En ese sentido, solicitó a los candidatos presidenciales que, en la nueva etapa que se avecina tras las elecciones, los medios públicos no sean más "usados como instrumentos políticos de los gobiernos de turno" y específicamente pidió que las conferencias de prensa vuelvan "a integrar la dinámica democrática".
La evaluación resaltó que la presidenta Cristina Fernández haya hablado durante el presente año en más de 40 oportunidades por cadena nacional y que "buena parte de ellas fueron empleadas para destacar su gestión, alejándose de lo establecido en la Ley de Medios sancionada durante su Presidencia".
El Informe, leído ante la Asamblea que sesiona en Charleston, capital del estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa de ADePA, Carlos Jornet, recordó que, "en reiteradas ocasiones", esas cadenas nacionales "han sido vehículo de manifestaciones injuriosas dirigidas contra la prensa".
En ese sentido, Jornet recordó puntualmente el discurso del pasado 5 de agosto, cuando la Presidenta comparó "a magistrados, periodistas y medios que se ocupan de presuntos hechos de corrupción con los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar".
El detalle crítico de los últimos 12 años incluyó también los que fueron definidos como los "obstáculos" que encontró el periodismo durante ese período, ya sean de carácter económico, legislativo, normativo o "de presión", que el Informe atribuyó, como en el caso de otros gobiernos latinoamericanos a la "intolerancia".
En cuanto a las cuestiones económicas, se puntualizó que los gastos en difusión y propaganda oficial del Estado nacional "cerrarán el segundo mandato de Cristina Kirchner en un monto cercano a los 900 millones de dólares, al tipo de cambio oficial" y que "una cifra todavía superior será empleada en (el programa) Fútbol para Todos".
Sobre la pauta oficial, el Informe refirió que "el primer semestre de este año concluyó con una erogación de más de 145 millones de dólares" y se volvió a denunciar que "su arbitraria asignación respondió, en gran medida, a intereses electorales y actuó como combustible indispensable para medios alineados con el discurso oficial".
Al respecto, Jornet insistió en que "este doble estándar se refleja también en otras políticas de medios, como la asignación de frecuencias audiovisuales" y recordó que, "días atrás, la editorial Perfil denunció haber sido excluida de un concurso de televisión digital por su línea editorial".
Otra parte del Informe fue dedicado a recordar que "el trabajo periodístico fue perturbado por numerosos actos de violencia e intimidación" y Jornet citó los casos de varios periodistas atacados por su tarea profesional, algunos por cuestiones ligadas al narcotráfico, "un fenómeno que crece de manera alarmante en nuestro país", dijo.
Jornet también citó "otros hechos que interfirieron con el normal desenvolvimiento de medios de comunicación en los últimos seis meses", entre ellos la cesión obligatoria de una página diaria a los partidos políticos en la provincia de Córdoba en tiempos de elecciones, el bloqueo de todas las cuentas bancarias de la empresa editora del diario El Tribuno, de Salta y el "corte abrupto" de la pauta publicitaria municipal al diario Democracia, de Junín (Buenos Aires).
Sobre el futuro, tras las elecciones, el Informe señaló que "una nueva gestión podrá atender las asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión" y recordó que la Argentina "no cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública ni con normas que regulen la distribución de la pauta oficial".
También se planteó que el país carece "de normativas que contemplen la defensa de los derechos sobre los contenidos periodísticos que atiendan los desafíos que plantea el ecosistema digital", que mantiene "disposiciones discriminatorias en materia impositiva que recaen sobre los medios gráficos" y que existen "leyes específicas y artículos de los códigos de fondo que afectan la libertad de prensa y que deben ser revisados".
En Latinoamérica
Durante la tercera sesión de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en Charleston, Carolina del Sur, se analizará la situación, país por país, de la libertad de prensa, la violencia y asesinatos de periodistas.
Según la SIP desde marzo hasta la fecha han sido asesinados 11 periodistas, tres en Brasil, tres en México, dos en Guatemala y uno en Colombia, Honduras y República Dominicana. La cifra de asesinatos durante el 2015 asciende a 16.
De acuerdo con los reportes preliminares presentados por la organización, en Venezuela “los atentados a la libertad de expresión y de prensa son parte del deteriorado contexto social e institucional de lo que ocurre en el país (…) Se trata de una tiranía ejercida y compartida por el presidente Nicolás Maduro Moros y el titular de la Asamblea Nacional, capitán Diosdado Cabello”.
Además, señala el reporte que el Instituto Prensa y Sociedad certificó este año 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización del trabajo de la prensa y limitaciones del acceso a la información.
Por su parte, en Colombia, el informe destaca el reciente asesinato de la periodista Flor Alba Núñez, de 28 años, que constituye la violación más grave ocurrida en el semestre.
También se refiere a la impunidad de otros crímenes y de episodios de amenazas que sigue siendo escandalosa. Solo en 19 casos de los 145 homicidios que se han presentado desde 1977 ha habido condenas.
Indica la SIP que a lo largo de este año se han registrado 84 violaciones a la libertad de prensa con 126 víctimas, incluidas 34 amenazas, 20 obstrucciones al trabajo periodístico, nueve agresiones y un secuestro.
De igual manera, en México se destaca el reciente asesinato del periodista Rubén Espinosa, “asesinado junto a cuatro mujeres activistas poco tiempo después de que buscara refugio en el Distrito Federal tras las amenazas recibidas en Veracruz, estado donde trabajaba”.
Además de Espinosa, los periodistas Moisés Sánchez Cerezo y Armando Saldaña Morales fueron asesinados en enero y mayo, respectivamente.
La organización destaca también el caso de la periodista Carmen Aristegui, a quien MVS Radio dio por terminada su relación de trabajo, tras la controversia generada después de que la conductora difundiera el reportaje sobre la “Casa Blanca”, propiedad de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
Además se estará analizando la situación de la Libertad de expresión en Bolivia, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
La 71 Asamblea general de la SIP, en la que participan más de 300 asistentes, concluirá este martes.
Foto: @sip_oficial
Fuente: Diario La Prensa y Gestión
