El debate duró más de siete horas en medio de críticas al paquete de artículos.
La Asamblea debatió los alcances de la comunicación. El tema volverá a tratarse la próxima semana.
Hasta minutos antes de que se inicie el partido de fútbol entre la Liga de Quito y San Lorenzo de Almagro duró la sesión del pleno de la Asamblea Constituyente, que ayer dedicó toda la jornada al tema de la comunicación.
Alberto Acosta dio por terminado el debate pasadas las 17:00, dijo que algunos asambleístas irían a trabajar en sus mesas y admitió, ante los gritos de una asambleísta que pedía infructuosamente la palabra, que otros irían a ver el fútbol. De hecho, un numeroso grupo lo hizo.
Hasta entonces la discusión se centró en la probabilidad de que el Estado ejerza control de contenidos de los medios de comunicación, propuesto por la mesa de Derechos Fundamentales de la Asamblea Constituyente, y que no fue apoyada por la mayoría de asambleístas. Miembros de los medios de comunicación, invitados por Acosta, pudieron observar, pero no participar.
Durante el debate, que duró más de siete horas, un grupo de asambleístas del movimiento oficialista defendió la libertad como derecho fundamental de la expresión.
La propuesta relativa a los derechos de la comunicación, que incluye la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación alternativos, el impedimento a la concentración y vinculación de la propiedad de los mismos, son parte de un anteproyecto de once artículos constitucionales que recibieron varias observaciones que deberán ser incluidas para el segundo y definitivo debate.
Asambleístas rechazaron la posibilidad de que existan regulaciones a los contenidos de los medios por parte del Estado al considerar que todos tienen plena libertad para expresar sus ideas, aunque sí solicitó una distribución equitativa del espectro radioeléctrico, que en los últimos años –según dijo– fue repartido en forma indiscriminada.
Lo que sí recibió respaldo por parte del bloque oficialista fue evitar que los medios de comunicación sigan siendo monopolios, tal como lo denunciaron sus asambleístas Marcos Martínez y María José De Luca.
Martínez afirmó que los medios tienen una vinculación directa con el poder económico y político, a más que su propiedad está en manos de pocas personas. De Luca aseguró que una parte de los medios de comunicación están en manos de la familia Isaías.
Durante el debate, Anabella Azín dijo que el Estado no puede controlar el contenido de la publicidad y los programas educativos. A su juicio, esto puede ser peligroso, porque en muchos de los contenidos de la publicidad del actual Gobierno existe una intolerancia respecto de personas que no coinciden con su pensamiento.
Tras solicitar que se incluya dentro de la Constitución la garantía de una comunicación libre, Catalina Ayala hizo hincapié en el costo oneroso que implica montar un medio de comunicación, ya sea radio, prensa o televisión.
Fuente: El Universo