En Argentina los funcionarios les resulta "difícil admitir disensos y pluralidad de ideas" según la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se reunió en Venezuela este fin de semana dio a conocer el capítulo argentino de su informe anual:

La actividad del periodismo sigue tan atípica como preocupante por los escollos y la indiferencia del poder político hacia los medios de comunicación. A la conducción política le resulta difícil admitir disensos y pluralidad de ideas, o entablar diálogos imprescindibles para consolidar el sistema democrático y garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública.
En sus primeras acciones y gestos, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mostró interés por modificar esa situación.
Sus primeros meses transcurrieron brindando entrevistas o concurriendo a programas de televisión y radios sin limitaciones en las preguntas y dando el puntapié inicial para el debate enriquecedor sobre el pensamiento de los gobernantes.
Pero pronto, esa vocación de cambio perdió fuerza. Y desde aquellas experiencias iniciales se regresó nuevamente al estilo anterior, encabezado por su esposo y antecesor en la presidencia de la república, Néstor Kirchner, caracterizado por las réplicas constantes y la sistemática descalificación de informaciones, editoriales o investigaciones periodísticas. Funcionarios, como el Jefe de Gabinete, siguen como voceros oficiosos para confrontar con los medios cuyas informaciones no se encuadran en el pensamiento o enfoque de la realidad económica, política o social del gobierno.
Las interferencias que sufren los medios periodísticos implican una erosión constante por parte de un sistema de comunicaciones del Estado que acosa y abruma a la población.
Esta situación se agrava porque permanecen sin avances sustantivos dos requerimientos: las conferencias de prensa, que ofrecen igualdad entre los medios, y la ley de libre acceso a la información pública.
Varios hechos entorpecieron el ejercicio de la profesión. El Foro de Periodistas Argentinos (FoPeA) protestó porque el gobierno impidió la actividad de cincuenta periodistas nacionales y extranjeros que cubrían la cumbre de presidentes de Bolivia, Brasil y Argentina.
En ocasión de una polémica con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la presidenta criticó a la prensa por divulgar posiciones contrarias al gobierno sobre la crisis energética.
Por otra parte no se está analizando, a nivel nacional, ninguna norma para reglamentar los gastos de publicidad que han seguido creciendo. En las provincias, la reglamentación sobre la distribución de las pautas publicitarias es un asunto que compete a cada administración local, ya que el gobierno nacional solo puede referirse a la publicidad nacional.
Este tema llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo exigiendo al gobierno de la provincia de Neuquén para que en un plazo de treinta días, dictara criterios objetivos para evitar la discriminación en el manejo de los fondos públicos. Ese término perentorio no fue cumplido y el gobierno provincial se limitó a enviar una nota a la Corte explicando su posición. Con el cambio de gobierno neuquino de Sobisch por Sapag, el gobierno mejoró la distribución, pero sin establecer una regulación legal.
La primera consecuencia de ese fallo de la Corte no ocurrió en Neuquén sino más al sur del país, en Tierra del Fuego. Allí se produjo un hecho auspicioso: el primer decreto por el que un gobierno provincial, reguló la distribución de la publicidad oficial.
Aplicó algunos criterios objetivos y razonables para la contratación, pero también otras exigencias formales que pueden entorpecer o crear situaciones confusas. El decreto establece un sistema que asigna diferentes puntajes a los medios según distintos criterios tales como la producción local de contenidos, niveles de audiencia o tiradas, cantidad de empleados entre otros, como así también la preservación del medio ambiente o los derechos de los consumidores. En base a esos puntajes se repartirán los fondos disponibles para publicidad.
Algunos de los tantos requisitos dispuestos por la norma provincial pueden ser ajenos a la cuestión y así lo entendió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdePA), que aplaudió la primera iniciativa provincial sobre este tema considerando un paso importante para dar transparencia y control en la asignación de fondos públicos, pero sugirió mejorar los requisitos que pueden dar lugar a favores oficiales.
El 19 de marzo mataron a balazos al periodista Juan Carlos Zambrano, cuando fue interceptado por dos individuos cuando ingresaba a su casa, acompañado por su novia, en la ciudad de Jujuy. El periodista se desempañaba como jefe de noticias del Canal 7 de televisión jujeña. El abogado del periodista asesinado declaró que recibía permanentes amenazas por investigaciones que realizaba sobre concejales del municipio. Tampoco se descartan otros móviles, como sus relaciones sentimentales que analiza todavía la justicia.
El Diario de la Pampa denunció discriminación publicitaria y persecución judicial a la que son sometidos por parte del intendente de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia, aunque el funcionario ya fue destituido.
Otro diario de La Pampa, La Arena, informó un caso de espionaje oficial contra el periodista de ese medio Fernando Ayude, que habría sido perpetrado por funcionarios municipales de Santa Rosa. Dos correos electrónicos fueron interferidos y utilizaron la clave de seis dígitos de su correo personal.
Un periodista y un camarógrafo de Telefé fueron agredidos en Resistencia (Chaco) por integrantes revolucionarios de carácter indigenistas, Tupac Amarú, similares a los que promovieron actos subversivos en Perú.
La periodista Andrea San Esteban de la radio LT8 y diario Rosario 12 de Santa Fe fue amenazada de muerte. En su denuncia la periodista relaciona la amenaza con una investigación sobre un campo de concentración de la última dictadura militar.
Presiones sobre un secretario del Consejo de la Magistratura provocaron su renuncia acusado de ser la fuente de varias informaciones y denuncias que publicara el periodista Adrián Ventura del diario La Nación de Buenos Aires, afectando de esa forma el secreto de las fuentes de información. Un juez condenó a un periodista de televisión que dio a conocer contenidos del correo electrónico perteneciente a un actor que se suicidó y que estaba bajo tratamiento por el consumo de drogas. El magistrado entendió que el correo electrónico es una correspondencia privada protegida por el Código Penal.
Alcanzó notoriedad y las asociaciones de medios deploraron el retiro de la acreditación profesional del periodista Norberto Dupesso, para desempeñarse, como lo venía haciendo desde hace 27 años, en las instalaciones del Aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires. Su acreditación, en representación de Canal 13 y Todo Noticias, le valía para tener acceso a ciertas zonas, lo que era imprescindible para el correcto desempeño de sus funciones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria se la retiró para canjearla por otra que solo permite el acceso al hall central, igual que el permiso que tienen los choferes de remises. Pese a los reclamos de la empresa Artear, la Policía no permitió la actividad del periodista en una clara actitud de represalia. Dupesso fue el periodista que denunció el accionar de una mafia que robaba pertenencias de los equipajes de los pasajeros.
Tampoco se han registrado proyectos o estudios tendientes a mejorar la ley de radiodifusión, pero una disposición del Comité Federal de Radiodifusión, que regula el funcionamiento de emisoras de radios y televisión, creó preocupaciones entre los operadores de televisión paga, a quienes les ordenó atenerse a una orden en la ubicación de las señales en la programación. La medida impone condicionamientos que restringen su libertad al limitar su decisión sobre los contenidos que ofrecen y una intromisión en la facultad de programar sus emisiones.
Una agrupación denominada 15 de diciembre, del sindicato de Camioneros que dirige Hugo Moyano y cercano al gobierno, amenazó al diario Clarín por la investigación periodística que realiza el diario sobre la muerte del tesorero del mencionado sindicato, Abel Beroiz. El diario mencionó que la investigación encontró algunas vinculaciones con miembros de aquella agrupación. Las amenazas fueron mediante panfletos, vía Internet y por último en un campo pagado en un diario firmado por secretarios de la mencionada agrupación.