La Asamblea Nacional de Ecuador (Poder Legislativo) postergó hoy la aprobación de la polémica Ley de Comunicación impulsada por el oficialismo, la cual establece una nueva redistribución de frecuencias y crea un ente regulador de contenidos de la prensa
Este miércoles el pleno, compuesto por 124 asambleístas, se instaló a las 11:00 horas locales (16:00 GMT) para votar la iniciativa luego de cuatro años de discusiones; sin embargo, la sesión se suspendió una hora después en medio de incidentes provocados por bancadas de la oposición.
La falta de acuerdos y votos hicieron fracasar la sesión, en la que, sin embargo, se acordó que la votación del texto sea artículo por artículo.
La Constitución, vigente desde 2008, obligaba al Legislativo a crear una ley de comunicación en un período de un año, pero ante el incumplimiento de ese mandato, el presidente ecuatoriano Rafael Correa incluyó el tema en una consulta popular celebrada en mayo de 2011.
La iniciativa fue aprobada entonces por la mayoría de ecuatorianos en las urnas.
La sesión legislativa de este miércoles se desarrolló de manera accidentada, con altercados verbales entre oficialistas y opositores, y cabildeos de última hora.
La oposición propuso que se archive la ley, a la que tilda de "mordaza", pero no tuvo éxito.
Una moción propuesta en ese sentido por el legislador opositor César Montúfar fue rechazada al no alcanzar los 63 votos necesarios.
La negativa fue aplaudida por el movimiento oficialista Alianza PAIS, debido a que abre el camino para la aprobación de la iniciativa.
"Aquí se derrotó a los que se oponen. El archivo (de la ley) no podrá ser una opción, no hay vuelta atrás", dijo el legislador Rolando Panchana al señalar que ya no podrá volver a considerarse.
Agregó que el rechazo a esa tesis es un buen indicio de que la ley será aprobada en la Asamblea", al excluir así la posibilidad de que la Corte Constitucional elabore una norma transitoria.
Para aprobar la ley se necesitan 63 votos, de los cuales el bloque gobiernista tiene seguros 53, por lo que cabildea con sectores afines para asegurar la mayoría.
De ahí que la suspensión de la votación permitirá al ponente de la iniciativa, el oficialista Mauro Andino, buscar acuerdos para garantizar la aprobación del texto y evitar que sea vetado por el mandatario cuando tenga que sancionarlo.
La normativa plantea una redistribución del espacio radioeléctrico en la que los medios privados tendrán el 33 por ciento de las frecuencias, un porcentaje similar los públicos y los comunitarios el 34 por ciento.
Esta redistribución merma el espacio del sector privado, que en la actualidad posee el 85,5 por ciento de las frecuencias radiales y el 71 por ciento de las televisivas, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Fuente: Xinhua
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