Fiel a su postura conservadora La Nación publicó en su tapa "Polémico avance del gobierno para ampliar el aborto legal". En una línea más progresista PáginaI12 marcó su impronta: "Sin excusas para no cumplir con un derecho". A pesar de la confirmación de funcionarios de segunda línea del ministerio de Salud y tras el apoyo de legisladoras oficialistas, como Diana Conti y Juliana Di Tullio, a favor del protocolo que difundió y publicó el Ministerio en su web, hoy Manzur comunicó que no firmó resolución alguna sobre la regulación para interrumpir embarazos. Su cartera aclaró que la nueva guía sobre aborto fue difundida "por error".
Así lo publicaron estos medios:
Amplia PáginaI12: El Ministerio de Salud aclaró que su titular "no ha firmado resolución alguna" respecto de la Guía Técnica para la Atención de los Casos de Abortos No Punibles, previstos en el Código Penal, aunque precisó que la directiva se encuentra vigente desde 2007. La elevación a rango de resolución ministerial brindaba un respaldo mayor a la aplicación de la Guía y permitía saldar un vacío informativo en los hospitales y en los tribunales."Nunca firmó (esa resolución) ni la va a firmar", explicaron voceros de la cartera sanitaria respecto a Manzur, ya que ese protocolo fue elaborado por la gestión del ex titular del ministerio Ginés González García.
A pesar de que funcionarios del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable habían informado que Manzur firmó la resolución el 12 de julio, el Ministerio expresó a través de un comunicado que "su titular no ha firmado resolución alguna respecto de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles".
El escrito redactado durante la gestión de Ginés González García dispone que no se deben judicializar los abortos no punibles y se debe garantizar su práctica en cada hospital. Hay tres casos permitidos: cuando corre riesgo la salud de la mujer, cuando hay una violación (la paciente debe aportar la denuncia policial o hacer una declaración jurada) o cuando el embarazo “proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En este último caso hace falta el consentimiento de representante legal.
En la Guía está contemplada la objeción de conciencia, pero a título individual y no puede ser nunca institucional, es decir, todo hospital debe garantizar la práctica. Los profesionales de la salud que obstruyan arbitrariamente la realización de un aborto permitido, incurran en maniobras dilatorias, suministren información falsa o se nieguen injustificadamente a practicarlo “podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o de la psicología”, advierte el documento.
Mirá la guía oficial:
