Por tal motivo, dijo que en las multas hay un esquema de valor conforme a la importancia del delito que debe ser bien definida en la ley, en este marco están los delitos leves, graves y muy graves, tal como ocurre en España que diferencia rangos de penalidades y, por lo tanto, establece multas económicas elevadas según el caso.
En este sentido, criticó la forma en que se llevó adelante la promulgación pues, a su juicio, dejó demasiado a una regulación, situación que no es aconsejable frente a las condiciones que plantea los Derechos Humanos (DDHH) en cuanto a las restricciones a la libertad de expresión.
Asimismo, dijo que esta acción que se emprendió en el país no es novedosa sino que al contrario, Bolivia se une a una tendencia ya ejecutada por varios países del mundo y, en este marco, de acuerdo a un estudio que realizó la ONU en 10 países, existen tres tendencias marcadas.
La primera es en países que combinan precisos delitos en el Código Penal y delitos dirigidos a la personalidad jurídica de los medios a través de una ley de medios de comunicación, estos son Colombia y Venezuela.
En cambio, en naciones como España, México o Uruguay, las sanciones son económicas a través de multas.
El tercer caso es el de la autorregulación y las penas de cárcel, se aplican sobretodo en la ley de Alemania y Perú. Otra sería la de exclusivo carácter administrativo con multas, situación que se aplica en Chile.
Fuente: Red ERBol
