Por: Susana Reinoso
El Gobierno comenzó a librar "la madre de todas las batallas", tal como definió el interventor en el ComFeR,
Gabriel Mariotto, a la propuesta de proyecto de ley de radiodifusión, presentado por Cristina Kirchner la semana que pasó.Si el plan fuera aprobado por el Congreso sin cambios, eso supondría un cambio cultural de 180 grados en el país, en algunos aspectos a contramano de lo que ocurre en el mercado internacional, según coincidieron especialistas en medios consultados por La Nación. Además, pondría en un serio aprieto a la industria audiovisual, habilitaría la injerencia del Gobierno en los contenidos de la radio y la TV, y podría violar derechos constitucionales, ya que contempla que los grupos que hoy son dueños de radio, TV abierta y cable tendrían que "desinvertir" en la TV paga si tuvieran un canal abierto.
En la Argentina las leyes no pueden tener efecto retroactivo si afectan derechos adquiridos o garantías constitucionales, por lo que la norma supondría una "lesión grave", opinó el constitucionalista Gregorio Badeni. Cabe preguntarse si el proyecto paga una deuda de la democracia o fue concebido contra el Grupo Clarín, como denunció la oposición.
Sin embargo, algunos especialistas rescatan que la iniciativa propone una renovación institucional en sintonía con el modelo europeo de regulación del mercado de los medios, porque genera la participación y el control parlamentario y contempla la figura del defensor público. Además, facilita a nuevos actores -que no sean empresas privadas- el acceso a la titularidad de licencias de radio y TV. Un dato destacado en la iniciativa es que la transferencia accionaria de una empresa que sea titular de una licencia sólo podría hacerse después de cinco años, con lo que se evita la acción de testaferros.
No obstante, la propuesta desequilibra el juego de la competencia al habilitar el ingreso de compañías de servicios públicos (las compañías telefónicas, por caso) y de sindicatos, entre otros. Surge entonces la primera confusión: si la propuesta apunta a romper los monopolios, ¿por qué habilita el ingreso de las compañías telefónicas, que no son empresas de objeto único y cuyo volumen de facturación triplica el de cualquier grupo de medios? En el caso de los sindicatos, dijo Badeni a La Nación, "ser titulares de medios de comunicación no hace a la razón de su existencia", por lo cual resulta desconcertante su inclusión en el proyecto.
Entre los puntos salientes, la ley determina que el titular de una licencia de TV abierta no puede ser dueño de TV paga en la misma plaza. Y contempla la "desinversión" en uno de los mercados en un plazo de un año para quienes hoy son dueños en ambos sistemas televisivos. En esta situación están hoy el Grupo Clarín y América, y otros del interior.
Además, disminuye el período de duración de una licencia de 15 a 10 años (en España acaba de subirse a 15 años), convierte a la TV paga en "servicio de interés público" (ello conferiría al Estado el poder de intervenir en sus contenidos) e interviene en la programación obligando a los licenciatarios a emitir un 70% de producción nacional.
Otro punto saliente de la iniciativa del Gobierno es que el dueño de un sistema de TV paga no puede tener una señal de TV paga. En el capítulo relativo a la multiplicidad de licencias, se prevé que cada dos años la autoridad de aplicación revise las reglas establecidas para la concesión de licencias, "con el objeto de resguardar la competencia y el interés público", lo que en la práctica significaría que el Poder Ejecutivo asuma una atribución parlamentaria.
Si bien la redacción del artículo no parece dejar margen de duda, en diálogo con La Nación, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Damián Loretti, consultado para la redacción del proyecto, dijo que el artículo no se refiere a las reglas de juego de la radiodifusión, sino a las que determinan el número de licencias por actor. Ello, en virtud de que la era digital abrirá más opciones de licencias.
El ex interventor en el ComFeR Julio Barbaro, ex integrante del Grupo Calafate que catapultó a Néstor Kirchner, es crítico del proyecto: "El desarrollo del mercado audiovisual nos ha permitido tener una gran cantidad de canales. Todos los países tienen grandes grupos, por ejemplo, México y Brasil. El problema no es el tamaño de los grupos, sino cómo se relaciona el Estado con ellos".
En cuanto al ingreso de las telefónicas al mercado televisivo, Barbaro se mostró en contra. Y, sobre la matriz de la iniciativa, agregó: "Una cosa es confrontar hasta la destrucción y otra debatir en una mesa de diálogo".
Observaciones e interpretaciones
Voces a favor y en contra: mientras los defensores de la propuesta, como el especialista Damián Loretti, afirman que ésta contempla la apertura de nuevas licencias de TV abierta, Julio Barbaro dice que la situación de la radiodifusión en la Argentina no será mejor "porque los grupos de comunicación sean más pequeños". Y advirtió que hasta que "no se denuncie el tratado de inversiones recíprocas con Estados Unidos" toda norma estará subordinada a esa otra.
Garantizar derechos: para la diputada nacional Norma Morandini, "las leyes son democráticas, no porque las sanciona un gobierno elegido en las urnas, sino cuando garantizan el derecho de la ciudadanía a ser informada". Y añadió: "Es sospechoso un proyecto de ley de un gobierno que canceló la mediación de la prensa, se jacta de la comunicación directa y contrata a una empresa propia para filmar los actos de gobierno".
Defensa de la competencia: para el especialista Gabriel Bouzat, la iniciativa da mucha discrecionalidad a la autoridad de aplicación. Al constitucionalista Badeni le preocupa que la norma lesione derechos adquiridos.
Voces críticas
"No hay en el proyecto ningún fundamento técnico ni económico que explique por qué el titular de un canal abierto no puede acceder a la TV por cable". Gabriel Bouzat, Especialista en defensa de la competencia
"En el país hay 700 sistemas de cable. El grave desacierto del proyecto es que desconoce que esta industria emplea a 20.000 personas y hay más de 600 canales de producción nacional". Walter Burzaco, Presidente de ATVC
Fuente: Diario La Nación
¿Usted le daría a cuidar su perrito a Cruella de Vil?
Una pregunta similar vale para la Presidenta: ¿puede "ordenar", con una nueva ley, el sector audiovisual quien no pasa un día sin denostar a los medios?
Por: Pablo Sirvén
Toda ley de radiodifusión concebida y promulgada en nuestro país hasta el momento lleva la
firma de algún militar: Justo, Farrel, Perón (no es un detalle menor recordar que lo hizo durante su segundo gobierno, elegido por las urnas), Lanusse y Videla. Y hubo otros dos generales que convocaron a licitación para la creación y reprivatización de canales de TV: Aramburu, que en 1958 firmó el decreto que posibilitó luego el nacimiento (ya durante el gobierno democrático de Frondizi) de los canales 9, 11 y 13, y Bignogne, que en 1982 alentó la devolución de esas señales a manos particulares, pero el proceso se trabó y sólo la primera volvió a la órbita privada (cosa que Alfonsín debió ejecutar a regañadientes, en mayo de 1984, al principio de su mandato).Veamos ahora qué movimientos trascendentales hicieron los civiles en la misma materia. En primer lugar, el denominador común que los une es su filiación a un mismo tronco partidario (el peronismo, aunque desde facciones antagónicas); lo segundo es que tomaron en esta área decisiones cruciales completamente contradictorias entre sí, a saber: en 1974 Isabel Perón, alentada por José López Rega, confiscó los canales 9, 11 y 13; en 1989, Carlos Menem privatizó los dos últimos, y en 2005 Néstor Kirchner les regaló graciosamente diez años más de licencia a emisoras de radio y TV. El miércoles último, Cristina Kirchner, en el comienzo de la adelantada campaña electoral para la renovación legislativa, presentó un abultado manojo de papeles con la promesa, tras noventa días de debate, de enviar al Parlamento una ley que ahora se llamará "de servicios de comunicación audiovisual".
Y esto es todo, grosso modo. El año próximo se cumplirán tres décadas desde que el dictador Jorge Rafael Videla estampó su firma en la ley de radiodifusión todavía vigente. Los últimos 25 años, aun con graves avatares, coincidieron felizmente con el período más largo de la historia argentina en plena vigencia continuada del sistema democrático. Sin embargo, en tan largo lapso, sólo se acumularon en el Congreso inútilmente muy diversos proyectos para reemplazar esa norma de corte autoritario y que el paso del tiempo, para colmo, desactualizó por completo.
Ignorancia, desinterés; presiones de multimedios para que se mantuviese el statu quo; temor de los políticos a ser castigados por esas empresas, cuyos intereses pudiesen ser afectados por eventuales reformas y, finalmente, el veto presidencial que Fernando de la Rúa impuso no bien asumió, en 1999, a una ley en la materia consensuada por el PJ y la UCR en el Congreso, nos dejaron siempre vergonzosamente enfoja cero en ese tema.
¿Era necesario cambiar la ley de radiodifusión tras el fin del Proceso? Era tan imprescindible que ya en la plataforma electoral de la UCR, en 1983, se prometía su "derogación inmediata", y no sólo por una cuestión meramente simbólica. En cambio, Alfonsín la mantuvo intacta durante toda su gestión. A partir de la llegada de Carlos Menem y hasta la actualidad, ese texto no ha dejado de ser emparchado hasta convertirse en un verdadero adefesio. Con esas debilidades y desórdenes legales como fondo se afrontó la mayor transformación tecnológica del sector en los últimos años, su parcial extranjerización y las vidriosas ventas y reventas de acciones de las compañías del área entre gallos y medianoche.
Tiene elementos interesantes el borrador que acaba de presentar el oficialismo: por ejemplo, recupera algo también prometido y no concretado por Alfonsín, como es el control parlamentario (incluidas las opiniones de la primera y segunda minorías) del sector audiovisual y el reemplazo del incompetente Comfer por una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, aparentemente con funciones más concretas. También es loable la intención de regular el ámbito para que no haya monopolios, el fomento de la producción de contenidos educativos e infantiles, y que los medios estatales se transformen en públicos y no gubernamentales.
Luego, como el proyecto se ajusta a pie juntillas a todos y cada uno de los 21 puntos presentados al gobierno anterior, en 2004, por organizaciones sociales que forman parte de la Coalición por una Radiodifusión Comunitaria, combina buenas intenciones (más producción nacional, "tarifa social" del cable para los más humildes) con cierto candor (se reserva un 33% del espectro para entidades comunitarias, pero no se las obliga a un determinado nivel de profesionalismo con el que deberían emitir ni se especifica quién las sostendrá económicamente) y mucho intervencionismo estatal que se cuela ostensiblemente o en forma solapada en una parte sustancial de sus 148 artículos, en los que pierden los cables, ganan las telefónicas, sufren los derechos adquiridos y se tiende a atomizar las inversiones en un momento particular del mundo y del país, en que, al revés, se están autorizando fusiones para afrontar mejor la crisis mundial. En cuanto a la regulación de la publicidad oficial: bien, gracias.
¿Quién no recuerda a Cruella de Vil, en las versiones animadas y con actores reales de la factoría Disney? ¿Verdad que no era muy convincente cuando simulaba simpatizar con los encantadores perritos de Anita y Roger? ¿Y verdad que todavía resultaba menos convincente que siempre estuviese enfundada en un tapado blanco con manchas negras, muy sospechosamente similares a las de la piel de los perros dálmatas?
Cristina Kirchner, quien cada vez más seguido habla obsesivamente en contra de los medios (es curioso que ni siquiera tenga la deferencia de destacar a los no pocos comunicadores y medios que orbitan con tanto ahínco a su alrededor y que éstos acepten con mansedumbre esa humillación), se torna en ese contexto poco creíble cuando presenta su proyecto "protector" sobre medios audiovisuales en su lugar preferido de lanzamientos partidarios del kirchnerismo (el Teatro Argentino de La Plata) y consiente gustosa las agresivas consignas de la ruidosa claque, allí presente, contra Clarín .
Como les sucedía a los perritos de 101 dálmatas y 102 dálmatas, cuando Cristina Kirchner habla de "ordenar" el sector, dan ganas de esconderse debajo de la cama.
Fuente: Diario La Nación
“La ley de radiodifusión cambiará 180 grados las comunicaciones”
El titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, sostuvo hoy que el proyecto de ley de radiodifusión que el Gobierno anunció que enviará al Congreso, “cambiará 180 grados las comunicaciones” ya que el decreto ley en vigencia “será modificado completamente”.
“Nos tenemos que preguntar por qué hace 25 años que este tema ha sido vedado y no se pudo discutir en el congreso”, planteó el funcionario y estimó que “la comunicación no deber ser sólo una actividad comercial sino también una vía para aquellos que trabajen sin fines de lucro”.
“La idea es que no se permita la conformación de monopolios, para propiciar el ingreso de nuevos actores. La propuesta habilitaría a empresas de servicios públicos, cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro”, amplió.
Mariotto indicó que la sanción de la norma tendría “repercusión en el bolsillo de los usuarios, por ejemplo, en el costo del servicio de cable”.
Por otra parte, el titular del ComFeR aseguró que con esta iniciativa, “el Gobierno no va contra nadie, sino contra una posición dominante en el mercado y contra la actividad monopólica de cualquier empresa”.
De estos temas habló con Oscar González Oro, en su programa "El oro y el moro" por Radio Diez:
La nueva ley, al fútbol no le gusta
Los dueños del circo de la TV critican el proyecto de la presidenta Kirchner
Como la norma afectaría al negocio del deporte televisado, las voces de los empresarios ya se hacen sentir. “Va a perjudicar a la AFA y a los clubes”, asegura Marcelo Bombau, titular de TyC. “El proyecto es inviable”, dice Carlos Avila.
Por: Gustavo Veiga
La llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, destinada a reemplazar a la de Radiodifusión que rige desde la última dictadura, ya genera preocupación en el ambiente de los
negocios televisivos del fútbol. El capítulo VII del proyecto que presentó la presidenta Cristina Kirchner el miércoles pasado en La Plata se extiende en cuatro artículos destinados a derechos sobre transmisiones de TV bajo el extenso título “Del derecho al acceso a los contenidos informativos de interés relevante, de acontecimientos futbolísticos y de otro género”. Marcelo Bombau, el presidente de Torneos y Competencias (TyC), le dijo a Página/12 que la norma “va a perjudicar a la AFA y a los clubes” e incluso agregó que “el fútbol se expone a sanciones de la FIFA si el Estado se entromete en atribuciones de una asociación afiliada”. Por su parte, Carlos Avila, el ex zar del fútbol televisado, sostuvo que “el proyecto es inviable y si se televisaran en directo los partidos por canales abiertos los clubes podrían quebrar”. Hoy sólo se emite uno los viernes a la noche por Canal 7.El proyecto señala en su artículo 65 que “la presente ley tiene por objeto crear las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso universal –a través de los medios de comunicación social audiovisuales o sonoros– a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”. Este aspecto conceptual está vinculado con otro mencionado en las primeras líneas del artículo 68, donde se afirma que “la cesión de derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información”.
Pero es en otra parte del mismo artículo donde se precisa de qué modo se harán de las imágenes de determinados partidos los medios que no hayan firmado antes contratos televisivos de exclusividad: “Para hacer efectivos tales derechos, los titulares de emisoras de radio o televisión dispondrán de libre acceso a los recintos cerrados donde vayan a producirse los mismos”. En el párrafo siguiente se establece que “el ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos libremente elegidos en programas informativos, no estarán sujetos a contraprestación económica cuando se emitan por televisión, y tengan una duración máxima de tres (3) minutos por cada acontecimiento o, en su caso, competición deportiva, y no podrán transmitirse en directo”.
Este es uno de los tramos de la ley que cuestiona Bombau, que además de conducir la sociedad de TyC es abogado y ya analizó los artículos que afectan específicamente los derechos televisivos del deporte. “Hay un factor determinante sobre el tema en general y es que la TV por cable sostiene al fútbol. Que mañana se quiera obligar a pasar partidos por un canal abierto hará imposible mantener el negocio porque la publicidad sola no lo paga.” De sus palabras se desprende que sí lo pagan hoy los abonos del cable y el sistema Pay per view (Pago por visión).
Para Bombau, “cualquier señor podrá ir a filmar a una cancha y pasar las imágenes cuando le parezca, lo que nivelará todo para abajo”. Su empresa le abona hoy entre 4 y 5 millones de dólares por año a la AFA sólo por la emisión del programa Fútbol de Primera, un clásico de Canal 13 que en noviembre del año pasado cumplió mil programas en el aire.
Avila, el hombre que creó el ciclo y se asoció al Grupo Clarín cuando nacía el negocio del fútbol televisado (“Ellos me dieron el capital necesario, que eran dos millones de dólares”, confesó una vez), explicó que aquel conglomerado de medios “tiene la explotación de los derechos, pero los clubes son los dueños de esos derechos, que de todos modos deberían recuperar en una nueva negociación”. Lanzado a ser candidato a la presidencia de River en las elecciones de diciembre de este año, el empresario coincide con el enfoque de Bombau, aunque se alejó de TyC en términos poco amistosos.
“Los clubes saldrán empobrecidos con esto, creo que hubo apresuramiento. El negocio del fútbol es complicado para involucrarlo en una ley, porque es inviable financiarlo de otro modo que no sea con la TV”, dijo el ex dueño de la famosa productora y de Canal 2. La TV a la que se refiere, claro está, es la de cable. Televisión Satelital Codificada (TSC) y Tele Red Imagen (Trisa) son las compañías que manejan el producto y están controladas por el Grupo Clarín. Por el contrato que tienen firmado con la AFA hasta 2014 le pagan 250 millones de pesos por temporada. En cambio, TyC, la socia menor en este negocio, tiene cuatro dueños que son DirectTV Latin América (32,3 por ciento), el empresario estadounidense Frederick Vierra (26,5), Nofal Sports Holding SA (23,5), del ex socio de Avila, Luis Nofal, y la holandesa DLJ Offshore Partners (16,7).
A estos intereses comerciales apunta el proyecto de la Presidenta, que tomó como base jurídica los principios y regulaciones que establecen la Directiva Europea 65, de 2007, y la ley 21, de 1997, que regula las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos en España, como asimismo resoluciones de tribunales de defensa de la competencia locales.
Una cuestión se transforma en relevante si se aprobara la ley así como está y es la que señalan los artículos 65 y 66. En el primero se considera que en cumplimiento de que “no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos (los partidos) en directo y de manera gratuita en todo el territorio nacional” se deberá “elaborar un listado anual de acontecimientos de interés general para la retransmisión o emisión televisiva, respecto de los cuales el ejercicio de derechos exclusivos deberá ser justo, razonable y no discriminatorio”. La lista de eventos a televisar se tratará en audiencia pública con la participación del defensor de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El artículo 66 puntualiza que para la inclusión en el listado deberán tenerse en cuenta criterios como “que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión abierta; que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión y que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.
En estos puntos encuadra la emisión de los partidos de la Selección nacional, que les causaron varios dolores de cabeza a los dueños de los derechos del fútbol en los años ’90. Fueron necesarias las intervenciones de dos presidentes, Carlos Menem y Fernando de la Rúa (que se mostraron sinuosos frente al tema), varias audiencias en el Congreso y denuncias sobre contratos de televisión que pasaban a empresas fantasmas, para que los exclusivos derechos de TV sobre el equipo de todos se volvieran inocuos.
Hoy, el presidente de TyC señala que “ya tenemos a la Selección nacional, que es lo fundamental, por la TV de aire”, de modo que sus partidos no serían alcanzados por los contratos firmados con las sociedades involucradas en el negocio. Un negocio que, según Bombau, “no es tan grande como parece”. A quienes redactaron el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no les importó esta ponderación del mercado televisivo que gira en torno del fútbol. “... La concentración de los derechos de exclusividad no debe condicionar el normal desarrollo de la competición ni afectar la estabilidad financiera e independencia de los clubes”, reza el artículo 68.
Ahora falta esperar qué dirán los dirigentes del fútbol argentino, aunque la mayoría no tiene ni la más remota idea de lo que está en juego. Simplemente porque nunca se preocuparon por leer ni controlar lo que firmaron. Para empezar, tendrán que procurarse el proyecto y estudiarlo.
Fuente: Diario PáginaI12
