Recientemente la jueza de garantías Dra. María Edith Rodríguez ha ordenado y ha comunicado al Ente Nacional de Comunicaciones que la prensa local y nacional se abstenga de publicar información sobre el caso de Marcos Lautaro Teruel acusado de graves delitos contra la integridad sexual de dos jóvenes mujeres- una de ellas aún menor de edad - mencionando que es el hijo, sobrino y hermano de tres de los cuatro integrantes del grupo Los Nocheros. Por segunda vez en el transcurso del mismo año la misma jueza impone la censura previa a la prensa y vulnera los derechos fundamentales a la libertad de expresión de los medios de comunicación y a la libertad de información de los ciudadanos.
Los jueces no pueden pretender convertirse en coeditores de un diario; es tan absurdo como si los editores de los diarios pretendieran convertirse en corredactores de las sentencias de los jueces. Los jueces no tienen la potestad de decidir que puede o no publicarse, no saben del oficio de editor de un medio de prensa, desconocen su incumbencia y sus competencias.
Por consiguiente, no pretendan convertirse en coeditores falsos.
La jueza Rodríguez ha incurrido por segunda vez en una sentencia que ya mereció, hace pocos meses, el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina.
La ignorancia supina hace referencia a "lo que puede y debe saberse". Es decir, lo que está obligada a conocer. Como jueza que es la Dra. Rodríguez está obligada a conocer la Constitución Nacional, la jurisprudencia nacional e interamericana sobre la libertad de expresión y la no admisión de la censura previa. Debemos decir que esta jueza al asumir su cargo ha jurado por la Constitución a la que no duda en violentar con sus reiteradas sentencias en contra de la libertad de expresión, cayendo en prevaricato, es decir, en fallar en contra de la ley.
Su reincidencia, tratándose de una jueza penal, es llamativamente una contumacia, la contumacia es la tenacidad y dureza en mantener un error. El día 7 de febrero en este periódico se ha publicado la columna escrita por mi titulada "Libertades en la cuerda floja" donde critiqué duramente el fallo de la jueza salteña de "garantías" que impuso la censura a dos diarios digitales estableciendo por sentencia la prohibición "de toda publicación y difusión que se considere agraviante, irrespetuosa, lesiva para la honra y dignidad del intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, y sus colaboradores Nicolás Demitrópulos y Pablo Outes". Este blindaje que ha realizado primero del intendente capitalino y ahora del grupo Los Nocheros, denota que la jueza en un conflicto entre la libertad de expresión y de información y el derecho al honor, a la imagen de un gobernante o de un grupo famoso opta por una sentencia mordaza desconociendo que en tal conflicto siempre debe prevalecer la libertad de prensa, derecho fundamental de toda democracia. La jueza con su sentencia ha realizado una tropelía que es definido como el atropello cometido generalmente por quien abusa de su poder. El sentenciar de esta jueza pone de relieve el accionar del Consejo de la Magistratura que la evaluó "idónea" para el desempeño del cargo que ocupa y también pone de relieve la pobre preparación que brinda a los magistrados la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta.
El accionar reiterado de la jueza Rodríguez se erige en un leading caseÄ caso testigo- de violación de derechos humanos por uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, y surge entonces la responsabilidad del mismo por las violaciones de uno de sus integrantes, aparte de la propia responsabilidad del magistrado en cuestión.
Mientras tanto el diario Clarín del día 1 de julio haciendo totalmente caso omiso de la sentencia irrita de la jueza salteña publica en su sitio digital: bajo el título "Allanamiento. Mario Teruel debe pagar 3 millones de pesos para seguir en libertad" lo siguiente: "Se complica la situación judicial del ex integrante de Los Nocheros Mario Teruel. Ocurre que en el marco del allanamiento que realizaron en su domicilio en ocasión de la causa contra su hijo Lautaro, por "abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el grave daño en la salud de la víctima", se encontraron 27 plantas de marihuana". Mientras tanto la sentencia de la jueza no se encuentra firme, ha sido apelada por la fiscal de delitos contra la integridad sexual, en feria, Dra. Cecilia Flores Toranzos entendiendo correctamente que la sentencia del 28 de junio que impugna omite toda mención a la doctrina y jurisprudencia sobre la libertad de expresión sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en base a la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado base del sistema interamericano del cual Argentina forma parte. La sentencia impugnada traduce la mentalidad autoritaria de la jueza, la misma mentalidad autoritaria y muy peligrosa para la democracia que hiciera decir a Dady Brieva, integrante del grupo Midachi, sobre la necesidad de una Conadep del periodismo; hecho que no fue contundentemente reprobado por parte de un sector político argentino.
Esta sentencia reincidentemente autoritaria y violatoria de la libertad de expresión y la libertad de información es muy preocupante por todas las implicancias que en esta columna se analizan, no es una sentencia más ni debe ser tratada como tal.
No se tapa el sol con un dedo censor, la cultura y el derecho a la verdad deben prevalecer.
Fuente: Diario El Tribuno
Ver también: Claro intento judicial de censura en Salta; Apelan una resolución judicial restrictiva de la libertad de prensa, El ENaCom rechazó cumplir con medida judicial restrictiva de la libertad de prensa
