Los responsables de las políticas públicas de comunicación han producido la redefinición del modelo comunicacional, tensionando los principios invocados con la aplicación normativa y la implementación de programas de gestión desde el Ejecutivo. De garantizar servicios gratuitos, con el despliegue de la Televisión Digital Terrestre, diversidad de prestadores y consideración por audiencias diversas, se avanzó hacia una primacía de formas de gestión privada comercial y de pago. Se priorizó la explotación económica de los servicios antes que su función social.
Las políticas de asignación y gestión de espectro radioeléctrico en curso suponen un avance del sector de telecomunicaciones en detrimento de los servicios audiovisuales, profundizando lo ya iniciado en la banda de 700 Mhz con la reubicación de operadores en la banda de 600 Mhz.
Claramente se advierte esta perspectiva en el reencuadre normativo de la televisión por cable (sistema de acceso mayoritario de los ciudadanos a contenidos audiovisuales) al sector de las telecomunicaciones. Esta desregulación afecta a todo el modelo de gestión de la principal fuente de acceso a contenidos de los argentinos.
La histórica licencia de cable, sujeta a generales de la ley y regulaciones de cantidad y mercado, se convirtió en una Licencia Única Argentina Digital, donde ahora sólo se registran áreas de cobertura sin tope por cantidad de localidades, abonados o porción de mercado. En el nuevo régimen no hay que acreditar condiciones personales o jurídicas específicas como sucede con la radio y la televisión de acceso gratuito y como sucedía antes para el cable; basta la acreditación empresarial.
Al equiparar la televisión por abono con un servicio telefónico desaparece el tope a la propiedad extranjera y también la regulación de la propiedad cruzada (de contenidos y plataformas de distribución). El modelo de explotación sin regulación de mercado ni propiedad cruzada es un retroceso. No existe en ninguna economía desarrollada del mundo, claramente no en los Estados Unidos ni en Europa.
Si bien el Gobierno restituyó parcialmente la obligación de distribuir señales locales y nacionales públicas (luego de la denuncia ante la CIDH por la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15), desapareció la obligación de ordenamiento de la grilla, se levantó la obligación de tener un canal local propio y en caso de que este exista no debe cumplir requisitos mínimos de contenidos (producción propia y nacional, protección de menores, máximos de publicidad, sanción por delegación de explotación, etc.).
La gestión de ENaCom se caracteriza por su opacidad y la falta de información pública. Se conocen sólo parcialmente las actas de directorio, y las resoluciones adoptadas. Se calcula que sobre unas 5.000 resoluciones adoptadas luego de la fusión de AFSCA y AFTIC en ENaCom, sólo se han hecho públicas unas 1.400.
Esto también lleva a insistir en la necesidad de contar con una veeduría efectiva tanto ciudadana como de representantes de los distintos sectores sociales y políticos, para examinar las políticas y para acceder a información sobre trámites y expedientes, en un organismo que ahora cuenta con mayoría automática y quórum propio de la representación gubernamental. La Comisión Bicameral de Comunicaciones y TIC está en deuda con el seguimiento de estos aspectos, si bien algunas bancadas han designado a sus representantes.
Desde diciembre 2015 a la fecha está virtualmente paralizado el otorgamiento de nuevas licencias o registros de áreas de cobertura para el servicio de televisión por cable, lo que implica el congelamiento del mercado y un cepo para nuevos operadores; en particular afecta al sector cooperativo con más de un centenar de presentaciones. Esto se suma a la restricción por 3 años de competencia por parte de las telefónicas, lo que supone un beneficio para los dominantes actuales en el sector de triple o cuádruple play (telefonía –fija y celular-, televisión e internet) con Cablevisión como principal beneficiaria.
Como nota distintiva cabe apuntar que el actual ministro de Comunicaciones, en el último Congreso de FeCoTel definió al sector cooperativo como “un aliado estratégico del Gobierno frente a las grandes corporaciones”, lo que se verificaría a través de aportes para despliegue de redes locales y el otorgamiento de numeración geográfica. Esto complementaría el despliegue de la red troncal de fibra óptica (ReFeFo). Sin embargo, deben darse pasos efectivos para comprobar si existe esta voluntad política, que tampoco se efectivizó en la gestión anterior.
No se ha resuelto aún el modelo de gestión de la red troncal de fibra óptica, la cual puede ser desarrollada conjuntamente con Cooperativas, PyMEs, provincias y empresas en un régimen mixto que respete el federalismo y la diversidad de operadores o bien transferirse a la gestión de Telcos y operadores internacionales (el tema está aún en disputa).
Entre otras medidas de corte regresivo debe señalarse la flexibilización de la transmisión en red. Ello ataca el federalismo, el empleo y la producción local aumentando las retransmisiones al 50% y sin autorización previa. Este criterio sobre servicios abiertos, que favorece a las cadenas privadas de radio y TV con cabecera en Buenos Aires, sumado a la desregulación del cable supone que la actual gestión no tiene interés en la promoción de la industria cultural nacional en el campo audiovisual y tampoco en el derecho a la información de las audiencias locales, ya que desaparecen las obligaciones de noticieros y servicios informativos locales.
Se registra también el congelamiento del Fondo de Fomento Concursable (FoMeCA), perjudicando la culminación de proyectos en curso y el inicio de proyectos aprobados por parte de operadores PyMEs, sin fines de lucro y de pueblos originarios. Falta de cumplimiento de las obligaciones legales respecto de la convocatoria a proyectos correspondiente al 2016.
Otras asignaturas pendientes
- Resolución de los concursos de televisión digital realizados: falta efectivizar las licencias otorgadas (unas 20), tanto sea por el dictado de los actos administrativos pendientes (Decretos cuando corresponde o liberación de frecuencias ocupadas) como por la resolución de los concursos realizados (unos 15) en el que numerosos oferentes del sector privado comercial y sin fines de lucro esperan las adjudicaciones.
- También están pendientes los concursos no convocados sobre planes técnicos aprobados en por lo menos 20 localidades en donde funcionan operadores sin licencia pero que se han presentado a los censos y esperan el llamado.
- Falta de cumplimiento del plan técnico vigente en cuanto al 33% y a la ocupación de frecuencias en UHF: caso ARTEAR con la frecuencia 33 impidiendo el cumplimiento del concurso asignado a Barricada TV. La depuración de frecuencias en UHF solo se ocupó de despejar el camino para operadores de telefonía e internet.
- En radio siguen pendientes de resolución las zonas de conflicto y no hay planes técnicos que den cuenta del 33% de reserva para el sector privado sin fines de lucro. La prórroga automática de licencias cristaliza el mercado existente y tampoco se prioriza el sector sin fines de lucro ante la caída o extinción de licencias históricas. Un ejemplo es la previsible extinción de la licencia de AM1190 Radio América en CABA (Desup SA) por el abandono de sus titulares, sobre la que aún no se conoce qué criterios se adoptarán para el nuevo concurso.
- Se produjo la eliminación de hecho del artículo 77 sobre contenidos de interés relevante, mediante la omisión de realizarla por parte del Ministerio que reemplazó al Consejo federal disuelto por DNU 267/15. Esta transgresión está permitiendo la discusión de un nuevo modelo de negocios para el fútbol argentino, con operadores internacionales y grupos locales como principales beneficiarios. Ese modelo también determina al modelo del conjunto del sistema audiovisual nacional en tanto es uno de los principales contenidos.
- El paradigma de participación implementado por este Gobierno es limitado y regresivo en materia de derechos expresados en la Ley 26.522 y tratados internacionales con rango constitucional. La reciente creación, mediante Decreto, de un Consejo Federal de las Comunicaciones, reordena formas de representación que fueron debatidas en sendas leyes LSCA y Argentina Digital. y reduce a más de la mitad (de 72 a 32) los miembros de formas colegiadas de articular políticas sobre las “comunicaciones convergentes”. Se suprime o reduce representaciones sectoriales de los trabajadores, los autores de obras audiovisuales, la educación, los prestadores sin fines de lucro y el empresariado emprendedor.
- La falta de avances en materia de Acceso a la Información, así como en cuanto a criterios equitativos y plurales de asignación de publicidad oficial, o los anuncios que amenazan con privatizar la gestión de Datos Personales en poder de los organismos públicos, constituyen también otras amenazas sobre los derechos ciudadanos y en particular sobre el Derecho a la Comunicación como un valor central de la democracia.
Imagen: Contrahegemoníaweb
