En un acto partidario en la ciudad de La Plata, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de reforma de la Ley de Radiodifusión, el cual -según esta propuesta- debería debatirse en plena campaña electoral.
Entre los principales cambios que se proponen para régimen vigente, figuran la extensión de las actuales licencias, el acotamiento del número de licencias de radio y televisión a nivel nacional, el acceso de empresas de servicios públicos a licencias de televisión por cable, y la prohibición de operar televisión por cable y por aire en forma conjunta.
Las aludidas modificaciones se contraponen con legislaciones vigentes en otros países de importante desarrollo institucional, como sucede particularmente con la referida a la operatoria de televisiones de cable y aire.
Por otra parte, el proyecto le otorga a los gobiernos un mayor poder de presión sobre los medios de difusión en aspectos como la autorización de nuevas licencias, la revisión cada dos años de las reglas de adjudicación o la determinación de la extensión geográfica de la televisión por cable.
La preservación de la libertad de prensa requiere que ese tipo de determinaciones estén a cargo, en todo caso, de organismos autárquicos alejados de la capacidad de presión de los gobernantes de turno.
En el punto referido al ingreso de compañías de servicios como prestadores de cable, la iniciativa oficial desconoce que los contratos de privatización incluían la renuncia expresa a esa posibilidad y que autorizarla implicaría proporcionar una oportunidad por la cual las empresas beneficiadas no pagaron.
Este aspecto y otros del citado proyecto, como el que obliga a las empresas prestatarias a ajustarse a las nuevas disposiciones, implican un cambio de reglas de juego en función de las cuales se realizaron contratos e inversiones de envergadura y, por lo tanto, causan una seria lesión a la seguridad jurídica.
Basándose en estos antecedentes, en las resoluciones de su reciente reunión en la ciudad de Asunción, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llamó la atención sobre "la promoción de iniciativas legislativas planteadas con espíritu de confrontación, que podrían conducir a fragmentar y debilitar el espacio de los medios de comunicación independientes". La SIP consideró también que estas iniciativas "podrían tener con fin controlar o debilitar a los medios, tanto en su faz periodística como en su independencia económica".
Cabe señalar que el proyecto se introduce en un momento de crisis internacional y nacional, en el cual los medios de difusión enfrentan serios problemas que pueden agravarse con una legislación que desvaloriza inversiones y obliga a realizar ajustes y reorganizaciones empresarias costosas.
Por otra parte, se lanza en un momento político complejo, caracterizado por una campaña electoral adelantada mediante una manipulación institucional y un conflicto alimentado por una política de confrontación.
Se trata, por lo tanto, del peor escenario para discutir en el Congreso los aspectos técnicos y empresariales implicados por la modificación de una legislación tan importante como la que involucra la difusión de informaciones y de opiniones, es decir de un aspecto clave del funcionamiento institucional.
La sociedad, y las empresas y profesionales de los medios de difusión, aspiran al resguardo y profundización de la libertad de prensa porque ello implica una ampliación del espacio de representación democrática.
Para esto, es necesario llevar adelante un debate claro, pensando en el largo plazo y lejos de las tensiones de la polarización política.
El anunciado proyecto de reforma a la Ley de Radiodifusión se contraponen con legislaciones de otros países de gran desarrollo institucional, afecta inversiones e introduce inseguridad jurídica. Aumenta, además, la capacidad de los gobiernos para presionar sobre los medios de difusión independientes.
Otras Señales
