El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº9 de Paraná, Ángel Luis Moia, convocó a las partes intervinientes en la quiebra de El Diario. Hace aproximadamente un año, la Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, entró en concurso preventivo. Detrás de la sociedad está el empresario rosarino Ramiro Nieto, ligado al urribarrismo, y la familia del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.
El año pasado, SAER despidió a decenas de empleados del medio centenario, uno de los más importantes y de larga trayectoria en el periodismo entrerriano. En septiembre, en el marco del concurso preventivo, la empresa reconoció una deuda de 178 millones de pesos.
Este año, en abril, Análisis dio a conocer que estaban sacando sin autorización maquinaria de las instalaciones ubicadas en calles Buenos Aires y Urquiza.
Convocatoria
La convocatoria a la audiencia del 4 de julio fue publicada en el Boletín Oficial de Entre Ríos, el 24 de junio.
El texto publicado dice lo siguiente: “El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 -Concursos y Quiebras- Dr. Ángel Luis Moia, Secretaría N°2 a cargo de la Dr. Luciano J. Tochetti, sito en calle Santiago del Estero N°382 de la ciudad de Paraná, comunica por dos (2) días que en los autos caratulados: ‘Sociedad Anónima Entre Ríos S Pedido de concurso preventivo s/ Concurso preventivo (Proceso tipo A)’, Expte. N° 3366, se ha fijado audiencia en fecha 04.07.2019, a las 9, a realizarse en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sito en el segundo piso del palacio de tribunales -calle Laprida N° 255- de esta ciudad, para que comparezcan la concursada, los acreedores laborales y todo el que tenga un reclamo de índole laboral de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo (03.07.2018), la sindicatura y los miembros del comité de control, a fin de facilitar un ámbito de diálogo conforme lo interesado. Los comparecientes deberán hacerse presentes en el lugar estipulado con su Documento Nacional de Identidad”.
Materiales y maquinaria
Los primeros días de abril, Análisis contó que en su carácter de presidente de la Sociedad Anónima de Entre Ríos perteneciente a El Diario de Paraná, Andrés Esteban Arias, denunció el 2 de marzo que “siendo aproximadamente las 14 o 15 horas” del 1 de marzo recibió fotos a través Whatsapp de los empleados del lugar sobre la presencia de un camión, con la insignia de Brio en su lateral y un zampe, que estaban retirando elementos de la propiedad que se encontraban en el edificio donde funcionaba la imprenta de El Diario”.
Se apuntó en la denuncia policial que dicho retiro “se realiza sin ningún tipo de autorización ni conocimiento de nuestra parte, habiéndolo permitido personas que pertenecen a la familia Etchevehere, quienes son titulares del inmueble”.
Se detalló asimismo que “del lugar se retiraron aproximadamente unos 12 tarros de tinta negra de unos 10 litros cuyo monto sería de 5.000 pesos cada uno, y un CTP, una máquina de computación que maneja el sistema de la máquina de imprenta, cuyo costo se evalúa en unos 80 o 90 mil dólares”. El denunciante reiteró que ello “se realizó sin ningún tipo de autorización ni conocimiento” e informó que “se está en concurso de acreedores en el Juzgado Civil y Comercial N°9 a cargo de Ángel Luis Moia”.
Además denunció que “el vicepresidente de la Sociedad, Germán Buffa, habló con el señor Sebastián Etchevehere, quien hizo mención de la autorización del retiro del equipo CTP, pero no hace mención en ningún momento a los tarros de tinta”.
Tras la denuncia se habría dado como justificación para el retiro de estos elementos y maquinarias la necesidad de “preservarlos de la humedad” y se argumentó que estaban “en depósito en el camión que los llevó con destino a Rosario”, ciudad donde -casualmente- se encuentra uno de los principales vendedores de este tipo de materiales para rotativas e imprentas, quien también se dedica a su colocación.
Más de 300 acreedores
SAER ingresó en concurso preventivo hace un año. En el marco de ese proceso, los empresarios que componen la sociedad reconocieron una deuda de 178 millones de pesos. Tienen más de 300 acreedores, entre ellos, periodistas y otros empleados a quienes nunca se les saldaron deudas salariales e indemnizaciones.
SAER despidió 80 trabajadores entre mayo y junio de 2018. Cuando fue convocada por la Secretaría de Trabajo de la provincia para intentar un acuerdo con los trabajadores, ni siquiera respondió al llamado.
El juez del concurso
En una nota que publicó el sitio Entre Ríos Ahora, titulada “El Diario, en concurso preventivo”, se contó que Moia accedió al Juzgado Comercial Nº9 a través de un concurso público y se recordó que ese proceso no estuvo exento de polémica.
“El senador Raymundo Kisser (Cambiemos) le achacó, durante la audiencia pública a la que acudió Moia, su actuación en quiebras de empresas y haber trabajado como abogado durante dos años sin haberse matriculado. Moia es conocido en ámbitos judiciales por haber participado en la representación legal de la empresa Miguel Waigel y Cía SA, cuya quiebra perjudicó a unas 1.500 personas entre ahorristas, acreedores y trabajadores. La suma del ilícito fue mayor a los 40 millones de pesos. Pero además, al letrado se le reprocha su actuación en las quiebras de otras firmas, como la de la Cooperativa Tambera Paraná (Cotapa) y la firma Sagemüller SA”.
La otra causa de la familia Etchevehere
La familia Etchevehere conserva el 30% de las acciones de SAER.
En la Justicia provincial tramita otra causa por administración fraudulenta contra la familia Etchevehere. Se inició en 2011, por una denuncia de Dolores contra sus hermanos Juan Diego Etchevehere y Arturo Sebastián Etchevehere, y contra la madre de todos ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.
La denuncia de Dolores tiene que ver con dos préstamos en dólares que recibió la firma Las Margaritas SA (el emprendimiento agropecuario de los Etchevehere). Los créditos se tomaron en 2011, por 200.000 dólares y 50.000 dólares, para actividades agropecuarias. Aunque el dinero se repartió entre los socios denunciados, que devolvieron en cheques diferidos a la sociedad, a cobrar en pesos.
El desfasaje de dinero obligó a Las Margaritas a tomar otro préstamo por 900.000 pesos, con el objetivo de enfrentar una emergencia agropecuaria, aunque el dinero se usó para saldar la deuda generada con el banco Itaú, el prestamista de los créditos en dólares. El segundo pedido fue tomado del Banco Nación.
Con el tiempo, Dolores Etchevehere fue ampliando la denuncia original. En una de esas ampliaciones denunció el presunto vaciamiento de SAER y El Diario.
La causa tramita en el Juzgado de Transición a cargo de Paola Firpo. El año pasado se presentó en esa instancia un principio de acuerdo, sin embargo, hasta ahora no hubo otra novedad sobre el trámite.
Fuente: Análisis Digital
