Con los cables cruzadosAl jefe de Gobierno de la Ciudad le quedan diez días para ordenarle al multimedio que invierta 300 millones de dólares para soterrar el tendido de sus servicios de TV por cable. El PRO debate pero está dividido.
El gobierno del PRO evalúa si se enfrentará al Grupo Clarín o si pasará a formar la larga fila de derrotados como Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Todos aprendieron lo que la breve historia de la autonomía porteña enseña: no es posible gobernar el distrito sin ceder ante las pretensiones del grupo.
Los tres jefes de Gobierno que precedieron a Mauricio Macri impulsaron normas que liberaron al grupo multimedios de invertir más de 300 millones de dólares, que es lo que se necesita desembolsar para soterrar el tendido de coaxil de sus servicios de televisión por cable, y reemplazar los ilegales postes de madera por otros de metal.
También le perdonaron millonarias multas originadas por haber incumplido con esa obligación. Además, la última gestión impulsó una ley que le garantizó a Clarín la continuidad del oligopolio de la explotación del servicio de TV por cable en la ciudad. La justicia local volteó esa norma. Y ahora Macri debe resolver entre obligar al grupo a invertir y permitir el ingreso de nuevos actores al mercado, o inscribirse en el camino de sus antecesores. Tiene hasta el 8 de mayo para tomar una decisión.
Una de las primeras llamadas que recibió Mauricio Macri después de ser elegido jefe de Gobierno fue de Jorge Rendo, el director de relaciones externas (“lobbysta”) de Clarín. Acordaron un almuerzo. Fue unos días más tarde, en la zona de Retiro. Rendo le expresó la preocupación del monopolio por un pedido de declaración de inconstitucionalidad que avanzaba en la justicia local sobre una ley que la Legislatura les había concedido en 2005 para aplazarle la obligación de realizar la millonaria inversión.
Esa misma norma restringía la posibilidad de que de ingresaran nuevos competidores en un mercado copado por Multicanal y Cablevisión, las dos operadoras de Clarín. De hecho, hay un interesado: el multimillonario Carlos Slim (ver recuadro). En aquel almuerzo, el vocero del monopolio le pidió a Macri que mantuviera la postura que hasta ese momento había tenido la gestión de Telerman: apelar cualquier resolución judicial que contradijera los intereses corporativos. Macri se limitó a escuchar.
La presentación judicial que inquieta a Clarín fue impulsada por Gigacable, un operador de telefonía y TV por cable e internet con negocios en varias ciudades del interior. Según fuentes del mercado, Slim ya firmó una opción de compra de esa empresa que se haría efectiva sólo si Gigacable consigue los permisos necesarios para proveer el servicio de TV en la Capital Federal.
Gigacable protestó contra la ley 1.877 –una norma con nombre y apellido–, que estableció beneficios y ventajas para los “tres prestadores más antiguos” del mercado local: Multicanal, Cablevisión y Telecentro (del ex presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri).
El proyecto, que fue redactado por Aníbal Ibarra, obliga a las empresas que quieran ingresar al mercado a instalar su tendido de cables bajo tierra, mientras que a los “operadores antiguos” les otorga hasta veinte años para reemplazar sus postes. Las diferencias son estéticas y económicas: una cuadra de cableado aéreo cuesta casi ocho veces menos que el tendido bajo tierra. Realizar la obra completa representa más de 300 millones de dólares.
Además de ahorrarle dinero, la ley de Ibarra pretendió garantizarle al oligopolio Clarín que no tendría nueva competencia. El favor se tradujo en un trato preferencial por parte del grupo multimedios durante el juicio político que terminó con su destitución. Para lograr la sanción de esa norma, el 1º de diciembre de 2005, además del ibarrismo, Clarín se valió del bloque kirchnerista (incluyendo a Claudio Ferreño, actual número tres de Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete) y de un sector del macrismo: Santiago de Estrada, Marcelo Godoy (actual presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura), Álvaro González, Silvia Majdalani, Mario Morando, Dora Mouzo y Diego Santilli, hoy principal autoridad del cuerpo.
La votación fue ajustada: 23 votos afirmativos y 18 negativos, entre ellos los de la ahora vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, y sus ex compañeros de bancada, el legislador Martín Borrelli y la diputada nacional Paula Bertol. Hubo 19 ausencias: 5 diputados directamente no asistieron a la sesión y 14 se levantaron de sus bancas para no dejar registro de su voto. Es decir que menos de la mitad del cuerpo no apoyó la iniciativa. Dos operadores del Grupo Clarín siguieron el proceso, de pie y con los brazos cruzados, en las escaleras del recinto, un lugar reservado exclusivamente para legisladores y asesores. Durante los meses previos habían visitado los despachos de cada uno de los diputados.
El 11 de diciembre del año pasado, después de un año y medio de batalla judicial, y de tres fallos adversos para Clarín, que fueron apelados por el gobierno de Telerman, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad le dio la razón a Gigacable y determinó que la norma vigente viola el principio de igualdad ante la ley.
Rendo volvió a llamar. Hubo otro almuerzo, en enero. Esta vez en la zona de Palermo. Clarín insistió con su pedido. Macri dijo no. Y dejó vencer el plazo para apelar. El fallo quedó firme.
Al tratarse de una “declaración de inconstitucionalidad”, el expediente regresó a la Legislatura, que debe resolver, nuevamente, qué hacer con la regulación de la instalación de redes de TV por cable. El plazo para tomar una decisión vence el próximo 13 de mayo. Pero deberá expedirse el 8, para cuando está prevista la última sesión legislativa previa al vencimiento. Los diputados pueden insistir con el texto original o buscar una nueva fórmula.
El viernes, Macri dedicó una reunión reservada con la vicejefa y dos se sus ministros para hablar sobre el tema que hoy más le preocupa. “No voy a ser yo el que le garantice el monopolio a Clarín. Hoy les hacés un favor y mañana van a pedir otro. No voy a contradecir a la Justicia”, sentenció el jefe de Gobierno, según manifestó un hombre cercano al líder del PRO. Como antecedente, tiene la sinuosa relación entre el grupo y la Casa Rosada.
La de Macri no es la única postura que tiene el oficialismo porteño. El sector de aliados justicialistas que integran Santilli, Cristian Ritondo y Oscar Moscarielo cree que deberían aprovechar la pelea entre el gobierno nacional y Clarín para buscar su propio pacto de convivencia. “Lo racional es buscar un punto medio. Mauricio no puede enemistarse con el grupo porque enterraría sus planes políticos futuros”, evalúa un referente del PRO. “Yo creo que va a haber acuerdo. Mauricio no es tonto”, afirmó.
La posición de los “acuerdistas” postula un sistema de inversión mixto, que obligue a los operadores de cable a realizar una parte de la obra y le deje el resto al Estado porteño, que podría cobrar un canon por el uso del espacio público. Además buscarían la manera de delegar en el gobierno nacional la resolución del problema de la competencia. Los “rupturistas” desconocen esa postura. “Clarín nos castiga todos los días. No vamos a trabajar para ellos”, aducen. Macri tiene diez días para tomar una decisión. Diez tapas del “gran diario argentino”.
Tiempos difíciles
• Por el conflicto con el campo, los Kirchner eligieron como uno de sus enemigos públicos al Grupo Clarín.
• Cristina lo incluyó entre los “generales multimediáticos” y sugirió que su apoyo al reclamo del campo es golpista.
• La Presidenta se arriesgó además a un repudio generalizado cuando cuestionó al principal caricaturista del matutino.
• Néstor levantó en un acto una pancarta que denunciaba el presunto vínculo de Clarín con los reclamos sojeros.
• Hugo Moyano enjuició a Clarín por el tratamiento informativo del crimen del tesorero del sindicato de camioneros. Tambien posó para los fotógrafos con un cartel que rezaba: “Clarín miente”.
• El Gobierno decidió dar impulso a un nuevo proyecto de ley de radiodifusión, con amenazas de limitar la cantidad de medios en manos del Grupo.
• La justicia federal –y autoridades científicas de indiscutida autoridad, como la Facultad de Farmacia y Bioquímica y los institutos del Agua y de Tecnología Industrial– comprobó que la empresa Papel Prensa S.A.C.I.F. contamina el río Baradero. Clarín es el socio más activo de esa papelera, donde comparte directorio con el Estado y el diario La Nación. Si las autoridades ambientales hiceran cumplir la ley, Papel Prensa debería invertir unos 10 millones de dólares en el tratamiento de los desechos que se vierten a ese río en la localidad de San Pedro.
• Por unanimidad de sus bloques, la Cámara de Diputados bonaerense exigió explicaciones sobre la contaminación.
• El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, declaró: “El Estado nacional debería controlar el 51% de las acciones de Papel Prensa”.
• El vicepresidente de Clarín y representante en el directorio de la papelera, José Aranda, agredió al fotógrafo de Crítica de la Argentina Diego Levy cuando intentaba cubrir una reunión de la cúpula de Papel Prensa.
• La Corte está por pronunciarse sobre el pedido de estudios genéticos que permitan determinar si los hijos adoptivos de Ernestina de Noble son apropiados, de padres desaparecidos.
• Mauricio Macri no apeló la decisión judicial que obliga al Grupo Clarín a soterrar el tendido de cables aéreos para sus servicios de televisión. Y debe decidir ahora si hace cumplir esa medida, que implicaría un desembolso de 300 millones de dólares.
• Con un guiño K y del macrismo, el poderoso empresario mexicano Carlos Slim se apresta a competir en el mercado de la TV por cable.
Carlos Slim: el amigo mexicano
Carlos Slim es uno de los tres hombres más ricos del mundo. En México, su imperio representa más del seis por ciento del Producto Bruto Interno. En 2007 la revista Forbes calculó su fortuna en unos 59 mil millones de dólares. Sus tentáculos llegan a la Argentina a través de la compañía de telefonía celular Claro. Y va por más: el magnate mexicano está muy cerca de ingresar al mercado de la televisión por cable. Slim es un empresario con privilegiada llegada al matrimonio presidencial. Para los Kirchner, el poder económico de Slim representa la posibilidad de contar con un aliado de peso para enfrentar al Grupo Clarín.
El multimillonario está interesado en el mercado porteño que hoy copan Cablevisión y Multicanal. Pero para poder ingresar requiere de una autorización del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). Una fuente cercana a la Secretaría de Medios de la Nación anticipó a Crítica de la Argentina que esa resolución ya está redactada. “Sólo falta la firma”, dijo. El otro obstáculo que necesita superar Slim es la ley que regula el servicio de TV por cable de la Ciudad. Esa norma obliga a los nuevos actores a invertir millonarias sumas de dinero para soterrar sus futuros tendidos de coaxil. Esa imposición no corre para las empresas que monopolizan el servicio: las dos de Clarín y Telecentro. La justicia porteña ya declaró inconstitucional esa ley. Y el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se dispone a ordenarle a su tropa de legisladores que convalide por ley la decisión del Superior Tribunal de la Ciudad.
La maldición de los jefes porteños
Desde 1996, todos los jefes de Gobierno de la Ciudad cedieron ante la presión del grupo de medios más poderoso del país. En 1995, el entonces intendente Jorge Domínguez dictó una ordenanza que le dio diez años de plazo a las empresas para soterrar todo el tendido de cables. Por esos días sólo Multicanal pertenecía a Clarín. Ahora, y gracias a un favor kirchnerista, que avaló la fusión con Cablevisión, el Grupo tiene cerca del 80 por ciento de los abonados locales.
El sucesor de Domínguez, Fernando de la Rúa, permitió que los cables siguieran cubriendo el cielo porteño: en medio de su campaña presidencial, no quiso despertar al león. El plazo venció durante la gestión de Ibarra. Ni Cablevisión ni Multicanal ni Telecentro cumplieron con la ley. La norma preveía millonarias multas y la pérdida de las licencias.
Nada de eso ocurrió. La ley 1.877, impulsada por Aníbal Ibarra, llevó todo a fojas cero. Además de limpiar el historial de multas, la norma estableció un nuevo plazo para realizar la inversión: 20 años. Jorge Telerman demoró más de un año en reglamentar la norma, lo que postergó una vez más el plazo para concretar las obras.
La ley también redujo el nivel de inversión: acotó la obligación del soterrado sólo al microcentro y a las principales avenidas. Parte de la inversión debía estar finalizada en febrero pasado. Pero los cables aéreos y los postes de madera, prohibidos por ley, siguen de pie.
Entre enero y agosto de 2007, el Ente Regulador de la Ciudad, encargado de fiscalizar los servicios concesionados del distrito, detectó más de 10 mil infracciones por parte de las tres operadoras de cable. Esos hallazgos pertenecen apenas a 2.364 de las 53.298 cuadras que tiene la ciudad.
En 1.929 cuadras detectaron 3.355 postes de madera, y junto a los metálicos observaron un promedio de seis postes por cuadra. La ley autoriza un máximo de cuatro. En el plan de control del Ente no figura la supervisión del avance del soterrado. Desde que se promulgó la nueva ley, el Estado porteño no hizo una sola multa. Julio Balbi, uno de los directores del organismo, explica que cuando se aplican sanciones, las empresas recurren a la Justicia. “Y en la burocracia judicial, las causas prescriben”, dice Balbi.
Fuente: Crítica de la Argentina
