, y los derechos vinculados a la salud mental.
En este sentido, se recuerda que la Ley de Protección Integral de las Mujeres incorporó como uno de los tipos de violencia de género a la violencia política. En tanto, se señala que la Ley de Salud Mental 26657 consigna que la persona con padecimiento mental tiene derecho a no ser identificado ni discriminado, así como a preservar su identidad.
El dictamen destaca que en el mensaje ambas periodistas promueven “un sentido patologizante“ sobre la figura de la vicepresidenta que “apela a padecimientos del campo de la salud mental” haciendo un “diagnóstico mediático que carece de sustento y fundamentación en voces especialistas en la materia”.
Por su parte, el análisis socio – semiótico de la pieza comunicacional realizado por el equipo de la Dirección de Investigación del organismo, concluye que las expresiones denunciadas incluyen “descalificaciones agraviantes y patologizantes” dirigidas a una funcionaria pública mujer, las cuales proyectan el “sentido negativo” en las audiencias, “en particular respecto de las mujeres y personas LGTTTIQ+”.
Una de las periodistas partícipe del mensaje mediático cuestionado por las audiencias ante la Defensoría expresó ayer públicamente disculpas, en sus redes sociales y en forma parcial, lo que no inhibe estas actuaciones en respuesta de los reclamos de las audiencias, por lo que este organismo continúa impulsando acciones de reparación simbólica de los derechos afectados.
Las actuaciones se enviaron hoy a la señal La Nación Más, a las y los reclamantes y al ENaCom para que intervenga a los efectos que estime corresponder. Se comunicará también a las entidades vinculadas a la defensa de derechos de las personas en relación con su género y a los organismos internacionales de derechos humanos con competencia en las temáticas mencionadas.
Por último, se deja a disposición las siguientes recomendaciones ya realizadas por esta Defensoría, pertinentes a esta cuestión:
