La recientemente aprobada fusión entre Telecom y Cablevisión, que recibió el aval de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), genera en la práctica el mayor conglomerado de medios y telecomunicaciones de toda América Latina.
Para comprender como llegamos a esta realidad, en la que finalmente las grandes compañías telefónicas podrán brindar servicios de radiodifusión, se hace necesario hacer un pequeño recorrido histórico de lo sucedido en los últimos años.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), presentado a la sociedad en marzo de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue elaborado teniendo en cuenta las propuestas contenidas en los 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación, que desde 2004 impulsaba la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
La presentación del proyecto de ley dio inicio a un proceso de debate a lo largo de todo el país, mediante 24 foros en los cuáles se escuchó a diversas organizaciones sociales, redes de medios comunitarios, cooperativas, universidades (a través de sus carreras de comunicación), sindicatos, pueblos originarios y otros colectivos. Este procedimiento revalorizó la participación ciudadana en el debate previo al tratamiento legislativo de la norma.
La iniciativa llegó finalmente a la Cámara de Diputados en agosto de 2009. El texto del proyecto habilitaba en un principio a las grandes compañías telefónicas a brindar servicios de radiodifusión, siendo este punto uno de los más cuestionados. El Partido Socialista se opuso con firmeza a este artículo, que finalmente no fue incluido en el texto aprobado.
Luego de su sanción en el Congreso la Ley 26522 (conocida también como Ley de Medios) fue objetada por la vía judicial. Grupo Clarín impugnó cuatro artículos mediante medidas cautelares, cuestionando la limitación en la cantidad de licencias, situación que en el caso de Clarín y de otros conglomerados audiovisuales, los obligaba a presentar un plan de desinversión.
Finalmente, y tras superar distintas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo de octubre de 2013, determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la llamada Ley de Medios.
Poco tiempo después de asumir, el presidente Mauricio Macri comenzó un proceso de modificación de la Ley 26522 mediante sucesivos decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuya verdadera finalidad fue adecuar las normas a los intereses de una concentración infocomunicacional sin precedentes.
El desguace y modificación de las normativas y autoridades en la materia comenzó con el decreto 236/2015, del 23 de diciembre de ese año, que dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Ambos organismos fueron luego rápidamente disueltos por el decreto 267/2015, del 29 de diciembre, que además liquidó los Consejos Federales de Comunicación Audiovisual y de Tecnologías de las Telecomunicaciones, de los que participaban representantes de las provincias, las universidades y los sindicatos.
A su vez, el decreto 267 creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), en el cuál el gobierno puede designar 5 de los 7 directores, así como removerlos. El ENaCom dependía en sus comienzos del recién creado y actualmente ya disuelto Ministerio de Comunicaciones, por lo cual ahora reporta al Ministerio de Modernización.
La modificación de la Ley 26522 mediante DNUs es además objetable porque no se acredita ni necesidad ni urgencia para evitar el debate en el Congreso. Como agravante los decretos fueron utilizados para avanzar restringiendo la participación social y el pluralismo en los propios órganos regulatorios de los medios y las comunicaciones.
Con la actual autorización de Defensa de la Competencia, Telecom y Grupo Clarín se ven muy fortalecidos y emergen como el conglomerado infocomunicacional más grande de América Latina, por encima de verdaderos gigantes como O Globo (Brasil) o Televisa (México).
La fusión le permite al poderoso conglomerado tener gran injerencia en áreas tan diversas como la producción de papel de diarios, la edición de numerosas publicaciones impresas, el manejo de redes audiovisuales tanto abiertas como pagas, el gran mercado de la telefonía móvil y fija, la producción de contenidos audiovisuales y digitales, y la conexión a internet tanto fija como móvil, donde se da la mayor interacción de las audiencias entre sí y para con los medios.
Semejante nivel de concentración sólo puede ser perjudicial para los derechos de consumidores y usuarios, violando el artículo 42 de la Constitución Nacional. El gran actor del mercado queda en posición de restringir la capacidad de interconexión a los pequeños y medianos, condicionar el acceso a determinados contenidos perjudicando en primer lugar la producción de contenidos locales y avanzar a piacere en su política de precios.
Garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa son requisitos indispensables para una democracia que debemos mejorar día a día. Si permitimos que los intereses de un mercado cada vez más concentrado consigan normas que les permitan menoscabar la diversidad de opiniones y fuentes de información y avanzar sobre la pluralidad, tendremos una democracia cada vez más débil.
