El Gobierno impulsa un nuevo periódico de corte popular, aprovechando la estructura de El Telégrafo. ¿Qué relación tiene este proyecto con
diario El Telégrafo?De este tema, tengo una información aislada. Es una información parcial y parcializada. Es un hecho que el Gobierno tiene la intención de crear un nuevo órgano informativo, de corte propagandístico, controlado por ellos.
Tiene todo el derecho de hacerlo. Pero para ejecutarlo ha ordenado que parte del presupuesto inicial, para el diseño del proyecto y las instalaciones en donde trabajen, colabore diario El Telégrafo. Estoy en contra de esa disposición.
¿Por qué?
Porque, al hacerlo, el Gobierno confunde los roles de un medio público, en construcción como el nuestro, y uno gubernamental. Y, por desgracia, como consecuencia de esa confusión, lesiona lo que parcialmente, mínimamente y con enorme sacrificio, hemos logrado nosotros respecto de respetar la esencia de un medio público, que es la autonomía. No pueden convivir un medio público y uno gubernamental.
Pero el proyecto está en marcha.
Esta orden del Gobierno preocupó al Directorio de El Telégrafo y en su sesión del 11 de diciembre de 2009, pidió que se suspenda cualquier contratación, cualquier acto que lleve al perfeccionamiento de este proyecto bajo nuestro paraguas. Reconoció el derecho que tiene de hacerlo. Si llega a triunfar esa tesis, dañaría la naturaleza de El Telégrafo como medio público.
Hay gente que está contratada y trabajando.
Entiendo que alguna gente trabaja en su diseño, en su puesta en marcha. No existe autorización de nadie para eso, desde el punto de vista legal. Ni del Directorio ni la Junta de Accionistas.
Entonces, ¿cómo se concreta este proyecto?
Se materializa por decisiones administrativas que, por el momento, no tienen respaldo. No digo que mañana no lo tenga. Es posible que una Junta de Accionistas, habrá una el próximo viernes, ratifique lo hecho. Pero ni la Ministra de Finanzas ni el Ministro de Telecomunicaciones, actual titular de las acciones, han dado instrucciones en ese sentido.
Cuando dice administrativas ¿a quién se refiere?
A la Gerencia General (Álex Camacho es el gerente general). Obviamente, un proyecto de esta naturaleza ha tenido interlocutores. A nosotros nos ha financiado el Estado, a través de instancias y órganos que revisan y aprueban. Y en esas autorizaciones se cuelan estos nuevos proyectos.
¿Esto también afecta el proyecto de diario público?
No es que lo afecta, lo mancha irreversiblemente. Todavía como director del periódico y después como ciudadano, haré lo que esté a mi alcance para que esas aguas se separen. Si no quieren hacerlo, si se cree que el aceite y el agua pueden convivir, pues por lo menos que lo digan claramente. Y, en ese evento, que no sigan llamando medio público.
Pero las presiones vienen desde que El Telégrafo pasó a manos del Estado.
Lo he dicho antes, reconozco y agradezco que sobre todo desde la actitud del Presidente de la República jamás ha existido injerencia alguna. Que otros lo hayan intentado, sí, pero uno es dueño de saber qué hacer con ellas. Hacerlo ahora sería grave. Espero que exista un espacio de reflexión.
¿Reflexión en qué espacios deben darse?
He conversado con el Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de Información (Jorge Glass) y me ha dejado la mejor impresión posible. Y un espacio de reflexión será la próxima Junta de Accionistas del próximo viernes.
¿El nuevo periódico rompería a El Telégrafo?
Lo que más me dolería. Espero que eso no se dé, que se respete la naturaleza de este proceso. Pero si se ejecuta, la lesión en la confianza interna sería irreversible.
Rubén Montoya: Es periodista y abogado. Es director de El Telégrafo, periódico público desde julio de 2007. Su experiencia. También fue editor general de diario Expreso. Magíster en Periodismo. Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas.
Fuente: Diario El Comercio
