La Resolución de la SeCom que permite a Clarín brindar triple play amplía la participación de los grandes grupos en un mercado fuertemente concentrado y extranjerizado.
Por: Santiago Marino*
La Secretaría de Comunicaciones (SeCom) le otorgó a Fibertel -empresa de Internet de Cablevisión- la numeración geográfica y no geográfica para prestar telefonía local que había solicitada en 2007. A partir de esta medida el Grupo Clarín puede ingresar al mercado que le faltaba: el servicio de telefonía fija. Y con ello, al Triple Play. Claro que para ingresar a ese sector del mercado de las telecomunicaciones deberá acordar con Telecom y Telefónica (las actuales prestatarias) las tramas de interconexión, controladas por las firmas europeas desde la privatización de Entel en 1991.
De este modo, el principal multimedios de Argentina (de capitales locales y extranjeros) podrá participar en todos los sectores de la comunicación y la cultura. El desarrollo de este Grupo concentrado de medios ha sido posible por medidas tomadas durante los gobiernos de Carlos Menem y de Néstor Kirchner, su actual enemigo público. Es decir, el gobierno de Cristina Fernández le otorga el permiso necesario para operar en el último de los sectores claves del negocio de las telecomunicaciones al Grupo Clarín, multimedios al cual su esposo enfrentó en la campaña electoral con el latiguillo “¿qué te pasa Clarín, estás nervioso?” Del mismo modo que cuando era presidente benefició con medidas específicas, como el Decreto 527 en 2005 (que suspendió por 10 años el conteo del plazo de licencias de canales de TV abierta) y el permiso para la fusión de Multicanal y Cablevisión en 2007 (aunque falta aun la aprobación del ComFeR).
Esta medida genera las condiciones para que el mercado de telecomunicaciones sea controlado por los grandes grupos concentrados: un mercado para dos actores (Clarín y Telefónica). Mucho se especuló en los últimos meses sobre el modo en que esto se daría, con planteos acerca de la compra de Telecom por parte de Clarín (comentada como factible y positiva incluso por De Narváez el último fin de semana). O con lecturas que evaluaban esta posibilidad (el ingreso de grupo conducido por Héctor Magnetto a la telefonía) como moneda de cambio por el visto bueno al ingreso de las telcos (Telefónica) a la radiodifusión y distribución de servicios audiovisuales (mercado en el que ya está, de hecho) planteado en la propuesta normativa.
Luego de la presentación del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, realizada el 18 de marzo de este año en La Plata, y de la concreción de los Foros de discusión y debate sobre el texto, asistimos a una campaña electoral en la que los medios privados concentrados jugaron fuerte en oposición a los candidatos del gobierno, y en la Néstor Kirchner mencionó en su discurso de cierre en La Matanza que para democratizar la sociedad era necesario democratizar los medios, y para ello era necesaria una nueva ley. Muchas lecturas se habilitaron luego del resultado del 28 de junio. Entre ellas, varias que sostienen –a contramano de lo planteado en distintos medios por el interventor del ComFeR, Gabriel Marioto- que con la derrota electoral se consumieron las chances del envío del proyecto al Congreso.
Lo cierto es que más allá de lo que afirman fuentes vinculadas a la redacción del texto, a partir de las propuestas en los foros (una experiencia democratizadora casi inédita en los más de 25 años de democracia sesgada en las que vivimos, entre otras cuestiones, por las condiciones casi nulas de democracia de las comunicaciones), el proyecto no ha sido enviado, su discusión sigue silenciada por los medios masivos y gran parte de la sociedad mira para otro lado. Y medidas como esta Resolución de la SeCom amplían la participación de los grandes grupos en un mercado fuertemente concentrado y extranjerizado. Saber si es resultado de negociaciones y generación de condiciones para la convivencia de las empresas con poder (simbólico y económico) y el gobierno, será posible con el tiempo. Por ahora, la lectura posible es la misma: la falta de una política de comunicación democratizadora sumada a medidas que permiten los oligopolios generan condiciones negativas para un país (y un mercado de comunicaciones) más justo y equilibrado. La canción es la misma.
* Docente e investigador en ciencias de la Comunicación (UBA)
Fuente: Criticadigital