El gobierno venezolano ha anunciado que retirará los permisos de transmisión a 285 emisoras de radio y televisión, prohibió una campaña audiovisual en defensa de la propiedad privada y abrió un quinto expediente que puede llevar al cierre del canal de noticias Globovisión, de línea editorial opositora.
Por: Humberto Márquez
La Fiscalía General de la República pidió a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), a su vez, que elabore una ley contra "delitos mediáticos", para procesar penalmente los contenidos que se puedan calificar de delictivos en medios de comunicación audiovisuales e impresos.
El parlamento y los poderes judicial, electoral y ciudadano, que encuadra a la Fiscalía, cuentan con amplísima mayoría o están controlados por partidarios del llamado "proceso socialista bolivariano" que lidera el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
La agrupación de comunicadores afines al chavismo "Movimiento por un Periodismo Necesario" pidió reformar la ley de ejercicio de la profesión para incluir normas como la obligación de defender la soberanía nacional y reconocer a los activistas populares que hacen periodismo en medios comunitarios y alternativos, lo cual puede inclinar a su favor la correlación de fuerza en los sindicatos de trabajadores de prensa hoy dirigidos por opositores.
En estos días Chávez, mandos militares y autoridades civiles han criticado el enfoque de la cobertura dada por medios privados venezolanos al golpe de Estado perpetrado el 28 de junio en Honduras y sus derivaciones. Además, alcaldes oficialistas en ciudades industriales cercanas a Caracas encabezaron marchas que dañaron las fachadas de diarios y amenazaron a periodistas.
El ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, a cargo del ente regulador Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dijo que 154 radioemisoras de frecuencia modulada (FM), 86 de amplitud modulada (AM) y 45 estaciones de televisión no actualizaron debidamente sus datos en el censo realizados en junio.
A esas emisoras, cuyo listado se publicará próximamente, "se les abre inmediatamente un proceso administrativo para restituir al Estado todas esas concesiones", dijo Cabello. Las señales recuperadas "serán entregadas al pueblo, para democratizar el espectro radioeléctrico", añadió.
Es que, como parte del "latifundio mediático", en Venezuela hay "27 familias que controlan 32 por ciento del espectro radioeléctrico", afirmó el ministro.
Cabello, rostro visible de la confrontación del gobierno con medios privados, es blanco de acusaciones periodísticas y de opositores políticos por presunta corrupción durante su gestión como gobernador (2004-2008) del estado de Miranda, al este de Caracas. Pero el funcionario ha respondido que "esos chantajes no nos van a intimidar".
Nelson Belfort, presidente de la Cámara de Radio que reúne a 426 radioemisoras del país, dijo a IPS que desconoce "exactamente a qué se refiere Conatel, si es a radioemisores que no presentaron recaudos, a los que los presentaron incompletos según ese ente o aquellos que se presentaron con sus papeles y no se los aceptaron".
"La Ley de Telecomunicaciones no prevé la revocatoria de la concesión como consecuencia de algún censo", indicó Belfort. "Le estamos planteando a Conatel que nos sentemos a conversar para resolver estas diferencias mediante el diálogo", agregó.
El empresario dijo que "en todo caso, queremos hablar de cómo haremos para abrir la banda digital y tener centenares o 1.000 estaciones nuevas, más radiodifusión, no menos".
La segunda medida que lanzó Conatel fue la suspensión de una campaña en defensa de la propiedad privada desarrollada por el Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice) y Asoesfuerzo.
Cedice, creado por empresarios, fue la entidad que organizó en mayo un foro de pensadores liberales fuertemente críticos de Chávez. En ese entonces pareció que daría lugar a un debate entre el presidente y el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, partícipe del encuentro, lo cual finalmente no se produjo.
Los spot criticaban un proyecto de ley de propiedad social que actualmente discute el parlamento, y algunos mostraban a gente que lo perdían todo y quedaban en soledad, indigencia y al perder sus pertenencias producto de leyes de tinte socialista.
Cabello anunció que se investigará a los patrocinantes de esa publicidad y a las empresas de televisión que las divulgaron, en alusión notoriamente a la opositora Globovisión, y Conatel dispuso como medida cautelar el retiro de los avisos de todas las pantallas.
"Esas televisoras con esos mensajes están enfermando a la gente. Esta es una medida de salud pública", sostuvo Cabello, y anunció que investigará si los fondos de Cedice y Asoesfuerzo "no se han obtenido mediante legitimación de capitales", y la pesquisa alcanzará a las televisoras que pudieron ser entonces cómplices de lavado de dinero.
Conatel impone sanciones administrativas como multas --las de Globovisión suman varios millones de dólares-- o cierre temporal o definitivo de la estación. Pero la fiscal general, Luisa Ortega, pidió al parlamento que sancione una ley sobre delitos mediáticos, para proceder penalmente contra los infractores.
"Algunas conductas podrían enmarcarse dentro de las previsiones del Código Penal, el cual establece castigo con prisión de dos a cinco años para quien con informaciones falsas cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra", dijo Ortega.
Sin embargo, la fiscal solicitará al parlamento una ley más severa, pues "no se puede seguir engañando a los ciudadanos a través de publicidades engañosas".
Para el experto Carlos Correa, "estas leyes y medidas tratan de establecer que pensar distinto del gobierno no es una conducta legítima del ciudadano, sino una enfermedad causada por la exposición ante los medios de comunicación".
La campaña de Cedice "manifiesta una opinión, según la cual la propiedad privada está en riesgo. Si al gobierno no le gusta tiene todo el derecho a desvirtuarla con argumentos, pero no a impedir que se expresen otros puntos de vista", observó Correa, director de Espacio Público, una organización no gubernamental dedicada a temas de comunicación.
"Todas estas medidas de carácter legislativo y administrativo tienden a frenar o limitar la libertad de expresión, mientras que la tendencia universal es a eliminar las trabas, como lo demuestran la eliminación de la censura o los delitos de desacato en la mayoría de los países de la región", dijo el jurista Alirio Abreu, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Colegio Nacional de Periodistas sostuvo que "la aprobación de una ley sobre delitos mediáticos tendría peligrosísimas consecuencias para la libertad de expresión. Los delitos ya están tipificados en la Constitución y las leyes. No necesitamos más".
Para William Echeverría, presidente del Colegio, "el término de delito mediático es un ardid poético-jurídico para impedir el ejercicio de la crítica y del periodismo, criminalizar y neutralizar las posiciones editoriales que no le convengan al gobierno y para intimidar con la posibilidad de sanciones penales a quienes se atrevan a publicar reportajes inconvenientes, o denuncias que lastimen intereses de los poderosos, o insumos que contradigan la propaganda oficial".
El empresario Rafael Alfonzo, presidente de Cedice, aseguró que "la acción de Conatel violenta el derecho a la libertad de expresión. Si no podemos defender un derecho y dar una opinión al respecto ¿cómo se puede hablar de que aquí hay democracia y libertad?" "Sin embargo, no nos van a amedrentar, seguiremos defendiéndonos", afirmó.
Ana Núñez, abogada de Globovisión, sostuvo que "sacar las cuñas (spot) del aire constituye censura previa, lo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional y la Carta Interamericana de Derechos Civiles y Políticos".
Con los avisos de Cedice, Conatel acumula cinco expedientes contra Globovisión y bastaría que dos de ellos fueran resueltos con castigos de cierre (temporal primero, definitivo después) para que la estación saliese definitivamente del aire.
Correa deploró "el prejuicio en la valoración que el gobierno hace del venezolano, que tiene suficiente madurez para evaluar los mensajes que recibe. ¿Quién va a determinar el potencial daño que recibe si mira una estación u otra de televisión? La tendencia que se muestra es que será el gobierno el que diga lo que es verdad y lo que no".
Fuente: Inter Press Service
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