La semana que pasó, el juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó anular una orden que le había dado a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) para que investigue si las notas del periodista Daniel Santoro, de Clarín, constituyeron operaciones de "acción psicológica".
En su fallo, Ramos Padilla considera que la Comisión "es un organismo extrapoder autónomo", pero que no forma parte del Poder ejecutivo de la Provincia.
En tal sentido, y según el magistrado, que un organismo estatal audite notas periodísticas "no constituye una violación a la libertad de expresión".
En su paso por La Voz, Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, fue consultado sobre la decisión de Ramos Padilla. Y dijo que hay que diferenciar entre hacer periodismo y mandar "mensajes extorsivos".
El juez Ramos Padilla ha puesto bajo investigaciones notas periodísticas. ¿Cuál es su opinión?
Yo no tengo esa noticia.
Bueno, le ha pedido a la Comisión Provincial de la Memoria que analice el material que escribió Santoro.
Yo, lo que leí es que Santoro, que es lo que dice el acta de procesamiento, está involucrado en hechos de extorsión a un par de empresarios. Y que parte de la extorsión se realizaba a través de apariciones públicas de él. Eso no tiene nada que ver con notas periodísticas. Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es "no". Pero una cosa es hacer periodismo, y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son cosas distintas. Sólo conozco los fallos que son públicos y, como soy abogado, me gusta leerlos. El juez lo está imputando de hechos de extorsión.
Y además está investigando las notas periodísticas...
Porque las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados.
Eso es lo que le pide a la Comisión Provincial de la Memoria que analice.
Exactamente. Si había metamensajes...
Pero usted dice que no está de acuerdo en que el Estado se meta en ese tema.
No, de ningún modo. Eso es un delirio, ni debe ocurrir. Ustedes tiene derecho a escribir, a preservar sus fuentes. Eso no cabe duda que es así.
Periodismo
Cuando se conoció la medida, en agosto pasado, tanto la SIP, FoPeA y AdEPA habían coincidido que la orden constituía "una clara amenaza a la tarea informativa" y además implicaba "el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa" consagrada por la Constitución.
"Este tipo de acciones, además de chocar contra la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia”, había dicho Adepa.
Mauricio De Nuñez y Guido Schiarreta, abogados de Santoro, habían pedido la nulidad de la medida porque "atenta contra la libertad de opinión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en nuestro digesto constitucional y, en definitiva, de la vida en democracia".
Procesamiento
A comienzos de agosto pasado, Ramos Padilla procesó al periodista Santoro, de Clarín, y le trabó un embargo por tres millones de pesos en la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje y extorsión, pero consideró que no hay elementos para afirmar o descartar que el acusado formaba parte de una asociación ilícita.
El magistrado dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer al periodista en lo que refiere a la acusación por presunta “asociación ilícita” con Marcelo D’Alessio, el falso abogado detenido el 15 de febrero pasado.
En una resolución de 474 páginas, Ramos Padilla dijo que “se encuentra probado que para el desarrollo de los planes criminales, la asociación ilícita de la que participaba (el falso abogado y ya detenido) Marcelo D’Alessio se valió de la actividad y la figura del periodista Daniel Santoro”.
El magistrado también explicó que, en lo que hace a Santoro y al igual que con cualquier otro imputado, debe tenerse presente que el estándar de prueba que se requiere para arribar a una resolución de mérito durante la instrucción es distinto y menos riguroso que el que se exige para una sentencia.
Asimismo, dijo Ramos Padilla que la vinculación a un proceso no implica per se que se afirme su culpabilidad.
Fuente: La Voz del Interior
